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Noticia
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'Es prácticamente el índice de una nueva Constitución': Juan Camilo Restrepo sobre acuerdo de participación con el Eln
El exnegociador de paz analiza el acuerdo de participación firmado entre el Gobierno y la guerrilla.
En entrevista con EL TIEMPO, el exministro y exnegociador de paz con el Eln, Juan Camilo Restrepo, analizó el acuerdo de participación de la sociedad civil firmado el sábado en Caracas entre las delegaciones del Gobierno y de la guerrilla, documento que, aunque dice que es histórico, también califica como ambiguo. Además, dijo que el Gobierno debe aclarar si su intención con este compromiso es adelantar una constituyente y si,como señaló María Isabel Rueda en su columna de domingo en EL TIEMPO, el carácter vinculante que se menciona en los documentos está por encima de la Carta Magna.
Usted dice que los acuerdos son históricos, pero que están llenos de ambigüedad, ¿por qué?
(...) anotar que no se trató el tema del secuestro, no se mencionó, pasó de largo y el Eln y queda flotando también esa ambigüedad adicional.
Es un acuerdo importante, puesto que es la primera vez que se le da una reglamentación a la llamada ‘consulta con la sociedad civil’ dentro del contexto de las conversaciones con el Eln. La consulta con la sociedad civil ha sido siempre una constante del Eln, pues considera que las negociaciones de paz no son solamente entre el Gobierno y el Eln, sino también con la gente. En los acuerdos ya se le da una reglamentación a todo esto y eso es positivo porque mantiene viva y se le da satisfacción al Eln en esa insistente preocupación. En segundo lugar, me parece que los acuerdos son extremadamente vagos y pueden dar lugar a ambigüedades que lleven a conflictos mayores el día de mañana y a medida que van avanzando estas conversaciones. ¿En qué consiste la ambigüedad? La ambigüedad consiste en que allí está dicho que las recomendaciones que se recojan de la sociedad civil en un gran acuerdo nacional de participación se llevan a la mesa bilateral Gobierno-Eln y si esta los acepta entonces automáticamente vinculan a las partes y se convierten en políticas de Estado, que tienen que observarse sin más trámites y sin más condiciones. Esto puede dar lugar entonces a varias preguntas.
¿Cómo cuáles?
Si esas recomendaciones de la sociedad civil implican cambios constitucionales y cambios legales, ¿querría decir que la mesa ante sí puede implementar estos cambios constitucionales y legales?, o como es lo lógico, ¿tendrán que ir al Congreso que es la única institución en Colombia que está autorizada para cambiar la Constitución o la ley? Ese punto queda ambiguo, no queda claro, debieron haberlo aclarado, debieron decir si las recomendaciones una vez adoptadas o aceptadas por la mesa de negociación, que impliquen cambios constitucionales o legales, deben ir al Congreso de acuerdo con la Constitución, pero no lo dijeron. Cuando uno ve los acuerdos firmados ayer, aparece una lista inmensa de temas sobre soberanía, sobre el modelo económico, sobre educación, sobre tratados internacionales que obviamente, no hay que ser un adivino, van a implicar cambios en la Constitución y en la ley, entonces ahí es donde la ambigüedad se vuelve más complicada. Por último, anotar que no se trató el tema del secuestro, no se mencionó, pasó de largo y el Eln y queda flotando también esa ambigüedad adicional.
Vera Grabe, jefa de la delegación de paz, durante un encuentro del CNP. Foto:Comité Nacional de Participación
Se ha asociado mucho este proceso a la constituyente planteada por el presidente Petro. ¿Esos temores tienen cabida?
Tanto la de Leiva, como la interpretación que podría tener el acuerdo con el Eln, son claramente inaceptables, son controvertibles, no son reales, pero están allí sobre la mesa.
