Las alertas de la ONU

Rumbo al año final de su mandato, el presidente Gustavo Petro tiene en la ‘paz total’ uno de los frentes más críticos de su gobierno. Eso es innegable. Los precarios resultados de sus dos mayores apuestas, el Eln y las disidencias de ‘Iván Mordisco’, son evidentes en el Catatumbo y el Cauca, donde la violencia inmisericorde de estas bandas armadas y su pelea por el narcotráfico y la minería ilegal se siguen cobrando vidas de civiles y de de la Fuerza Pública.

El ‘clan del Golfo’, el grupo ilegal de mayor crecimiento en los últimos años, no ceja en sus planes de apoderarse de rentas ilícitas en todo el territorio nacional, mientras trata de venderse como una supuesta organización política. Salvo el caso de ‘Comuneros del Sur’, la pequeña facción del Eln que parece avanzar decididamente hacia la desmovilización y el desarme en Nariño, no se ve en el mapa de la ‘paz total’ un proceso que realmente pueda llegar a buen término, no obstante los muchos esfuerzos que, de buena fe, han hecho desde el 2022 el presidente Petro y sus comisionados de Paz.

Las alertas por fallas que pueden considerarse estructurales en esa política llegaron desde un primer momento. Lamentablemente, la respuesta del Ejecutivo no fue oportuna. La crisis humanitaria más grande en los últimos 30 años, la del Catatumbo, desatada por el Eln, ha sido un golpe de realidad que ha llevado al Gobierno a reaccionar más fuertemente, y no solo frente a ese grupo criminal. Los bombardeos contra el ‘clan del Golfo’ y los combates sostenidos contra las disidencias de ‘Mordisco’ en el suroriente del país –además del frente de guerra abierto en el Cauca desde el año pasado con la operación Perseo– pueden interpretarse como esa nueva comprensión de la realidad de las regiones, que no puede dejar de leerse a la luz del necesario y acertado relevo en el Ministerio de Defensa.

En este contexto, la Misión de Acompañamiento de la ONU ha entregado su nuevo informe sobre la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc y de las dinámicas de violencia que se afianzan en gran parte del país. En un tono crítico y realista, la ONU está llamando al gobierno del presidente Petro a “ajustar” su estrategia de paz y a priorizar aquellos procesos en los que haya no solo un chance real de éxito, sino intenciones concretas de proteger la vida y la integridad de la gente.

Romper esa ‘falsa dicotomía’ entre paz y el uso de la fuerza legítima del Estado y acabar con la “opacidad” que ha rodeado los informes sobre violaciones de las treguas y ceses del fuego y sobre las reglas que deberían regir el comportamiento de los actores sentados a la mesa forma parte de las recomendaciones fundamentales para la vida de miles de colombianos que viven en zonas de violencia.

“La seguridad del territorio no puede depender de treguas entre dos grupos”, dijo el jefe de la Misión, Carlos Ruiz Massieu, en entrevista con este diario. Esa es una lección que, como se ve en Buenaventura, en Quibdó o en el Catatumbo, no parece haber sido entendida por los responsables de la paz en la actual istración. No haberla aplicado desde un principio es una de las explicaciones del peligroso escenario que hoy se ve en muchas regiones de Colombia.

EDITORIAL