Cuatro de cada diez desplazados del país están en pobreza extrema, según encuesta

Así lo reveló la IV Encuesta Nacional de Verificación sobre las condiciones de vida de estas víctimas en el país, un informe elaborado por la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) y la Unidad para las Víctimas. 

(Además: Otty Patiño da pistas sobre una posible negociación con las autodefensas de la Sierra Nevada).

“La población desplazada por causa del conflicto armado en Colombia continúa siendo la población más vulnerable entre las más vulnerables del país”, aseguró el economista Luis Jorge Garay, director de la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, quien dirigió la encuesta que visitó 9.715 hogares de población desplazada y 1.982 de población vecina en 80 municipios.

El documento revela que desde 1985, el periodo que agrupa el mayor número de casos de desplazamientos es el que va desde 1998 hasta el 2010, con un 63,2 por ciento del total de hechos. Un dato que llama la atención es que entre el 2017 y el 2023 ocurrieron el 9,2 por ciento del total de los casos desde que se tiene registro. Eso quiere decir que uno de cada diez episodios de desplazamiento forzado en el país ocurrió luego de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las extintas Farc.

Hay que recordar que durante el año 2023, según datos de la Defensoría del Pueblo, cerca de 121.000 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado masivo y confinamiento.

En cuanto a los presuntos autores de estos hechos, el documento hace una comparativa con el informe presentado en 2010. Allí indican que en 2023 hay un menor peso de las Farc en el cómputo total, pues pasaron de agrupar el 26,7 por ciento de todos los casos a ser responsables del 21,5 del total. No ocurrió lo mismo con el Ejército de Liberación Nacional, grupo con el que hay una mesa de diálogo desde 2022.

Sobre este ámbito, en el documento se lee que “la Fuerza Pública mantiene un muy bajo porcentaje como actor identificado causante del desplazamiento forzado”.

Respecto al enfoque étnico, según el documento, un 4,9 por ciento de los encuestados se declaró perteneciente a los pueblos indígenas; un 18,9 por ciento, al pueblo negro, afrocolombiano, raizal o palenquero; y el 76,2 por ciento restante, a ninguno de ellos. Esto indica que la población afrocolombiana es una de las que más tiene víctimas de desplazamientos a nivel nacional. 

(Le puede interesar: ¿Con quién está negociando realmente el Gobierno tras fractura de las disidencias?).

Con respecto a la situación que hoy vive la población víctima y los esfuerzos del Estado para mejorar su calidad de vida, los autores de la encuesta concluyen que si bien hay avances importantes en ciertos derechos, persiste la grave situación particularmente en lo relacionado con la sostenibilidad socioeconómica de los hogares, los enfoques diferenciales y los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

“El país está en un momento crucial para buscar soluciones duraderas para las víctimas del desplazamiento forzado. La IV Encuesta es un insumo fundamental para conocer sobre esta situación y tomar decisiones acertadas. Nos muestra que hay avances y estancamientos, pero sobre todo oportunidades para solucionar la situación de millones de personas”, señaló Mireille Girard, representante de Acnur en Colombia.

Por ejemplo, un indicador que muestra la gravedad de la situación es que el 45,3 por ciento de las personas desplazadas consumió menos alimentos de los que deseaba por no tener a ellos y un 42,8 por ciento se quejó de hambre por falta de dinero para comprarlos.

“El reconocimiento de la gravedad de la crisis social y humanitaria del desplazamiento forzado y los vientos favorables desde la institucionalidad para mejorar la respuesta a la crisis coinciden hoy con el llamado de las Naciones Unidas para buscar soluciones integrales y duraderas más allá de las orientadas a superar la crisis humanitaria y la justicia transicional”, agregó Marco Romero, director de Codhes.

Igual de complejo es el panorama en términos de desempleo e informalidad. La encuesta encontró que ocho de cada diez personas que han sido sacadas de sus territorios están en la informalidad laboral. La tasa de desempleo para esta población es del 17,6 por ciento –en Colombia hoy es del 11,7–, situación que es más dramática en el caso de las mujeres, ya que asciende al 21,3 por ciento.

Además, de las personas que se encuentran ocupadas, solo el 21,8 por ciento recibe ingresos superiores a un salario mínimo. De hecho, dos de cada diez hombres y casi tres de cada diez mujeres desplazadas reciben ingresos laborales inferiores a 320.000 pesos, es decir, la cuarta parte de un salario mínimo.

