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Investigación
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El correo en el que Alemania confirma alteración en papeles de millonaria licitación en el Ejército colombiano
Adquirió detectores de minas por $ 8.700 millones. Dicen que todo es legal. Hace un mes se revocó otro proceso donde hay falsedad y hay rastro de Centros Poblados.
La Cenac adquirió 342 detectores de minas antipersona por 8.700 millones de pesos. Foto: EL TIEMPO
En Stuttgart, Alemania, la sede principal de la ensambladora de lujo de la Mercedes Benz, de Porsche y de otras industrias mundiales, andan indagando por una licitación que se acaba de adjudicar en Colombia para la adquisición de detectores de minas antipersona.
Los aparatos no solo salvan a diario decenas de vidas de civiles y uniformados del Ejército en zonas de guerra entre bandas criminales, guerrillas y el Estado. Además, son clave para que el país cumpla el compromiso adquirido tras la firma del ‘Tratado de Ottawa’, que busca dejar a Colombia libre de minas, en diciembre de 2025, con la ayuda de multimillonarios aportes de países cooperantes, especialmente Estados Unidos.
Como estos son los detectores de minas adquiridos por el Ejército. Foto:Suministrada
A pesar de la trascendencia de la compra, EL TIEMPO denunció en octubre que había dudas sobre la manera en la que la Central istrativa y Contable de Ingenieros del Ejército Nacional (Cenac de Ingenieros) adjudicó un contrato para la adquisición de 342 detectores de minas antipersona.
En julio pasado se anunció una licitación inicial por cerca de 2.000 millones de pesos. Pero no se movió y decidieron abrir otra y juntar dos giros para llegar a los 8.700 millones de pesos de presupuesto, que es lo que está bajo la lupa.
Un puñado de observaciones al proceso licitatorio señalan que documentos clave que radicó uno de los proponentes presentarían alteraciones de fondo.
EL TIEMPO investigó y estableció que, hace tan solo un mes, en esa misma entidad se tuvo que revocar otra millonaria adjudicación para el mantenimiento de alojamientos en unidades militares del país por una falsedad documental.
Además, este diario encontró en ese caso un nexo con una de las empresas estelares del escándalo del millonario contrato de Centros Poblados, que estalló en la istración Duque.
A oídos de Mindefensa
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, empezó a indagar sobre el caso tras la primera alerta de EL TIEMPO. Foto:Mindefensa
En el tema de los detectores de minas, la Cenac de Ingenieros les dio total validez a los documentos cuestionados y adjudicó el contrato.
Pero el caso es tan sensible que, tras la alerta de EL TIEMPO, terminó escalando hasta Alemania (sede de una de las empresas que fabrica estos artefactos) y hasta al despacho del ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien anda pidiendo información detallada sobre la millonaria compra.
De hecho, tras evaluar las denuncias, Velásquez acaba de ordenar que se compulsen copias del caso a la Procuraduría, a la Contraloría y a la Fiscalía para que se investiguen “presuntas irregularidades en el proceso licitatorio”. Y ordenó una investigación interna en el Ejército para esclarecer los hechos.
Noticias desde Stuttgart
Esta es una de las apostillas presentadas por la Unión Temporal Vallon. Foto:EL TIEMPO
En efecto, a dos asesores de Velásquez les llegó la misma información que el Tribunal Regional de Stuttgart le entregó oficialmente a EL TIEMPO sobre la posible alteración en documentos.
Para verificar la denuncia, el 28 de octubre pasado este diario envió a Alemania los documentos apostillados que aparecen en la plataforma oficial Secop II, aportados por el proponente y ganador del contrato, y cuestionados por otro participante.
El proponente elegido por la Cenac de Ingenieros fue la Unión Temporal Vallon, conformada por la multinacional Vallon GMBH y la empresa colombiana Segnal S.A.S.
Puntualmente, EL TIEMPO le preguntó al Tribunal Regional de Stuttgart si los documentos que la firma alemana Vallon le expidió a la colombiana Segnal eran auténticos. En estos, se otorga poder amplio y suficiente para participar en los procesos de licitación en Colombia, entre otros puntos.
