Ante los problemas de movilidad que son inherentes a la vida en centros urbanos densamente poblados, la innovación es una poderosa herramienta. Pero este camino no puede recorrerse, dicho coloquialmente, a la topa tolondra. Es necesario que cualquier desarrollo que se produzca se armonice con las normas para evitar que por beneficiar a unos se perjudique a otros.
Es el caso del mototaxismo. Esta modalidad informal de transporte es todo un fenómeno social, económico y de movilidad en el país. Sus orígenes datan de finales de siglo pasado, y en lo que va del actual se ha fortalecido enormemente, de la mano con el auge de las motocicletas –cada vez más económicas– y el crecimiento de las ciudades, con los subsiguientes problemas de tráfico. Algún observador podría añadir que también se ha alimentado de las deficiencias de los sistemas de transporte masivo, pero este asunto debe verse con lupa, pues en algunos casos la relación es muy compleja, llegando incluso el mototaxismo a ser causa del deterioro financiero de estos sistemas.
La posibilidad de transportar pasajeros –que no está avalada por la ley– ha sido también una opción para generar ingresos para miles de familias propietarias de una motocicleta. El informe que publicó este diario el domingo incluye varios testimonios que muestran esta arista de un difícil desafío.
Además de los controles, se espera de ellas disposición para responderles a quienes resulten afectados durante uno de estos viajes.
Lo cierto es que todos estos factores han coincidido para alimentar el crecimiento de esta alternativa. Y aquí surge un actor clave: las plataformas que facilitan el o entre el transportador y la persona necesitada de desplazarse, y que se lucran por este servicio. Varias de ellas son verdaderos gigantes del ámbito digital con presencia en todo el mundo, otras son desarrollos locales. Han estado en el centro de una discusión –que primero tuvo lugar con los carros– que parece de nunca acabar, pero que tiene unas implicaciones serias para el resto de la ciudadanía, tanto la que utiliza como la que es ajena a este modo de transporte.
Varios accidentes de motocicletas que transportaban personas bajo esta modalidad ocurridos en los últimos días, en particular uno en Medellín en el que falleció una joven estudiante, han reabierto el debate. Han vuelto a aflorar las cifras sobre la participación de las motos en la accidentalidad vial –seis de cada 10 víctimas en accidentes viales ocurridos en enero iban en este vehículo–, y son los ahora llamados moteros los que más aportan a las cifras de heridos en 2022 para Bogotá (todavía no están disponibles las de 2023). El 77 por ciento de los accidentes en el país están relacionados con ellas. Y la cantidad de siniestros con víctimas fatales en las que están involucradas las motocicletas viene también en aumento.
Las plataformas, una vez más, no pueden ser ajenas al impacto social de su actividad. Por iniciativa propia. De ellas se esperan, y ojalá por disposición legal, garantías, seguros –que algunas afirman ya tener–, capacitación, controles rigurosos y disposición para responderles a quienes resulten afectados durante uno de estos viajes. No se pueden lavar las manos. La responsabilidad frente a la seguridad vial y la protección de la vida no permite la anarquía.
EDITORIAL