Las claves para entender el lío del presupuesto que tienen al Gobierno y al Congreso en su primer pulso de la legislatura

Confundido. Así está el país luego de que ayer, en el primer gran pulso entre el Gobierno y el Congreso en la presente legislatura, las comisiones económicas de Cámara y Senado negaron el monto planteado por el Ejecutivo en el proyecto de presupuesto de 2025 por 523 billones de pesos.

Tras un debate cuyo resultado es inédito, el proceso entró en un terreno desconocido. "Estamos en un limbo", reconoció la senadora Angélica Lozano, presidente de la Comisión Cuarta de Senado. 

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Ante esta situación, los congresistas fueron citados a sesión este jueves a las 9 de la mañana para encontrar salidas, pues la ley no establece qué pasa si no hay un acuerdo sobre el monto.

Una de las dos comisiones de Senado negó el monto de 523 billones planteado por el Ministerio de Hacienda, que necesitaba de las cuatro aprobaciones de las comisiones terceras y cuartas. Para que haya un monto aprobado se necesita que las cuatro lo aprueben. Si no, no hay decisión. Las de Cámara apoyan las propuestas del Gobierno y las de Senado le apuestan a bajar el monto. Como no se pusieron de acuerdo, esta es la hora en la que no hay un monto definitivo.

Tampoco se aprobó ninguna proposición alternativa como las que presentaron Angélica Lozano y Efraín Cepeda. La primera solicitó un recorte de 24 billones de pesos hasta los 499 billones de pesos y la segunda buscaba bajar el Presupuesto 12 billones de pesos hasta los 511 billones de pesos.

La negativa, especialmente de sectores de oposición, radica en que el presupuesto que plantea el Ministerio de Hacienda está desfinanciado. Tiene un déficit de 12 billones de pesos. Es decir, propone un tope de gastos mayor al de la suma de todos sus ingresos. "Lo más responsable era negarle el monto al gobierno Petro. Aprobarlo desfinanciado era una locura", señaló en entrevista con este diario el senador Carlos Meisel.

Se trata de un error que el Gobierno que el gobierno ya ha cometido en el trámite de otros proyectos: presupuestar dinero con el que no cuenta. "El principal error del Gobierno se remonta al presupuesto de 2024 cuando hizo cuentas alegres con los 13 billones de pesos que, presuntamente, iba a recaudar mediante laudos arbitrales, pero que constituían ingresos que requerían de un proyecto de ley y más de una vigencia fiscal para hacerlos efectivos. Esto, junto al mal desempeño en el recaudo tributario en lo que va del año, hizo que el Gobierno perdiera credibilidad en esta discusión y le dio fuerza a la oposición y los independientes para cuestionar los números del presupuesto 2025", comenta el analista político Eduardo Piñeros.

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Para el Gobierno los 12 billones de pesos están están sujetos a que se apruebe la nueva reforma tributaria que radicó el ministro de Hacienda. Este permitiría obtener alrededor de 6 billones de pesos gracias a nuevos impuestos y que otros 5,3 billones de pesos vendrán de traer la implementación de la regla fiscal del 2026 al 2025.

Ahora bien, Piñeros cree que este episodio también da lugar para críticas a la oposición: "Por ejemplo, el senador Efraín Cepeda dijo que el Congreso debía oponerse al proyecto de presupuesto por desconocer el proyecto de reforma tributaria que buscaría financiar los 12 billones faltantes, cuando ya hay un precedente reciente en el que ocurrió un escenario similar (ley de financiamiento de Duque en 2018) y en el que el Congreso le dio vía libre. O sea, sí hay un intento de debilitar la gobernabilidad del presidente Petro, más allá de la responsabilidad presupuestal que dicen defender", sostiene.

Ante este escenario nunca antes visto, solo hay incógnitas de cómo se debe proceder de de ahora en adelante. Sin embargo, hay dos fechas importantes: 15 de septiembre como día límite para que las comisiones del Senado y Cámara de Representantes decidan sobre el monto definitivo del presupuesto de gastos. Eso dice el decreto 111 de 1996, que hace las veces de ley orgánica para el trámite del presupuesto anual.

Si se decide el 15 de septiembre, las comisiones tienen hasta el 25 de este mismo mes para proceder a debatir el contenido del presupuesto para el próximo año. "La aprobación del proyecto, por parte de las comisiones, se hará antes del 25 de septiembre y las plenarias iniciarán su discusión el 1 de octubre de cada año".

El articulado del decreto 111 de 1996 dice que "si el Congreso no expidiere el presupuesto general de la Nación antes de la media noche del 20 de octubre del año respectivo, regirá el proyecto presentado por el gobierno". En otras palabras, si el 21 de octubre no se aprueba en el debate, el presidente queda facultado por ley para expedir por decreto el presupuesto.

¿Cuál presupuesto se decreta?: "Lo dice la ley: el que se aprobó en primer debate el 25 d septiembre. Pero otro dicen que no, que como no se aprueba el monto de aquí al domingo (15 de septiembre) pueden sacar el de 523 billones de pesos", explicó la senadora Lozano.

A esto hay que sumarle que se promulgaría un presupuesto con un monto desfinanciado, por lo que de todas maneras se tendría que recurrir a una ley de financiamiento para cubrir el hueco de recursos.

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"Es cierto que la ley orgánica permite decretar el presupuesto como lo presentó el gobierno si para octubre el Congreso no lo aprueba, como dice el presidente. Sin embargo, vale la pena recordar que también dispone la Ley que no se pueden decretar ejecutar gastos no financiados", señaló en un trino el profesor de Economía de la Universidad Javeriana, Jorge Restrepo.

El artículo 30 de la Ley 179, obliga a que si no se aprueba la ley de financiamiento que completa la financiación del presupuesto, el Gobierno suspenderá las apropiaciones de gasto que no cuenten con esa financiación.

"Además hay que recordar que la ley de presupuesto debe ajustarse a el principio constitucional de estabilidad fiscal. Aprobar un presupuesto desfinanciado y con un monto como el que fue presentado al Congreso lo haría vulnerable ante demandas en la Corte", escribió el docente.

Para Eduardo Piñeros, el Gobierno y el Congreso deben hacer todos los esfuerzos para llegar a un acuerdo antes del 15 de septiembre. En caso contrario, se genera un alto nivel de incertidumbre sobre la legalidad y constitucionalidad en el trámite del proyecto.

"Los congresistas entrarían a sentar un precedente que solo sería rechazado o aceptado por la Corte Constitucional dentro de unos meses. Ante esta confusión, no me sorprendería que el Presidente desista de la discusión en primer debate y decida decretar el presupuesto para presionar al Congreso a discutir y aprobar la tributaria", comenta.

Por su parte, el senador Carlos Meisel considera que "se tendrá que decretar el presupuesto, ojalá que se haga de forma sensata. No veo otra posibilidad. El problema es que lo decretará y seguirá intentando sacar adelante su ley de financiamiento".

JUAN PABLO PENAGOS RAMÍREZ

Periodista de Política