Días de austeridad

La compleja realidad fiscal del país es uno de los grandes retos del Ejecutivo en el año que apenas empieza. Iniciar el 2025 con un Presupuesto General de la Nación desfinanciado en 12 billones de pesos obliga al Gobierno a apretarse el cinturón y tomar decisiones difíciles. Es una prueba de fuego.

Frente a este desafío, la istración de Gustavo Petro anunció a comienzos de esta semana un decreto del Ministerio de Hacienda que establece estrictos lineamientos para reducir el gasto del sector público y así apostarle a la austeridad. Quienes laboran en las dependencias oficiales, según lo proyectado en la norma, deberán seguir lineamientos mucho más estrictos a la hora de disponer de los respectivos presupuestos.

En distintos frentes, y atendiendo a las mencionadas dificultades, habrá recortes. Cada entidad deberá elaborar un plan para mermar sus gastos prescindiendo de viajes, esquemas de seguridad, planes de telefonía celular, promoviendo el trabajo remoto y, lo más sensible, restringiendo al máximo los contratos de prestación de servicios, modalidad de vinculación laboral que en los últimos años ha sido la predominante en el Estado: flexible y necesaria en ocasiones, ha sido instrumentalizada también por la milimetría política. De acuerdo con el borrador del decreto, este tipo de vinculación solo será factible cuando se acredite que el personal de planta de cada entidad no puede desempeñar las labores por contratar o cuando "requieran servicios altamente especializados" y siempre con autorización expresa del "jefe del respectivo órgano".

Se trata de un paso en la dirección correcta. Además del ahorro que estas medidas puedan significar, el decreto trae consigo un mensaje político acertado: el ejemplo comienza por casa. Como está claro, los recortes que implica esta política de austeridad en la gestión pública no serán la única medida que tendrá que tomar el Gobierno ante la preocupante falta de recursos para la actual vigencia.

Ahora bien, lo dispuesto trae consigo el reto de evitar maniobras y excusas que evadan su estricto cumplimiento. Por ello, cada cabeza de cada entidad que hace parte del Presupuesto General de la Nación tendrá la responsabilidad de preservar el espíritu de la norma. Es un desafío en términos de gestión, pues también está el riesgo de que en lugar de optimizar el recurso humano, destinando el dinero existente para contar con los funcionarios más capaces, como debe ser, se utilice la austeridad como excusa para la ineficiencia.

Y así como hay que reconocer esta disposición del Gobierno para la austeridad, cabe recordar que los recortes no van a terminar aquí. Esto implica nuevos anuncios sobre reducción del gasto en otros frentes que se irán produciendo en las primeras semanas del año. Ante esta perspectiva, cabe reforzar el llamado a que estas decisiones se tomen al tenor de criterios técnicos y parámetros de buen gobierno, buscando sobre todo una suerte de blindaje social. Esto es, que se haga siempre lo posible para que los sectores más vulnerables sean los últimos en sentir el apretón que va a ser la regla en las finanzas estatales durante, al menos, los próximos 12 meses.