Yo no sé si la ambigüedad de no mencionar el trámite en el Congreso fue una omisión deliberada o inadvertida, pero lo cierto es que puede dar lugar a la interpretación de que entonces esto basta para cambiar la Constitución, para hacer una especie de gran constituyente sin pasar por el Congreso. Esa puede ser una de las interpretaciones que queda sobre la mesa dada la ambigüedad y la manera como está redactado y en ese sentido tiene hasta sus similitudes con la propuesta que ha venido agitando Álvaro Leyva en los últimos días, según la cual, él considera que los acuerdos de paz firmados en el 2016 son suficientes para convocar una Constituyente sin pasar por el Congreso. Ahora podría alguien argumentar que lo mismo va a suceder con los acuerdos a los que se llegue con el Eln. Tanto la de Leiva, como la interpretación que podría tener el acuerdo con el Eln, son claramente inaceptables, son controvertibles, no son reales, pero están allí sobre la mesa. Lo menos que podría hacer el Gobierno, a mi entender, sería clarificar cuál es el alcance realmente de esto que se conoce con el nombre de la vincularidad de los acuerdos. (Le puede interesar: Las dudas y temores que deja el acuerdo de participación firmado por el Estado con el Eln).
Se habla de discusiones en torno al régimen político y al modelo económico, ¿Qué tanto le debe preocupar al país que se vayan a discutir estos temas en regiones en donde el Eln hace presencia y en donde ejerce control territorial?
Que se discutan no debe preocupar porque la regla del juego en estas negociaciones es que no hay temas vetados, todo se pueden discutir, pero realmente cuando se mira el inventario de temas que trae el acuerdo 28 es prácticamente el índice de una nueva Constitución Política. Entonces el punto es qué pasa si esas discusiones se surten y llegan a la mesa de negociaciones y la mesa de negociaciones bilateral las acepta, porque hasta ahora solo se ha fijado un procedimiento sobre cómo se van a discutir las propuestas que vengan de la sociedad civil en el gran acuerdo nacional que allí se menciona. ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Se convierten en políticas de Estado obligatorias como dice simplemente el artículo pertinente del acuerdo 28? o ¿tienen, como debe ser, un trámite adicional como proyectos de ley o de reforma constitucional al Congreso que es la única autoridad institucional que tiene facultades para cambiar la Constitución o la ley? Esa es la ambigüedad que gravita sobre los acuerdos divulgados en Caracas.
¿Cuál cree usted que es el camino que debería tomar el Gobierno para que este modelo de participación tenga validez y deje contentos a todos?
Si el Gobierno efectivamente piensa que esta no es una vía subrepticia para montar una Constituyente por la puerta de atrás, lo que debe hacer es producir un nuevo protocolo aclaratorio.
Si el Gobierno efectivamente piensa que esta no es una vía subrepticia para montar una Constituyente por la puerta de atrás, lo que debe hacer es producir un nuevo protocolo aclaratorio y decir: ‘las recomendaciones de la sociedad civil que lleguen a la mesa, que está las acepte y que impliquen cambios en la Constitución y la ley irán al Congreso Nacional para que este juzgue si es válido cambiar la Constitución o no, si es válido cambiar las leyes que eso exija’. Ese protocolo aclaratorio está faltando. Si el deseo del Gobierno no es montar una Constituyente por la puerta de atrás, a través de los diálogos con el Eln, entonces es necesario ese documento, no solo para la mesa, sino para la opinión pública del país que está mirando con mucho desconcierto estas redacciones sibilinas que aparecen en los acuerdos.
Otty Patiño, comisionado consejero para la Paz. Foto:Oficina del Alto Comisionado para la Paz
El comisionado Otty Patiño dijo que no se iban a firmar acuerdos hasta tanto no hubiese un compromiso del Eln de ponerle fin al secuestro, ¿qué tanto pierde el Gobierno al acordar la participación?
En todo este proceso es más lo que le ha cedido el Gobierno al Eln, que lo que el Eln le ha cedido al Gobierno. Si hacemos un símil de un póker, las manos ganadores se las ha ido ganando la guerrilla. Evidentemente, no se menciona el tema del secuestro, que Otty Patiño había dicho era una condición sine qua non para continuar los diálogos y que es una exigencia del país, que por lo demás que repudia la sociedad. Sobre estas ambigüedades del Eln secuestrando y negociando al mismo tiempo tampoco se dice nada, tampoco sobre los diálogos regionales en Nariño, que también ha sido motivo de discrepancia en las opiniones entre el Gobierno y ‘Antonio García’, se desaprovechó esta ocasión para hacer claridad sobre estos temas. Se les superó callando, pero no resolviendo, entonces probablemente en pocas semanas van a volver a aflorar cuando el Eln vuelva a secuestrar o al iniciarse las conversaciones con los comuneros del Sur en Nariño. Es un acuerdo que, repito, tiene la bondad de recoger una metodología para los diálogos con la sociedad civil, pero tiene ambigüedades y vacíos muy delicados hacia adelante. (Siga leyendo: ‘No vamos a cambiar el sistema económico’: Otty Patiño ante polémicas de acuerdo de participación con el Eln).
