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Alertan que 'agoniza' nueva licitación de pasaportes que lleva 18 días congelada

Contrato de urgencia manifiesta de Thomas Greg vence en 7 meses: 'No hay tiempo de implementar otro'

Canciller (e) Luis Gilberto Murillo y Álvaro Leyva, Canciller suspendido. Foto: Archivo particular

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Unidad Investigativa

11.03.2024 18:57 Actualizado: 12.03.2024 00:44

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A expensas de la Contraloría General, se buscará que tanto la Cancillería como el grupo UT Pasaportes 2023 (del que hace parte Thomas Greg) busquen vías para destrabar la suerte del contrato de suministro de pasaportes y visas por 599 mil millones de pesos que ya completa seis meses en el limbo.

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Tanto el Gobierno como el canciller encargado Luis Gilberto Murillo ya dijeron que, a pesar de que se tumbó la resolución que declaró desierta la primera licitación, no se le va a entregar al grupo de Thomas Greg. Esa postura ya desencadenó una citación de la comisión segunda del Senado a Murillo, este martes 12 de marzo, para que explique qué va a pasar con el caso.

'Ya no hay tiempo'

Luis Gilberto Murillo, canciller encargado, en el debate de control político en la Cámara. — Luis Gilberto Murillo, canciller encargado, en el debate de control político. Foto:Prensa Cámara

Pero el tema va más allá del debate de control político y del pleito entre Thomas Greg y la Cancillería.

EL TIEMPO conoció varias alertas de empresas interesadas en la nueva licitación en las que le advierten al Gobierno que, tras el congelamiento del nuevo proceso, ya se está agotando el tiempo para firmar un nuevo contrato de suministro de libretas de pasaportes y visas.

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El canciller Álvaro Leyva. Foto:Getty Images

En efecto, ya han transcurrido 18 días desde que la Cancillería frenó la segunda licitación, bajo el argumento de que se iban a incorporar las observaciones de los interesados.

"El proceso de la segunda licitación está literalmente agonizando. En siete meses se vence el contrato que se le otorgó a Thomas Greg por urgencia manifiesta y los tiempos no dan", le dijo a EL TIEMPO uno de los empresarios que busca participar en el proceso por 416 mil millones de pesos.

Las observaciones

EL TIEMPO conoció varias observaciones al proceso en las que se asegura que en la urgencia manifiesta que le permitió a Álvaro Leyva entregarle el contrato a Thomas Greg se considera y establece explícitamente que debe haber un tiempo prudencial para la implementación de la expedición de pasaportes.

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Y se agrega que según el informe que presentó la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) debe ser un mínimo de 7 meses.

Observaciones de la Imprenta Nacional al proyecto de pliegos de la licitación. Foto:EL TIEMPO

De hecho, compañías como s Holográficos Sucursal Colombia, le pidió a la Cancillería respetar los tiempos mínimos de implementación y rechaza lo establecido en el pliego que está congelado: cinco meses.

"Este tiempo de implementación establecido de 5 meses es supremamente riesgoso por no decir imposible de cumplir por un tercero diferente al actual proveedor", señaló la empresa, que incluso manifestó que nuevamente con ese tipo de requisitos se presenta un claro favorecimiento.

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Y aunque algunos interesados no pidieron ampliar el plazo de implementación, le aseguraron a EL TIEMPO que con el congelamiento del proceso se van a acortar los plazos, favoreciendo de nuevo a Thomas Greg.

La Imprenta también pidió ajustes

Observaciones de s Holográficos al proyecto de pliegos de la licitación. Foto:EL TIEMPO

La Propia Imprenta Nacional, que ya fue contratada a través de un convenio interistrativo con Migración Colombia para hacer las cédulas de extranjería, también hizo la misma observación.

Le envió una carta al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores asegurando que el plazo de 5 meses va en contra del informe de la OACI.

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

"Un tiempo de implementación inferior a 7 meses claramente solo favorece al actual proveedor al tener ya implementada la solución, dejando a los demás proponentes en total desventaja competitiva o, más aún, por fuera del proceso, como lo es en nuestro caso", señala el documento.

El Gobierno tendrá que decidir que va a hacer con la primera licitación y, ahora con la segunda.

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