Reforma de la educación: saliente ministra Vergara confirma borrador de cinco nuevos proyectos de ley, ¿cuáles son?

La saliente Ministra de Educación, Aurora Vergara, confirmó en diálogo con EL TIEMPO, que ya entregó al Ministerio de Interior un total de cinco proyectos de ley que hacen parte de la reforma a la educación, y que el Gobierno espera sacar adelante en los últimos dos años de gestión.

“El ministro del Interior Juan Fernando Cristo queda con cinco proyectos de ley estructurados en sus manos, de los cuales ya hay borradores” y señaló que ahora queda en dicha cartera, y en el nuevo ministro de Educación, Daniel Rojas, “que los revisen y que tomen decisiones sobre cuáles priorizan con el presidente de la República”.

En este orden de ideas, la ministra le confirmó a EL TIEMPO que desde el pasado lunes quedó en manos de Cristo los textos de estos cinco proyectos, los cuales consisten en una nueva ponencia para el proyecto de ley estatutaria de educación (la cual se hundió en el congreso el pasado mes de junio a falta de un último debate), la reforma al Sistema General de Participaciones, la nueva ley o reforma de la educación superior (reforma de la Ley 30 de 1992), el nuevo estatuto docente etnoeducador, y la reforma al Icetex, que la saliente ministra calificó como “el que necesita mayores consensos y revisiones”.

“Los dos ministros, tanto el de Educación como el del Interior, deben revisar para poder garantizar que se tome la decisión de cuál se presenta primero en conexión, por ejemplo, con los otros proyectos que están en el Congreso como el de la reforma a la salud. No se deja una discusión, una serie de ideas, sino ya un articulado”, explicó al respecto la ministra Vergara.

Sin embargo, la funcionaria también aseguró que será el Gobierno, y particularmente los nuevos ministros, los que darán a conocer a su tiempo el contenido de estos proyectos.

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El proyecto de ley estatutaria que busca reglamentar a la educación como un derecho fundamental en todos los niveles. Esto, con el fin de crear un marco legislativo que obligue al Estado a garantizar dicho derecho en sus diferentes niveles.

Uno de los principales avances de la propuesta, es que se hace obligatoria la educación media (grados décimo y once), los cuales hoy en Colombia no son obligatorios, por lo que hay muchas regios en las que los colegios no ofrecen estos cursos, lo cual lleva a que las cifras reflejen a este como uno de los puntos de mayor deserción escolar.

De hecho, hoy la cobertura en este segmento es del 55,4 por ciento, es decir que el 44,6 por ciento de los menores que, por edad, deberían estar en décimo y once hoy se encuentran desescolarizados.

Pero el proyecto también incluía temas como el derecho fundamental a la primera infancia y a la educación, los cuales han sido bien recibidos por el sector. Sin embargo, algunos puntos de la ponencia anterior han causado reparos como los temas de gobernanza en las universidades, o el reconocimiento de un sistema mixto.

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La nueva Ley de Educación Superior, o la misma reforma a la Ley 30, que promete cambiar por completo diferentes aspectos de este sector, entre ellos la parte financiera (según el Sistema Universitario Estatal hacer esta reforma es importante porque el faltante presupuestal hoy en las universidades públicas supera los 15 billones de pesos y puede seguir en aumento dado el actual método con el que se calcula el incremento presupuestal anual de las instituciones con base al IPC).

Se trata de uno de los proyectos más delicados porque, además de plata, se pueden modificar las concepciones de gobernanza, autonomía y bienestar en las universidades, del sistema de aseguramiento de calidad, entre muchos otros. Además, de ello depende el cumplimiento de la meta de 500.000 nuevos cupos, gratuidad y creación de nuevas sedes universitarias.

En lo que respecta a la reforma al Sistema General de Participaciones, se trata de la bolsa de recursos que aporta más del 60 por ciento del presupuesto de Educación en el país, de donde se desprende la enorme carga de gastos de funcionamiento. De ahí se desprenden los recursos para los ascensos docentes así como diferentes rubros de inversión en educación.

Por su parte, la reforma al Icetex promete ser de las que cause mayores tensiones, dado que esta entidad financia gran parte de las matrículas de los estudiantes de las universidades privadas. A esto se suma la presiones de los s que reclaman créditos educativos más equitativos, con menos intereses, además de condonaciones, a lo cual se espera llegar sin afectar la estabilidad financiera del Instituto.

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Por su parte, desde las universidades privadas crece el temor de que la tendencia del Gobierno de apoyar principalmente a las universidades públicas en detrimento de las no oficiales termine por cambiar el funcionamiento de Icetex y se reduzcan los estímulos para financiar créditos educativos.

Por último, el nuevo estatuto docente etnoeducador buscaría cambiar las condiciones de los profesores del país, en especial los llamados etnoeducadores, con el fin de hacer ajustes en tema salarial, formación, evaluación, entre otros.

MATEO CHACÓN ORDUZ

Periodista de Educación