Estos son los argumentos del proceso contra el exalcalde de Chía por fallas en la entrega del PAE

En el municipio de Chía (Cundinamarca), una investigación que venía adelantando la Procuraduría desde el 19 de enero de 2022 derivó en un proceso disciplinario que compromete al exalcalde municipal, Luis Carlos Segura Rubiano, y a la entonces secretaria de Educación del municipio, Liliana Villalobos Gordo, por la presunta omisión de sus deberes al no garantizar la prestación del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

De acuerdo con la entidad, durante 11 días el PAE no funcionó en 12 colegios públicos. Es decir, que por casi dos semanas, 14.700 niños, niñas y adolescentes —quienes en muchos casos reciben allí una de sus pocas comidas del día— no contaron con alimentación escolar.

“Si bien es cierto que los alcaldes pueden delegar funciones de supervisión de los contratos no es menos cierto que en cabeza de ellos esta la responsabilidad de verificar antes de la celebración la conveniencia o no del contrato, así como que las circunstancias y requisitos estén dados y que en el caso que nos ocupa debió cerciorarse que el municipio contaba con el tiempo suficiente para suscribir a tiempo el contrato de PAE y así evitar que se hubiese extendido a mas de 11 de días sin la prestación del servicio escolar”, afirmó la Procuraduría en el documento de 52 páginas.

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Los argumentos del máximo organismo de control para imputar cargos al exalcalde, en su periodo de gobierno entre 2020 y 2023, se basan en el presunto incumplimiento de tres normas dentro del marco legal colombiano:

La Procuraduría aseguró que Luis Carlos Segura Rubiano tenía la responsabilidad de garantizar que todos los servicios del municipio, incluido el PAE, funcionaran de forma eficiente. Sin embargo, en el pliego de cargos, documento en el que el organismo fundamenta el llamado a juicio, indica que no habría cumplido con su deber de liderar y asegurar la continuidad del servicio.

Según documentos de la Procuraduría General de la Nación conocidos por este diario, Segura Rubiano y su equipo no habrían previsto con suficiente antelación la terminación del contrato del PAE, ni tomado las medidas necesarias para evitar la suspensión del servicio. Esto, según la entidad, llevó a la vulneración de los derechos de los estudiantes.

De acuerdo con la Procuraduría, el exalcalde habría incurrido en una falta seria por “falta de cuidado”, al no actuar con la debida diligencia y planeación para cumplir sus funciones y garantizar la alimentación de menores de 18 años.

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El comportamiento expuesto por la Procuraduría va en contra de la Constitución, que establece que toda entidad pública debe actuar de manera eficiente, honesta y transparente, siempre pensando en el bienestar de la comunidad. Además, según la ley, los alcaldes tienen el deber de liderar correctamente su municipio y garantizar el cumplimiento de todas las funciones y servicios a su cargo.

En cuanto a Liliana Villalobos Gordo, en su calidad de secretaria de Educación municipal, se le imputaron cargos por presuntas irregularidades en la operación del PAE durante el periodo en que el servicio se dejó de prestar, entre el 26 de mayo de 2022 y el 8 de junio del mismo año.

El caso se encuentra actualmente en análisis disciplinario, lo que significa que las autoridades están revisando los hechos y las pruebas para determinar si hubo una falta.

En caso de comprobarse los cargos imputados por la Procuraduría, tanto Segura Rubiano como Villalobos Gordo podrían recibir una sanción. Sin embargo, ambos tienen derecho a la defensa, por lo que podrán presentar pruebas y apelar la decisión si así lo consideran.

Por ahora, ni el exalcalde de Chía, Luis Carlos Segura Rubiano, ni la entonces secretaria de Educación municipal, Liliana Villalobos Gordo, se han pronunciado ante la opinión pública.

TATIANA MORENO QUINTERO

REDACCIÓN BOGOTÁ