La elección de Contralor

En los últimos días el país ha vivido convulsiones políticas por cuenta de importantes decisiones jurídicas. Hace unas semanas había sido anulada la elección del presidente del Senado, Roy Barreras, por el Consejo de Estado. Ahora, por primera vez en la historia de Colombia la elección de un Contralor General de la República –uno de los cargos más importantes y poderosos de la nación– fue declarada nula por un fallo de ese mismo tribunal y el afectado es el contralor Carlos Hernán Rodríguez, quien ya ha anunciado que interpondrá los recursos judiciales a que haya lugar.

Pero –vale precisarlo– se trata de una decisión de única instancia. Y dados los argumentos jurídicos del fallo, que fue unánime, y los antecedentes de otros casos, el escenario más probable es que en cuestión de semanas –en un año electoral y con las polémicas reformas sociales del Gobierno en plena discusión en comisiones y plenarias– el Congreso en pleno tenga que dedicar buena parte de su tiempo a rehacer un proceso que empezó accidentado y que termina, como ya se ha visto, con una declaración de nulidad de la elección de Rodríguez.

Son los caminos legales trazados por la Constitución y que se deben acatar. Pero, dadas las vitales responsabilidades de la Contraloría y los enormes retos que se tienen en materia del cuidado de la plata pública, lo que menos conviene es un escenario de interinidad que puede prolongarse semanas y meses. Colombia necesita cuanto antes una Contraloría operando en plena normalidad, más ahora, cuando se prenden alertas como el relajamiento de las normas de contratación para la ‘economía popular’, que se aprobó a instancias del Gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo y que, según muchos sectores, podría abrir nuevas puertas para la corrupción.

Pero más allá de las naturales dificultades que presenta la repetición de una elección clave para la Nación, es imperativo destacar las señales de independencia de poderes y de pleno funcionamiento de la institucionalidad que vienen amarrados a esta decisión.

El Consejo de Estado encontró, como muchos sectores lo habían advertido, que el Congreso violó gravemente las normas de transparencia y procedimiento establecidas para la elección del Contralor General. Es una falta plenamente atribuible al Congreso y a sus mesas directivas, mas no al elegido, por lo que el contralor Rodríguez podría, si así lo considera, volver a inscribirse para participar en el nuevo proceso de selección.

El Consejo de Estado ha cumplido su papel de garante de las normas que rigen la istración pública en Colombia. Y el mensaje es aleccionador e importante, porque lo que muestra es que, como lo requiere el país, la institucionalidad colombiana sigue tomando decisiones que no hacen cálculos de poder o popularidad política ni de conveniencias.

Es, de hecho, un mensaje que refuerza la confianza en la democracia colombiana, pero que también constituye un claro semáforo en rojo para aquellos sectores que pretenden imponer sus intereses sin cumplir a carta cabal las exigencias de fondo y las formalidades que imponen nuestra Constitución y nuestras leyes.

EDITORIAL