En tres años, van 229 víctimas de minas antipersona, entre militares y civiles, especialmente niños. Foto:Mindefensa
“Puedo informarle que el Tribunal Regional de Stuttgart no ha emitido ninguna de las apostillas que usted mencionó”, respondieron voceros del Tribunal de Justicia alemán a EL TIEMPO tras revisar los documentos remitidos.
Y agregaron: “Como se puede ver claramente en las copias presentadas, los originales son apostillas del Tribunal Regional de Tubinga y no de este”, se lee en la respuesta a este diario.
Y si bien aconsejaron consultar en otra instancia la autenticidad del apostillado, añadieron: “Sin embargo, es evidente a partir de los documentos enviados que las traducciones no coinciden con los originales presentados. Ni se menciona el mismo notario, ni el tribunal correcto”.
Se busca verificar si los artefactos adquiridos además de metal, detectan el cableado de las minas antipersona. Foto:Mindefensa
El Tribunal de Stuttgart también señaló que, hasta el momento, ni el Ejército colombiano ni ninguna autoridad le han pedido certificar si hay alteraciones en los documentos.
Lo mismo le respondieron a la Unión Temporal Minelab IV, cuyos representantes se reunieron con dos asesores del ministro Velásquez para hacerles las denuncias sobre las posibles falsedades, que ya le pusieron de presente a la Fiscalía.
A los asesores de la cartera de Defensa les advirtieron que hay inconsistencias en las fechas de los documentos, en la ciudad donde fueron otorgados, en quien firma el apostillado, en los sellos y hasta en la firma del traductor.
“Esta última fue sobrepuesta y habría cómo probar que el traductor no los firmó”, le dijeron a EL TIEMPO voceros de la Unión Temporal Minelab IV.
Sin protocolo de prueba
En la denuncia se asegura que no se hizo el protocolo de prueba establecido en las normas. Foto:EL TIEMPO
Pero la indagación va más allá de las dudas sobre un papel. EL TIEMPO estableció que la cartera de Defensa anda preguntando por qué, a diferencia de procesos anteriores –en 2017, 2021 y 2022–, esta vez la Cenac de Ingenieros no hizo protocolo de pruebas de los detectores de minas antipersona.
“Se trata de un ejercicio de campo en el que participan las firmas interesadas para verificar si los aparatos de cada oferente alertan de manera precisa la presencia de minas o fallan, lo que en la vida real se puede convertir en la muerte o graves heridas a civiles y militares”, explicó un oficial activo.
En este caso, se hicieron pruebas cerradas en la base de Tolemaida (Cundinamarca), con la presencia del director y ordenador del gasto de la Cenac de Ingenieros, el coronel Juan Carlos Mosquera Mesa.
El tema cobra relevancia porque en otras licitaciones, si bien los detectores reaccionaron ante el hallazgo de metales, pocos ubicaron el cableado que organizaciones criminales utilizan y camuflan en la tierra, el barro y la maleza para sembrar minas antipersona.
El traductor
Este es uno de los documentos que se subió al Secop en plena audiencia de adjudicación. Foto:Suministrada por autoridades
EL TIEMPO estableció que, en plena audiencia de adjudicación, el 27 de septiembre, la Unión Temporal Minelab IV puso de presente las presuntas inconsistencias en los documentos.
Y advirtieron que el poder que la firma alemana había extendido a la empresa colombiana no cumplía requisitos establecidos en el pliego licitatorio, en la ley de contratación ni en el Código General del Proceso.
Ante los reclamos, de inmediato la Cenac de Ingenieros suspendió por un par de horas el trámite de adjudicación. Y aunque los proponentes creían que se estaba evaluando la legalidad de las observaciones, en ese lapso empezaron a aparecer en la plataforma oficial del Secop II los documentos ya corregidos y firmados por el mismo traductor.
