La solicitud del presidente Iván Duque, este lunes, a Estados Unidos para que declare a Venezuela país promotor del terrorismo tensa aún más la cuerda de las complejas relaciones bilaterales y augura un año de más hostilidad verbal entre Caracas y Bogotá.
A un año de entregar su mandato, Duque cierra un círculo que inició el 7 de agosto de 2018, cuando en la posesión de su cargo dijo, en clara referencia a Nicolás Maduro: “Respetaremos la Carta Democrática Interamericana, promoveremos la libertad de los pueblos de la región y denunciaremos en los foros multilaterales, con otros países, las dictaduras que pretenden doblegar a sus ciudadanos”.
Desde ese momento, Duque ha puesto el peso de sus esfuerzos en política exterior para tratar de minar el poder de Maduro. Un objetivo que él creyó posible cuando en los albores de 2019 pronosticó: “A la dictadura de Venezuela le quedan muy pocas horas”.
La expectativa de los pobladores, de una y otra nacionalidad, que se mueven a lo largo de los 2.219 kilómetros de una frontera tan porosa como olvidada, fue enorme, pero el tiempo demostró que Maduro estaba lejos de caer.
Duque, sin embargo, no ha cesado en su empeño y ahora acude a una evidencia que él considera irrefutable: Maduro protege a las guerrillas del Eln y a disidencias de las Farc que perpetraron atentados contra una brigada militar en Cúcuta –en donde había varios militares estadounidenses– y contra su helicóptero con la clara intención de matarlo.
“Claramente esa anuencia del régimen dictatorial de Venezuela amerita una declaratoria, por parte de los Estados Unidos, también, como un país promotor del terrorismo”, dijo Duque en el III Seminario Internacional de Análisis y Prevención del Terrorismo Urbano, en Bogotá, y en el cual participó el embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg.
La petición de Duque tiene a su favor una coyuntura inesperada. Horas antes, las disidencias de las Farc se atribuyeron el atentado contra la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta.
Según el mandatario, “esa intencionalidad desde territorio venezolano, donde se les dio auspicio a estos grupos para planificar esa operación, es suficientemente clara para poder declarar a ese régimen dictatorial de Venezuela como régimen patrocinador del terrorismo, en una violación flagrante de la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”.
Así lo señaló en la posesión del embajador de Colombia en EE. UU., Juan Carlos Pinzón.
Tender puentes y buscar acercamientos para ver cómo vamos a tratar con esta dictadura en la próxima década
Para el jefe de Estado, su clamor no es solo develar una relación “connivente y perniciosa”, sino también que “ellos puedan tomar un camino: o seguir patrocinando el terrorismo o entregar el terrorismo a las autoridades de los países que los están buscando”.
A pesar de estos argumentos, expertos consultados por EL TIEMPO coinciden en calificar la petición como insólita y “poco prudente” en este momento.
Insólita en el sentido de que la determinación de incluir o excluir a un país de esta lista negra lo hace Estados Unidos de acuerdo a un examen que elabora el Departamento de Estado y los servicios de inteligencia de ese país, por lo que es una decisión soberana y autónoma.
Además, para los analistas, los indicios advierten que en el corto plazo no va a haber una transición política en el país vecino, por lo que esta petición complejiza las relaciones.
“En lugar de tender puentes y buscar acercamientos para ver cómo vamos a tratar con esta dictadura en la próxima década estamos generando complejidades mayores que hace que cada vez tengamos menos puntos de diálogo”, advierte Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
De este modo, expertos señalan que el Gobierno debe replantear su estrategia, en vez de poner sobre la mesa si trata de buscar tener injerencia en Venezuela. Esta sería reconstruyendo la relación consular y buscando “puntos de acercamiento y unos mínimos básicos donde ni en Venezuela se permita la planeación de actividades contra la democracia colombiana y donde nosotros garanticemos que ningún actor pretenda buscar la resolución de la dictadura venezolana a partir de la fuerza de una acción organizada desde Colombia”.
Si esto prospera, el analista internacional Mauricio Jaramillo Jassir asegura que implicaría una profundización de la crisis venezolana y más salida de migrantes.
LUISA MERCADO
REDACCIÓN POLÍTICA