Con un fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos al excongresista Nilton Córdoba, pues se determinó que sí fue partícipe del escándalo conocido como el 'cartel de la Toga'.
El órgano de control encontró desde su Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular que Córdoba le entregó 200 millones de pesos al magistrado auxiliar Camilo Andrés Ruiz, por intermedio de su entonces defensor Luis Gustavo Moreno, con la intención de que lo favoreciera en dos procesos penales que se le seguían en contra en la Corte Suprema.
El auxiliar trabajaba en el despacho del magistrado Gustavo Enrique Malo, y en lo que atañe a Nilton Córdona, su conducta fue mencionada por Moreno Rivera en el proceso penal con el que se investigó a diferentes funcionarios de la Rama Judicial por el escándalo del 'cartel de la Toga'.
La Corte Suprema de Justicia leyó ayer el fallo contra Luis Gustavo Moreno en una audiencia. Foto:Corte Suprema
En la Corte Suprema, los expedientes contra el exrepresentante a la Cámara destituido tenían que ver con irregularidades en la construcción de la alcaldía de Medio Baudó, Chocó; y por un presunto lavado de activos en actividades de explotación de oro y platino.
A nivel disciplinario, para la Procuraduría esa entrega de 200 millones de pesos “quebrantó sus deberes funcionales al no actuar conforme al marco normativo y acorde con la majestad de su investidura, vulnerando el principio de moralidad que regula la función istrativa, sin justificación alguna en su proceder”.
Ese daño se lo reprocharon aún más porque Córdoba fue un servidor elegido por voto popular, de quien la sociedad espera un comportamiento más transparente y correcto. Por esos hechos, la entidad calificó la conducta de Nilton Córdoba como una falta gravísima cometida a título de dolo, la cual podrá ser apelada en una segunda instancia.
La relación con el caso Uribe
Ese proceso de presunta corrupción en Chocó que llevó a la Corte Suprema a investigar a Nilton Córdoba por hechos de cuando fue alcalde, llevó a la magistratura a ordenar una serie de actuaciones que incluyeron la interceptación de teléfonos.
La relación que tiene ese proceso con el conocido caso por presunto fraude y soborno a testigos que en 2018 nació en la Corte contra Uribe, es que en un inicio esa corporación ordenó interceptar a Córdoba, pero terminó escuchando la línea telefónica del exjefe de Estado. Finalmente, ante un debate jurídico entre involucrados, se determinó que esos procedimientos fueron legales.
En este portal utilizamos datos de navegación / cookies propias y de terceros para gestionar el portal,
elaborar información estadística, optimizar la funcionalidad del sitio y mostrar publicidad relacionada
con
sus preferencias a través del análisis de la navegación. Si continúa navegando, usted estará aceptando
esta
utilización. Puede conocer cómo deshabilitarlas u obtener más información aquí