¿Cuáles son las reiteradas exigencias de los líderes emberás que viven de ayudas victimizando a mujeres y niños?

La situación de la frangmentada comunidad Emberá en Bogotá ha escalado a niveles preocupantes. Fuentes fidedignas le advirtieron a EL TIEMPO que parte de esta población está siendo manipulada por algunos líderes que han hecho de los subsidios distritales y estatales un modo de vida, obstaculizando intencionalmente los procesos de retorno a sus territorios y exigiendo pagos millonarios a cambio de permitir acciones institucionales.

En la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja, ubicada en la calle 4 No. 15-14,  uno de los espacios con mayor concentración de población indígena, se detectaron serias inconsistencias en las cifras de habitantes declaradas. Mientras sus líderes hablan de más de mil personas, funcionarios señalan que en realidad serían cerca de 400, muchas de las cuales ni siquiera viven en los albergues, sino en paga diarios de donde han sido expulsados por falta de pago. Son los mismos que, aunque reciben subsidios para alimentación y vivienda, piden albergues en vez de aprovechar los auxilios para vivir dignamente. 

Una de las denuncias más graves de las que se enteró este medio  apunta a que se están exigiendo 'ollas comunitarias' de entre 10 y  30 millones de pesos como condición para permitir la caracterización poblacional —paso clave para avanzar en procesos de retorno o reubicación—. 

También se exige la contratación de traductores indígenas a altos costos y la contratación de actos culturales, condiciones impuestas por los líderes para permitir el de las entidades a la comunidad.

A esto se suma lo más grave que es el uso instrumental de los niños, a quienes se impide asistir al colegio, pese a que el Distrito garantiza transporte y alimentación. Los ponen de escudo para que la Policía no intervenga cuando hay desmanes o tomas irregulares. 

En otros casos, se han documentado prácticas como el uso del cepo como castigo, bajo el argumento de costumbres ancestrales, lo que ha obligado al establecimiento de mesas de diálogo intercultural para evitar vulneraciones graves a los derechos de la infancia.

Son varios los líderes emberás que deberían explicar por qué se niegan a que sus niños reciban todas las ayudas o por qué de sus desbordadas exigencias. 

Detrás de esto comportamientos que se están presentando en la ciudad, se identifican varios líderes de la comunidad emberá que están movilizando a un número considerable de personas. En el Parque Nacional (PN), se encuentran Rosmira Campo con aproximadamente 200 personas, Ubiel Queragama con otras 200, y Walter Queragama liderando un grupo de 100 personas. 

Por otro lado, en la Unidad de Protección Integral (UPI), donde actualmente se alojan 92 familias que suman 211 personas, los líderes visibles son Saúl Arias, quien encabeza a 100 personas; Carlos Murillo con 60; y Wilmar Arias con 51. La articulación de estos líderes ha sido clave en la organización y persistencia de las ocupaciones, generando presión sobre las autoridades locales. 

Una variable determinante en la profundización del problema ha sido la rotación constante en la dirección de la Unidad para las Víctimas a nivel nacional, la institución de orden nacional llamada, como lo dice en su página web, a garantizar la implementación de una política de víctimas efectiva, eficiente, articulada e integral, con enfoque territorial, diferencial y de centralidad en las víctimas, que contribuya a la superación de su situación de vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos.

Las fuentes que hablaron con este medio señalan que, mientras algunas directivas anteriores mostraban conocimiento y articulación interinstitucional, las recientes designaciones carecen de experiencia en el tema. Esto ha generado retrasos, promesas incumplidas y falta de coordinación en los planes de retorno, lo cual ha erosionado la confianza de las comunidades y bloqueado acciones clave.

Uno de los ejemplos más críticos es la promesa de retorno hecha para el 27 de julio del año anterior, que nunca se concretó por falta de potestad por parte de la institución para inversiones de vivienda en territorio. Ese incumplimiento deslegitimó el proceso ante las comunidades y provocó que no se volvieran a programar retornos.

En los territorios de origen, como el Alto Andágueda, ubicado en el municipio de Bagadó departamento del Chocó,  donde retornaron hace no muchos varios indígenas las condiciones son de total abandono por no decir paupérrimas. 

No hay puestos de salud operativos, y las autoridades locales aseguran que cinco niños que habían salido del Parque Nacional fallecieron tras el retorno, por falta de atención médica cercaca a sus comunidades. De hecho, EL TIEMPO supo que hay un centro de salud que, según la fuente, no es operado por nadie. La construcción de una simple placa huella —vía básica de — solucionaría parte del problema, pero no ha habido voluntad política nacional para ejecutarla.