“Legalmente, esos documentos tienen que entenderse como inexistentes, porque el plazo para subsanar inconsistencias ya estaba vencido”, señalaron voceros de la Unión Temporal Minelab IV.
Además, aseguraron que el traductor oficial estaría dispuesto a declarar cuándo le pasaron los documentos en alemán, cuándo los tradujo y cuándo los firmó oficialmente: “Y ahí está la data para corroborarlo”.
De hecho, no se descarta que la Embajada alemana en Bogotá pregunte por el caso por tratarse de un traductor oficial y reputado que aparece en una lista elaborada por esa sede diplomática.
‘Acta de verificación’
Este es el Acta de verificación de documentos’ suscrita por el coronel Mosquera y por Víctor Hugo Martínez Montero, el representante de la Unión Temporal Vallon. Foto:EL TIEMPO
El 3 de octubre, tres días después de la adjudicación del contrato, apareció un ‘Acta de verificación de documentos’ suscrita por el coronel Mosquera, por Víctor Hugo Martínez Montero, el representante de la Unión Temporal Vallon; y por del comité evaluador.
Aunque advierten que las observaciones hechas al proceso eran extemporáneas, en el acta se concluye: “(...) teniendo en cuenta que la inconsistencia presentada en el documento (fecha de expedición) no invalida el mismo (...) aunado a que el documento no ha sido tachado ni desconocido por quien aparece suscribiéndolo y él mismo ha ratificado su contenido y suscripción, lo que permite afirmar que el documento es veraz, goza de plena validez procesal y que en ejercicio del principio de buena fe y legalidad la entidad lo presume auténtico”.
Y recalcaron que para garantizar el principio de la selección objetiva, “es necesario que las entidades estatales se abstengan de rechazar las ofertas por el incumplimiento de requisitos meramente formales, sacrificando la favorabilidad que podría representar la oferta que adolezca de estos defectos sin que se permitiese su corrección”.
A pesar de ese concepto, cuatro días después de firmar la llamada ‘Acta de verificación de documentos’, la propia Cenac de Ingenieros le compulsó copias a la Fiscalía “como ente competente para investigar las posibles conductas que puedan generar la comisión de delitos”.
El ente acusador ya tiene un radicado abierto que se está pidiendo reasignar a la Dirección Anticorrupción para que se establezca si se trató de errores de buena fe que podían subsanarse en cualquier momento o conductas penales.
En el acta de verificación de documentos el Cenac argumentó que es necesario que las entidades estatales se abstengan de rechazar las ofertas por el incumplimiento de requisitos meramente formales. Foto:EL TIEMPO
¿Qué dice Mosquera?
Coronel Juan Carlos Mosquera Mesa, director y ordenador del gasto de la Cenac de Ingenieros. Foto:Archivo particular
A principios de octubre, EL TIEMPO se comunicó al celular del coronel Mosquera, el encargado de la Cenac de Ingenieros cuando se adelantó el proceso y quien firma el ‘Acta de verificación de documentos’, pero se colgó abruptamente la llamada cuando el periodista se identificó y le preguntó sobre el tema de la adquisición de los detectores de minas.
Luego lo bloqueó. Y si bien se le llamó desde otros celulares, al cierre de esta edición no había respondido los mensajes. De hecho, en el Ejército informaron que después de la firma del contrato salía de vacaciones y que era posible que pidiera la baja.
Quien sí ha respondido es Víctor Hugo Martínez Montero, representante legal de la Unión Temporal Vallon. A principios de octubre aseguró, vía correo electrónico, que la presentación de los documentos se había hecho con transparencia y legalidad.
El Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario N. °3 se encargó de la desactivación. Foto:Ejército Nacional
“Los documentos físicos originales, aclaraciones, apostillas y traducciones oficiales fueron presentados a la entidad en la etapa procesal establecida. Esto hace referencia al proponente adjudicatario, reiterando que presentamos la totalidad de requisitos documentales que avalan nuestro ofrecimiento”, explicó.
