Tras 14 años, militar recibió los restos de su hermana, víctima de ‘falsos positivos’

Este 30 de noviembre, el mismo día en que se graduó del colegio, Paula* recibió en un pequeño cofre los restos de su madre, Diana María Úsuga Gómez, quien desapareció cuando Paula tenía un año de nacida.

Solo hace unas semanas, la familia de Diana supo que ella fue asesinada por militares y presentada como una baja en combate, y luego, enterrada en una fosa sin nombre, con dos cuerpos más, en el cementerio Las Mercedes, de Dabeiba, Antioquia, de donde era oriunda.

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Al inhumar de ese modo los cuerpos de crímenes de ‘falsos positivos’, exintegrantes del Ejército esperaban que la verdad sobre los hechos no viera la luz, pero el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) develó que por más de 25 años varias unidades militares usaron este camposanto para desaparecer al menos a 48 personas que fueron asesinadas en ejecuciones extrajudiciales.

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Entre las víctimas hubo campesinos a los que señalaron de auxiliadores de la guerrilla, jóvenes engañados con ofertas de empleo y personas vulnerables, como habitantes de la calle. En la última categoría, según la JEP, se ubica el caso de Diana, quien tenía 21 años cuando fue asesinada. La última vez que su familia supo de ella fue en septiembre de 2009, pues aunque estaba en situación de calle, cada ocho días llegaba a la casa de Bellanira, su mamá, quien la cuidaba.

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“Diana visitaba mucho a mi mamá, ella se iba máximo 8 días, pero volvía y se quedaba en la casa, hasta que un día pasaron 8, 15 días, un mes y no aparecía. Ahí supimos que había desaparecido del municipio, porque Dabeiba es pequeño y todo el mundo se conoce”, contó a EL TIEMPO Daniel Úsuga, hermano de Diana.

Al ver que su hija no aparecía, Bellanira comenzó a preguntar por ella en municipios cercanos y en los primeros dos meses de búsqueda hubo un momento en el que le informaron de la aparición de unos cuerpos femeninos en un sitio cercano, aunque fue al lugar para ver si identificaba a su hija, ella no estaba allí.

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Su familia conservó la esperanza de encontrarla viva por mucho tiempo, e incluso en informes de Policía Judicial revisados por la JEP se decía que se consideraba a Diana como viva.

“Yo como hermano mayor les decía: ‘Ella está viva’. Pero al ver que pasaron muchos años, mi mamá comenzó a sospechar que había pasado algo, comienza a pensar que ella estaba muerta porque si no, Diana habría ido a la casa”, continuó Daniel.

Pese a la sospecha de que tal vez Diana había fallecido, su familia nunca pensó que hubiera sido asesinada y mucho menos que sus restos hubieran estado por tantos años en el cementerio de su mismo municipio.

Apenas este noviembre, la familia supo que Diana fue víctima de la práctica ilegal en la que militares asesinaron a personas para engrosar sus cifras de resultados operacionales. Doblemente duro fue para Daniel enterarse de la muerte de su hermana y de los responsables, porque él es soldado profesional y estuvo asignado, varios años después del hecho, a la Brigada Móvil (Brim) 11, a la que pertenecía el Batallón de Contraguerrillas (BCG) n.º 79, en el que estaban los asesinos de su hermana.

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“Yo pertenecí a la Brigada 11 en 2012, pero no estuve en el BCG 79 sino en otro batallón. Uno nunca se imagina esto, y ahora que encontramos a mi hermana, uno siente mucho dolor y tristeza. Las personas que cometieron estos crímenes ahora están respondiendo; si no hubiese sido por el exmilitar que dice que ‘acá hay unos cuerpos, excaven acá’, no hubiéramos encontrado el cuerpo de Diana”, contó Daniel Úsuga.

Él ahora mismo está asignado a una unidad militar en otro departamento y, así como su madre, espera poder hablar de primera mano con el soldado profesional (r) Levis de Jesús Contreras Salgado, quien les señaló a los magistrados Alejandro Ramelli y Nadiezhda Henríquez, que lideran la investigación de la JEP, puntos del cementerio en los que había enterrado a víctimas de ‘falsos positivos’.

“Como miembro de la Fuerza Pública yo he tenido siempre claro que la institución en la que estoy es respetuosa de los derechos humanos y garante del Derecho Internacional Humanitario. No sé qué llevó a estas personas a cometer este delito... ahora están en un proceso con la JEP y lo que más queremos es hablar con esta persona y que nos expliqué por qué, cómo fue que hicieron esto con mi hermana, y que nos pida perdón”, prosiguió diciendo Daniel.

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El hombre añadió que la desaparición de Diana fue muy dura para todos y que su mamá se afectó mucho: “Para una madre esto es un dolor que no tiene reparación. Para mi sobrina ha sido muy duro también, Diana la dejó como de un añito y ella todavía me pregunta: ‘¿Cómo era mi mamá, qué planes tenía, qué sueños tenía?’... Ha sido muy duro para todos”.

El 30 de noviembre, cuando recibió su diploma, Paula le dedicó sus grados a su mamá: “Este año lo gané por ti, madre”, dijo ella, según lo contó Daniel, quien añadió que su sobrina, hoy de 15 años de edad, quiere cumplir todos los sueños que su mamá no pudo, por eso se imagina siendo médica.

Él recuerda que con su hermana, que era muy contemporánea con él, tenían una relación muy bonita, iban juntos al colegio, y conoció de primera mano el respeto y cariño que ella tenía por todos los seres vivos, incluyendo los animales.