Lo único que ha dicho la Unidad para las Víctimas al respecto es que , con el propósito de garantizar condiciones dignas de vida del pueblo Emberá, liderará una visita con sus áreas misionales al resguardo Tahamí del Alto Andágueda para llevar una respuesta articulada del Gobierno nacional.

Mientras tanto, la ciudad soporta la carga de una crisis que no puede resolver sola, pese a que ha sumado esfuerzos de varias instituciones para ayudar a los indígenas. Aunque el Distrito ha calculado en 32 mil millones de pesos el costo de un retorno digno y sostenible, el gobierno nacional ha optado por dejar la responsabilidad a los entes locales a quienes no les corresponde una solución de raíz. 

En paralelo, líderes sin legitimidad —algunos con antecedentes de expulsión de sus comunidades o incluso acusaciones por delitos— imponen condiciones y controlan el a los servicios.

La autonomía indígena, lejos de ser un marco de protección cultural, se ha convertido, por lo menos en el caso de Bogotá,  en un escudo para impedir la acción de las autoridades. Casos de violencia —como la agresión a una funcionaria de la Secretaría de Integración Social a quien un emberá borracho intentó golpear y asfixiar— han terminado sin sanción, ya que las detenciones son bloqueadas por la supuesta autodenominada guardia indígena.

Y ni qué decir de los casos de maltrato hacia la mujer e intrafamiliar ampliamente conocidos por la opinión pública desde hace años o las denuncias por fiestas donde hombres emberás borrachos protagonizan peleas y escándalos.

La situación es insostenible. La Fiscalía y la Policía no actúan con contundencia por temor a conflictos con la jurisdicción indígena, y las denuncias instauradas por gobiernos locales en varias istraciones nunca han prosperado en la Fiscalía General de la Nación y ahí vuelve a aparecer la figura de la autonomía indígena por encima de delitos tan graves como la explotación infantil. "Dicen que si no es en flagrancia no pueden hacer nada", le dijo la fuente a este medio. 

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), que debería representar los intereses de las mujeres y los niños del pueblo Emberá han brillado por su ausencia, se ha mantenido ausentes, mientras emergen otras figuras que cada vez con más poder empiezan a mostrar ambiciones políticas que instrumentalizan la crisis para ganar protagonismo.

EL TIEMPO intentó comunicarse con líderes emberás, pero hasta el cierre de esta edición no fue posible una respuesta.

La Personería Distrital presentó incidente de desacato ante el Juzgado 24 de Familia de Bogotá por el incumplimiento del fallo de tutela de octubre de 2023 que ordenó el retorno y/o reubicación local de la comunidad indígena Emberá asentada en la UPI La Rioja, ante las condiciones insalubres y de hacinamiento en las que allí viven.

Hay que recordar que el Juzgado 57 istrativo del Circuito de Bogotá falló en primera instancia una acción de tutela interpuesta por la Personería de Bogotá, en la que se denunció la grave vulneración de derechos fundamentales de la comunidad indígena Emberá asentada en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja.

La jueza María Antonieta Rey Gualdrón determinó que, pese a sentencias previas que ya habían ordenado medidas de protección, las condiciones del inmueble continúan poniendo en riesgo los derechos a la vida, salud, dignidad humana, vivienda digna y pervivencia cultural de esta comunidad, víctima de desplazamiento forzado.

Durante una visita en febrero de 2025, la Personería evidenció hacinamiento, daños en las redes eléctricas e hidrosanitarias, presencia de plagas, consumo de alcohol en habitaciones, aguas negras en dormitorios y niños caminando descalzos. Según IDIPRON, el edificio debe ser evacuado de forma inmediata por el riesgo estructural.

• La evacuación inmediata de la comunidad Emberá de la UPI La Rioja y su reubicación en condiciones dignas, en un plazo no mayor a 48 horas.

• La caracterización urgente de toda la población para determinar quién desea retornar a sus territorios y quién desea permanecer en Bogotá.

• El acompañamiento permanente por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y el Ministerio del Interior hasta que se logre la estabilización socioeconómica.

La decisión reconoce que la comunidad Emberá es sujeto de especial protección constitucional y señala que el incumplimiento de medidas ordenadas en fallos anteriores ha agravado su situación.

CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ

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