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En momentos en que los medios de comunicación y entes de control ahondan sus pesquisas en relación con la manera como se viene manejando la contratación y distribución de los alimentos para los escolares, resulta alentador que existan casos excepcionales que permiten tener algo de esperanza. En particular, nos referimos a lo hecho por Bogotá. Contra intereses de toda índole, la Secretaría de Educación diseñó un modelo mediante el cual es posible adquirir, ensamblar y repartir diariamente unos 740.000 refrigerios para niños y niñas de colegios públicos en 19 localidades.
Es una tarea ardua que implica no solo la consecución de los productos, sino todo un ejército de proveedores, supervisores e interventores que con milimetría deben garantizar el buen arribo de los refuerzos alimentarios a las sedes escolares, como bien lo reflejó una reciente crónica de este diario. El costo de lo que se denomina el Programa de Alimentación Escolar (PAE) asciende a 400.000 millones de pesos cada año.
Lo que hace exitoso el modelo de la capital es la descentralización de sus proveedores. Hoy hay 46, lo cual no sucedía en el pasado. Adicionalmente, la entidad llevó a cabo una alianza con la plataforma Colombia Compra Eficiente para hacer más transparente un proceso de semejante envergadura. Con ello se ganó en eficiencia y calidad, lo que permite atender, además de colegios, 129 comedores comunitarios.
Las denuncias de la Contraloría General develan que aún hacen falta controles más severos para evitar el asalto a las loncheras de los niños.
Por desgracia, ello no ocurre en otras regiones el país. Por estos días vuelve a repetirse la vergonzosa noticia de las trampas que se le hacen al PAE, al cual han logrado acceder contratistas inescrupulosos. Lo revelado por la Contraloría General produce indignación y confirma que siguen faltando controles en un asunto tan delicado. Según la entidad, se perdieron cerca de 33.000 millones de pesos destinados para ayudar a nutrir a niños en varios departamentos del país. En Cartagena, por ejemplo, uno de los contratistas cobraba las pechugas de pollo a 40.000 pesos; uno más, en Santander, los tamales a 30.000, y hubo otro que jamás entregó millares de panes. La lista es larga, por desgracia.
Para rematar, este mismo diario denunció que los hospitales públicos regionales, que no alcanzan a atender a los pacientes, terminaron participando en los contratos para suministrar las raciones de los escolares. Ante estos hechos, no cabe más que pedir que se siga actuando con urgencia y severidad. En Bogotá está el ejemplo de que sí se puede hacer bien la tarea; lo confirman tanto el reconocimiento que el Ministerio de Educación le hizo a la estrategia implementada por la Secretaría como el recibido ayer por la titular de ese despacho, María Victoria Angulo, por parte de la Alianza Internacional para las Contrataciones Abiertas, durante el Open Contracting 2017, celebrado en Ámsterdam. El encuentro congrega a gobiernos y organizaciones que dan ejemplo en contratación y exalta el impacto que estas generan.
Hay que quitarles la lonchera a los contratistas deshonestos y aplicar justicia, pues está en juego la integridad de ocho millones de niños.