Las dudas y temores que deja el acuerdo de participación firmado por el Estado con el Eln

El acuerdo fija los mecanismos para que la ciudadanía haga parte de los diálogos, los temas a tratar (régimen político, modelo económico, política ambiental, y educación y cultura) y los distintos enfoques (género, étnico, entre otros).

Lo alcanzado fue calificado por ambas delegaciones como “histórico” y como una muestra del compromiso de paz de las partes. Más allá de la postura esgrimida por las partes en la mesa, lo alcanzado el sábado ha tenido múltiples visiones. Los gremios, como lo reseñó María Isabel Rueda en su columna del domingo, denuncian una extralimitación de funciones del Comité Nacional de Participación.

De igual forma, expertos de distintos espectros destacan que es un gesto de suma importancia, ya que es un acuerdo en sí mismo, algo que siempre había sido imposible de lograr con el Eln.
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“Hay que resaltar que es bueno tener un acuerdo, ha sido lo más lejos que se ha llegado con el Eln”, indicó Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).

En esa misma línea se pronunció el analista y experto en temas de paz Andrés Macías: “Eso le da un poco de respiro al proceso, ya que no se habían tenido muchos logros recientemente”.

Juan Camilo Restrepo, que fue negociador con el Eln durante el gobierno de Juan Manuel Santos, también destacó lo logrado: “Por primera vez se le da un marco metodológico a la consulta de la sociedad civil, que ha sido históricamente un estribillo del Eln en las negociaciones. Es un marco procedimental sobre estas múltiples reuniones”.
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Sin embargo, Restrepo, como otros consultados también expresaron sus reservas frente al texto de ocho páginas, que incluso no fue firmado por algunos de la delegación del Gobierno, como José Félix Lafaurie.

Restrepo indicó que “es confuso y ambiguo” el contenido del acuerdo. Para él, se “omite decir que estos cambios deben presentarse en el Congreso para las reformas legales y constitucionales”. A esto añadió que debe tenerse claro que la ruta por la que deben asumirse las reformas que se acuerden es la vía legislativa, “o sería una constituyente por detrás, como la que propone Leyva”.

Macías también apuntó a que los acuerdos vienen con “una gran controversia encima” ante los vacíos del texto sobre el alcance de la participación y lo referente al carácter “vinculante” de lo acordado.
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Entre los principios del acuerdo se establece que la participación es vinculante en cuanto a que “las partes adquieren el compromiso de impulsar y lograr las transformaciones” que se lleguen a acordar en estos espacios.

Precisamente, sectores gremiales venían prendiendo las alarmas desde hace una semana en este punto. Estos reaccionaron con una carta ante el borrador que estaba circulando sobre los acuerdos y reafirmaron sus tesis con lo firmado en la tarde del 25 de mayo.

Bruce Mac Master, presidente del Consejo Gremial, resaltó la importancia de avanzar en la “reducción de las violencias”, pero al mismo tiempo advirtió que debe garantizarse que “dentro del proceso no habrá ningún tipo de concesiones que violenten la institucionalidad y la Constitución colombiana, así como la garantía total de que cualquier propuesta de cambio debe ser consultada de acuerdo con los mecanismos que la Constitución tiene definidos para tales efectos”.

Desde la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) se ahondó en las dudas que deja el tema del carácter vinculante. “Es un aspecto. En un Estado democrático son las instituciones reconocidas en la Constitución, como el Congreso, las que toman las decisiones en las grandes reformas”, declaró su director, Jorge Enrique Bedoya.

Precisamente en la carta de hace unos días, en la que cuestionaban apartados del borrador, los gremios pidieron modificaciones frente a este aspecto del carácter vinculante.

Asimismo, cuestionaron que entre el temario fijado para discutir estuviesen temas del régimen político, modelo económico, política ambiental y educación y cultura.

Una semana después de conocerse la misiva, indicaron que hubo cambios y modulaciones, pero se mantuvo gran parte del grueso que criticaron en el primer borrador. A consideración de los gremios, que se hayan trazado líneas tan específicas en esta fase del proceso excede el alcance que se planteó inicialmente. “Su propósito nunca fue determinar una agenda. Esto excede sus competencias y genera un serio manto de duda sobre la legitimidad de una participación (...), pues un organismo que no tiene competencias constitucionales está generando una agenda de reformas estructurales”.
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En ese sentido, Bedoya, de la SAC, advirtió que se está pidiendo la participación ciudadana para debatir temas de suma importancia en la estructura institucional, pero el acuerdo no incluye las garantías de “que la ciudadanía participe sin presiones y sin miedo”. Esto ya que no se hace mayor mención a temas como narcotráfico, extorsiones, minería ilegal o secuestro, este último un tema que supuestamente iba a ser requisito para avanzar en los acuerdos y no fue así.

En ese sentido, Bedoya, de la SAC, advirtió que se está pidiendo la participación ciudadana para debatir temas de suma importancia en la estructura institucional, pero el acuerdo no incluye las garantías de “que la ciudadanía participe sin presiones y sin miedo”. Esto ya que no se hace mayor mención a temas como narcotráfico, extorsiones, minería ilegal o secuestro, este último un tema que supuestamente iba a ser requisito para avanzar en los acuerdos y no fue así.

Precisamente, Laura Bonilla, de Pares, indicó que se olvidan del tema de garantías para que la ciudadanía pueda ser partícipe de los espacios. A esto añadió que es previsible que haya polémicas, pues “se habla de temas como el modelo económico y eso asusta”.

Expertos coincidieron que aún falta mayor claridad sobre los alcances en temas de régimen político y modelo económico, pues hay apartados que dejan más cuestionamientos que certezas.

Por ejemplo, se habla de acabar con los “clanes políticos”, pero eso puede ser un marco en el que se puede encuadrar a cualquier grupo político. Asimismo, se habla de “democratización de la información y la comunicación”, lo que siembra dudas sobre el alcance de este punto y si puede usarse para afectar la libertad de prensa.

En este aspecto, el profesor Mario Morales, que fue director del énfasis de periodismo en la Universidad Javeriana, indicó que es necesario “aterrizar” la propuesta, pues “el demonio está en los detalles”. Este explicó que si es apoyo a medios alternativos, es importante, pero siempre buscando no ser cooptados por el gobierno de turno, contrario a lo que ocurre con el sistema de medios públicos. A esto añadió que este apartado de ninguna manera puede usarse para ejecutar “limitaciones al periodismo”.
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Por otro lado, ante el tema de modelo económico, siempre ha estado el temor ante el enfoque ideológico del Eln y este apartado no es muy claro en sus alcances. Por eso, expertos señalaron que los vacíos que deja el texto son problemáticos.

“El texto en sí mismo debería ser lo suficientemente explícito para que no genere esas controversias, es preocupante que sean los negociadores los que deben salir a hacer explicaciones adicionales”, concluyó Andrés Macías.