“Ella amaba mucho los animales, veía una gallina enferma e intentaba que volviera a su normalidad, sin importar el animalito que fuera. Tenía el corazón de poder salvar vidas”, contó Daniel, quien señaló que Diana quería ser médica.

“Ahora mi sobrina dice que quiere luchar por cumplir esos sueños que tenía su mamá. ‘Quiero saber sus sueños porque ahora que no está, yo la voy a representar’, me dice. Mi sobrina quiere ser médica porque ese era el sueño de Diana, y sé que hará todo lo posible por lograrlo y le pondrá todo el amor, eso me dice la niña”, contó.

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La misma Paula le evoca a Daniel la viva imagen de su hermana. “Mi sobrina tiene la misma estatura que Diana, tiene su caminado, sus gestos. Cuando me hablan de mi hermana, yo recuerdo a mi sobrina. Da mucha tristeza lo que pasó, pero ahora no queda sino enfocarnos en mi sobrina y tratar de que salga adelante y cumpla sus sueños”.

En el caso de Diana, si bien la JEP pudo recuperar sus restos en marzo de 2021, y confirmar su identidad, a través de Medicina Legal, en octubre de este año, aún no son claras las circunstancias puntuales de su muerte, pero estas seguirán en investigación por parte de la Jurisdicción de Paz.

En el acto de entrega digna del 30 de noviembre en Dabeiba, el magistrado auxiliar de la JEP Hugo Escobar Fernández de Castro, quien ha acompañado toda la investigación, leyó una carta dirigida por la Jurisdicción a Paula, en la que le dijeron:

“Aunque aún no conocemos las circunstancias exactas que rodearon la muerte de tu madre, nos comprometemos a indagar con el compareciente referido para obtener más detalles y compartirte la información que obtengamos. Lo que sí sabemos, y ha sido confesado ante la JEP, es la repetición de múltiples asesinatos y desapariciones forzadas dirigidos contra habitantes en situación de calle o consumidores, dentro de una práctica mal conocida como ‘limpieza social’. En ese patrón criminal, personas vulnerables, como tu madre, fueron víctimas del conflicto armado, tras ser engañadas”.

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En cuanto a lo que viene en general para el caso representativo de Dabeiba, que es un caso conjunto donde confluye la investigación del macrocaso 03, que investiga los ‘falsos positivos’, y el macrocaso 04, que se encarga de la violencia en la región del Urabá, a finales de octubre la JEP notificó que está concluyendo su investigación y en tres meses tendrá lista la resolución de conclusiones.

Esa resolución contendrá la investigación e imputación por desaparición forzada, homicidio en persona protegida y asesinato como crimen de lesa humanidad que se formuló a 10 exmilitares por el asesinado de más de 40 personas que enterraron en el cementerio Las Mercedes, así como la isión de responsabilidad de 8 de ellos, y las peticiones de verdad de las víctimas. Esa información pasará a ser contrastada por el Tribunal de Paz de la JEP, que es el encargado de emitir las sanciones.

Respecto a los dos que no aceptaron su responsabilidad, los coroneles (r) Jorge Alberto Amor Páez, excomandante de la Brim 11, y David Herley Guzmán Ramírez, excomandante del BCG 79, ellos irán a un juicio adversarial y, si son hallados culpables, se exponen a penas hasta de 20 años de cárcel.

* Nombre cambiado para proteger la identidad de la menor de edad.

El cuerpo de Diana fue el número 12 identificado y entregado a sus familiares por la JEP, de los 48 que fueron recuperados del cementerio Las Mercedes. Sus restos estaban en la fosa 25, intervenida entre el 6 y el 13 de marzo de 2021, y de donde se recuperaron los cuerpos de dos víctimas más.

De los 36 cuerpos que aún no han sido identificados, 17 corresponderían a descripciones de habitantes de las calle que fueron engañados en Medellín y trasladados a Dabeiba, y para contribuir a su identificación la Corporación Madres de La Candelaria decidió adoptarlos de forma simbólica para ayudar a buscar a sus familias.

De otra parte, los otros 11 cuerpos que sí han sido identificados y entregados dignamente son: (1) Édison Lexander Lezcano Hurtado, campesino asesinado en mayo de 2002 a los 23 años por militares del BCG-26; (2) Eliécer de Jesús Manco Úsuga, de 12 años de edad, y (3) Alveiro Úsuga Uribe, campesinos que fueron sacados de su casa y desaparecidos por militares el 14 de noviembre de 1997.

También han sido entregados los cuerpos de (4) Wilson Jairo Manco Úsuga, campesino desaparecido en 1997; (5) José Antonio Quesada Alian, desaparecido en 2002, cuando salió de Frontino, Antioquia, en busca de una mejor opción laboral y fue asesinado; (6) y Germán Darío Flórez Jiménez, un joven de 20 años que salió de su casa en Medellín, el 14 de mayo de 1982, con la promesa de encontrar trabajo;

Así mismo, han sido identificados y entregados dignamente los restos de  (7) Jorge Andrés Ortiz Zapata, desempleado trasladado de Medellín asesinado el 23 de marzo de 2007; (8) Óscar de Jesús Durango Pino, campesino desaparecido y presentado como muerto en combate entre el 6 y el 10 de febrero de 2004; (9)Yulieth Andrea Tuberquia, quien tenía 16 años, y (10) Nelson Antonio Goez Manco, jóvenes que habían sido reclutados por las Farc y luego fueron asesinados; y (11) Ormedis Zapata Durango, quien tenía 14 años y fue desaparecido en 2012.

MARÍA iSABEL ORTIZ FONNEGRA

Redacción Justicia

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