¿Qué tanto se relaciona la intención del Gobierno de pasar rápido de estos temas con esa necesidad de dejar un acuerdo antes de que llegue el 2026?
La paz con el Eln no está a la vuelta de la esquina.
Hay que tener en cuenta que estas conversaciones con el Eln apenas están comenzando. La paz con el Eln no está a la vuelta de la esquina. En los protocolos firmados en Ciudad de México hace algunos meses se dice, con todas las letras, que las negociaciones sobre temas sustanciales apenas comenzarían en mayo del 2025, es decir, cuando al presidente Petro le quedará escaso año y algunos meses de su mandato. De manera que apenas estamos teniendo un marco para incorporar el tema de la sociedad civil a la negociación, ojalá le hagan la clarificación a la ambigüedad que he mencionado, pero falta mucho trecho por recorrer. Lo que viene ahora es que estas iniciativas empiecen a llegar ya concretas a la mesa, ver si hay acuerdo o desacuerdo en aceptarlas, si requieren cambios constitucionales y cómo se van a tramitar. Quedan muchos vacíos, por lo que yo creo que muy difícilmente el gobierno del presidente Petro llegará a suscribir un acuerdo de paz con el Eln, tanto más que tampoco se ha dilucidado lo que en algún momento dijo ‘Antonio García’ sobre el hecho que jamás entregaría las armas, lo que es inaceptable. El acuerdo sigue vivo, hubo una manifestación en Caracas de que no se levantarán de la mesa y claro, las llaves de la búsqueda de la paz no se deben tirar al fondo del mar. Siempre hay que guardar la esperanza y en ese sentido, es positivo que este acuerdo, siga vivo, aunque lleno de ambigüedades y de falencias en sus redacciones hasta el momento.
El presidente Gustavo Petro desde el Cauca. Foto:Presidencia
Mencionaba hace un momento la idea del presidente Petro de impulsar una constituyente a través del acuerdo de paz, ¿ve de alguna forma viable esa idea?
Personalmente, comparto las opiniones del doctor Sergio Jaramillo y del mismo presidente Juan Manuel Santos: los acuerdos de paz del 2016 no pueden interpretarse de esa forma, no se les puede torcer el pescuezo para que se concluya que ellos dan suficiente marco jurídico para convocar una Constituyente por la puerta de atrás, esa no fue el espíritu de los acuerdos. Una de las líneas rojas de aquellas negociaciones es que no eran para cambiar la Constitución, hubo mucha claridad en ese sentido, de manera que no creo que esa interpretación del doctor Álvaro Leyva sea válida y lo que sí creo y reitero en esta ocasión es que el Gobierno está en mora de hacer claridad. Le debe decir al país si quiere o no convocar una Constituyente. No necesita el Gobierno irse por los caminos escabrosos de interpretaciones fantasiosas de las normas legales que hoy existen, sino que tiene que hacer una convocatoria a la luz del sol, como lo manda la Constitución cuando se va a poner en marcha algún proceso de enmienda constitucional. La Constitución dice que hay tres caminos y solamente tres caminos para cambiar la Carta Política de Colombia: una, por actos legislativos que adopta el mismo Congreso; dos, por convocatoria de Asamblea Constituyente que debe hacer una ley de la República aprobada por el Congreso; y tres, por referendos constitucionales como el que ensayó con mala fortuna, sea dicho de paso, el presidente Uribe en su primer gobierno. Pero esos son los tres caminos que tenemos para cambiar la Constitución, no podemos buscar senderos rebuscados para pretender convocar constituyentes por la puerta de atrás.