El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán; la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana han insistido hasta la sociedad en que era sólida la evidencia en contra de los nueve integrantes de la temida banda ‘los Rolex’, que el juez 74 de control de garantías, Ómar Beltrán, dejó libres la semana pasada.
Será la Comisión de Disciplina Judicial de la Judicatura, que ya abrió indagación contra el funcionario judicial, la que en últimas determine quién tiene la razón. Pero lo anterior no impide registrar tanto la indignación general que esta decisión causó en una ciudadanía que cada vez se ve más a merced del crimen, como las funestas consecuencias que un hecho así trae para las futuras víctimas de delitos cuando se vean ante la disyuntiva de denunciar o no. En planta blanca: los protagonistas de videos que causaron estupor y estuvieron a buen recaudo para alivio de la gente vuelven a la calle, salvo el cabecilla de la banda.
En planta blanca: los protagonistas de videos que causaron estupor y estuvieron a buen recaudo para alivio de la gente vuelven a la calle, salvo el cabecilla de la banda
Es lamentable y doloroso que la confianza en las instituciones se vea tan fuertemente golpeada en un momento crítico por un suceso de este tipo. En primera instancia, todas las miradas apuntan al juez, más si se da crédito a lo dicho por el burgomaestre, aun así falta ver si en el complejo engranaje del sistema acusatorio colombiano, caracterizado por su garantismo, alguna otra pieza falló. Y es que aquí estamos ante una juiciosa investigación que tomó más de un año y según el propio alcalde costó más de 100 millones de pesos, esfuerzo y trabajo en equipo que no fue suficiente, a criterio del juez Beltrán, para demostrar que los liberados son un peligro para la sociedad.
Ojalá que la Comisión de Disciplina haga pronto su tarea y despeje las dudas que hoy con razón se han posado sobre el despacho, sobre todo el aparato judicial colombiano y que desconciertan a la ciudadanía. Mientras tanto, que este hecho sea la oportunidad para abrir el debate sobre las causas estructurales que propician estos tiros en el pie de la justicia.
EDITORIAL