Y aseguró que el Ejército Nacional realizó una evaluación imparcial, bajo el principio de transparencia y selección objetiva, bajo el control de la dirección de aplicación de normas de transparencia del Ejército Nacional, y demás entes de control.
“Fue la oferta más favorable para la entidad. Encontrándose la totalidad de pruebas documentales y requisitos exigidos para la validez de la oferta. Nuestra propuesta obtuvo una diferencia económica en más de 1.850 millones de pesos frente al otro proponente, recursos que se ahorró el Estado colombiano adquiriendo equipos de última tecnología sin ningún tipo de sobrecostos”, agregó.
‘Todo se subsanó’
La cifra de víctimas de minas ha aumentado en 2024. Foto:Archivo particular
El pasado viernes, luego de que el Tribunal Regional de Stuttgart negó la emisión de las apostillas que fueron presentadas en el proceso licitatorio, este diario se volvió a comunicar con el representante de la Unión Temporal Vallon.
En una extensa comunicación telefónica, reconoció que en el momento de traducción de las apostillas se corrigió un error en la ciudad de origen. Nada más.
“En la audiencia de adjudicación, las traducciones oficiales presentaron unas no conformidades que inmediatamente se corrigieron. Todo eso se subsanó. Las traducciones decían que eran de Stuttgart, pero esto fue una no conformidad porque el documento original dice que fue expedido en la ciudad de Dobblinger”, señaló Martínez.
Y fue enfático en que los detectores de metales de la empresa que representa pasaron todas las pruebas y cumplieron con todos los requisitos.
Pero no se refirió a las otras no conformidades que se pusieron en evidencia y que ahora el Ministerio de Defensa pide que se investiguen.
Su explicación resulta clave porque la empresa colombiana que representa se ha ganado recientemente otros contratos con la Cenac de Ingenieros y con la Armada Nacional. Con la Cenac firmó uno, el 25 de junio, por 1.885 millones de pesos, para la adquisición del robot antiexplosivos (plataforma robótica antiexplosivos-vehículos terrestres no tripulados) para la vigencia 2024.
La Armada Nacional también le compró detectores de minas a Segnal SAS. Foto:Armada de Colombia.
Y el 24 de octubre, la Armada le compró otros detectores de minas antipersona de la firma alemana Vallon. En ese proceso, por 1.046 millones de pesos, también se presentaron documentos apostillados.
Adicionalmente, con el caso de los detectores de minas, terminó saliendo a flote el otro proceso licitatorio, adelantado en la Cenac de Ingenieros, que se tuvo que revocar porque uno de los participantes demostró que el ganador había aportado una certificación falsa.
El proceso (para la adecuación de varios alojamientos militares, por 7.200 millones de pesos) tuvo que asignársele al segundo en puntaje.
Ahora se espera que las compulsas del caso de los detectores que ordenó el ministro Velásquez aceleren la indagación en la Fiscalía para aclarar si se cometió o no algún delito. Y se pedirá que una vez se entreguen los primeros aparatos, se haga el protocolo de prueba para verificar si detectan metales y el cableado de estas armas mortales.
En 3 años van 229 víctimas de minas
Cifras de la Presidencia de la República, indican que este año ha habido un aumento en las víctimas de minas antipersona, comparado con 2023.
A la fecha van 80 víctimas, especialmente niños. El año pasado fueron 59 y en 2022, la cifra fue de 90. Según el Comando General de las Fuerzas Militares, las disidencias de las Farc han sido responsables del 91 por ciento de las minas y artefactos explosivos destruidos en el territorio nacional en 2024. Y el Eln ha instalado el 4 por ciento de estas letales armas, a la par con el ‘clan del Golfo’.
EL TIEMPO denunció una presunta alteración de documentos en la licitación para compra de detectores de minas. El tribunal de Stuttgart, de donde fue supuestamente emitidas unas de las apostillas presentadas por un proponente, confirmó por correo electrónico que dichos documentos no fueron emitidos por la autoridad. La investigación se realizó en Bogotá, Colombia.