(Lea también: ‘La participación nos marca una ruta’: Nigeria Rentería, delegada del Gobierno en mesa con Eln).

Asimismo, la gran mayoría de los hogares en esa condición siguen en estado de pobreza, situación que se agravó por efectos de la pandemia.

“Un dato relevante es que la calidad de vida y el goce efectivo de derechos de la población desplazada son aún inferiores, en promedio, con relación a la población vecina de referencia, que ya de por sí tiene altos niveles de vulnerabilidad socioeconómica”, indican desde Codhes.

Los encuestados reportaron, en niveles del 73 por ciento, que “siempre o casi siempre” tienen dificultades para pagar los servicios públicos domiciliarios.

En los entornos de pobreza en los que viven los hogares desplazados, sus niveles de dificultad para cubrir gastos básicos pueden ser el doble de los de sus vecinos. “Una vez más se pone de presente la mayor fragilidad de los hogares desplazados, aún comparados con sus vecinos de referencia”, dice el documento.

También se alerta porque estas familias siguen siendo presas del gota a gota, lo que agrava su condición. Así, solo en un 37 por ciento de los hogares desplazados hay al menos una persona que tenga a un producto financiero legal.

En relación con su nivel de ingresos antes del evento de desplazamiento forzado, el 56 por ciento reporta que su situación actual es peor que antes de que tuvieran que huir de sus hogares, y solo un 12,7 por ciento dice estar mejor que antes. “Parece que los efectos negativos sobre la situación económica de este choque perduran en el tiempo”, advierten los autores del estudio, que resaltan que solo el 5,2 por ciento de los hogares desplazados desea retornar.

Marco Romero Silva, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, habló sobre la encuesta y dio su visión sobre el futuro si no se toman medidas.

¿Por qué aún no se les cumple a los desplazados?

Estamos en un momento de inflexión, se requiere un cambio de paradigma, porque hasta ahora lo que hemos tenido es una política pública un poco a regañadientes, es decir, el Estado en los últimos 20 años ha estado obligado por la Corte Constitucional a garantizar los mínimos estándares de derechos humanos, pero lamentablemente no se ha logrado.

Se han hecho cosas, por supuesto, en materia de afiliación al sistema de salud, de educación, pero hay otros temas con déficits muy grandes. Los gobiernos han atendido a esta población, pero más por presión de la justicia que por voluntad de pagar la deuda social.

¿Y si esas necesidades no se atienden?

Si uno suma los indicadores, ve una bomba de tiempo social, porque uno encuentra que el indicador de pobreza es más del doble que el de la población colombiana y una estructura de ingresos bastante precaria.  Los desplazados son los más vulnerables dentro de las poblaciones vulnerables. Es una crisis social muy grave y si esta trampa de pobreza no se resuelve, se extenderá a las siguientes generaciones.

Uno de cada diez casos ocurrió tras la firma del acuerdo, ¿por qué?

En Codhes tenemos documentados más de 1.000 casos de desplazamiento forzado en ese periodo, además de dinámicas de confinamiento, principalmente en el corredor Pacífico, Catatumbo, Arauca, en Putumayo, en el sur de Córdoba y en Antioquia. Cuando le preguntamos a la Unidad para las Víctimas (2017-2023), ellos registran más de 1’300.000 personas desplazadas. Una conclusión que uno puede sacar de entrada es que esto tiene mucho que ver con que no hubo una implementación de fondo. Si el Estado hubiera tomado el control de los territorios, se hubiera implementado la reforma rural, entre otros temas, seguramente los demás grupos armados no habrían aprovechado para tomar los espacios que dejaron las Farc.

¿Cuáles son las alternativas?

Las Naciones Unidas está trabajando y ayudando al Estado colombiano a adoptar un enfoque de solución duradera para la mayoría de personas que no van a regresar. Hay  muchos jóvenes que viven en las ciudades, que nacieron en las ciudades y que difícilmente van a hacer una vida rural, pues a ellos hay que ofrecerles una solución duradera urbana.

La Corte Constitucional ha dicho que espera de este Gobierno un plan de ajuste de la política para enfrentar los temas en los que hay mayor rezago y en ese sentido esta istración no es reacia a cumplir, tiene problemas presupuestales y fiscales, pero ha manifestado una voluntad.

CAMILO A. CASTILLO