Los fallidos intentos de Bogotá para solucionar el hacinamiento carcelario

La Procuraduría General de la Nación anunció este jueves la apertura de investigación en contra de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, porque, según la entidad, “la alcaldesa y sus funcionarios pudieron incumplir sus deberes funcionales relacionados con la protección de los privados de la libertad en los distintos centros de detención transitoria de la ciudad”.

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Y es que ya es bien conocido que tanto Bogotá como el país entero atraviesan por una grave crisis carcelaria que tiene como principal preocupación el hacinamiento. Según las cifras reveladas por la Policía Metropolitana de Bogotá, en las estaciones de Policía de la ciudad hay una sobrepoblación que sobrepasa el 265 por ciento.

Según este mismo censo, en los centros de reclusión transitoria, que tienen una capacidad para 1.227 personas, a la fecha hay cerca de 3.257.

Pero la problemática no es nueva, incluso la alcaldesa Claudia López ya había hecho una alerta el 6 de marzo de este año, cuando hizo un llamado público al Ministerio de Justicia pidiendo apoyo para hacer más y mejores establecimientos carcelarios.

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“En Bogotá hay un nivel de hacinamiento del 252 por ciento en URI y estaciones de Policía”, dijo López. En esa ocasión señaló que esta problemática no solo afectaba a los que estaban dentro de los centros, sino a los que estaban en la calle, pues no habría dónde judicializar y retener a los delincuentes que día a día la policía atrapaba.

La apertura de investigación, dicen los expertos, es algo que se veía venir debido a las constantes alertas que se han estado emitiendo desde hace años y que sobrepasan la istración de Claudia López.

“Autoridades internacionales ya habían hablado de la necesidad de humanizar los centros de reclusión y asegurar condiciones de dignidad. Uno aquí se pregunta, ¿por qué abren la investigación si Bogotá tiene la única cárcel acreditada internacionalmente?”, explicó Andrés Nieto, exsubsecretario de la ciudad y analista de la Universidad Central.

Pero no solo esto es lo que se ha hecho en Bogotá por mejorar las condiciones en los centros de reclusión. Según información entregada por la Secretaría de Seguridad, desde 2022 se puso en funcionamiento el Centro Especial de Reclusión, con una capacidad de 216 personas privadas de la libertad.

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Para ello, se adquirió el predio, se realizaron las adecuaciones correspondientes, se creó una planta temporal de cuerpo de custodia y vigilancia, con su dotación, con una inversión de cerca de 17.000 millones de pesos.

Adicionalmente a esto, las autoridades dicen que han buscado el apoyo de las entidades de orden nacional para, en conjunto, ofrecer una solución a la problemática y que desde 2020, durante el mandato del expresidente Iván Duque, se firmó un convenio con el Ministerio de Justicia, el Inpec, la Uspec y la Secretaría de Seguridad para desarrollar el proyecto de la cárcel distrital 2 en una porción de predio de La Picota con una capacidad de 3.000 cupos.

Incluso, este diario conoció que durante el encuentro de Asocapitales, que se celebra este viernes en Valledupar, se expondrá la delicada situación carcelaria de Bogotá, que  también está ocurriendo en otras ciudades del país y parece ser un problema creciente y sin soluciones de fondo.

En dicho escenario un grupo de representantes de la Comisión Primera de la Cámara elevará una propuesta para modificar el Código Penitenciario, en el que los centros de detención preventiva están a cargo de las entidades territoriales. La idea es que este tipo de internos sean responsabilidad de la nación.

También busca permitir la creación de pabellones de detención preventiva dentro de los establecimientos carcelarios. La iniciativa propone que la Nación, la Fiscalía General y el Consejo Superior de la Judicatura puedan hacer las gestiones pertinentes para la construcción conjunta de ciudadelas judiciales con un centro de detención preventiva anexo a sus instalaciones. 

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No obstante, una fuente enterada del caso y cercana a la cartera de Seguridad señaló que no ha habido voluntad del Gobierno Nacional para definir cuál es el predio que será entregado a la Alcaldía para arrancar con la construcción del centro carcelario.

“Esto viene andando desde que Margarita Cabello era ministra de Justicia; sin embargo, siempre hubo excusas, primero que había que esperar porque La Picota estaba en acreditación, luego que por el cambio de gobierno, y hasta el momento nadie se ha tomado en serio esa propuesta que hizo Bogotá”, señaló.

Por su lado, Óscar Gómez Heredia, secretario de Seguridad de Bogotá, hizo un llamado al gobierno del presidente Petro para que se apersone de la situación, pues aunque son conscientes de la problemática, señala que, entre las 3.257 personas que están recluidas en los centros transitorios, hay cerca de 500 que ya están condenadas y que deben ser trasladadas a alguna cárcel nacional; no obstante, no ha sido posible una articulación con el Inpec para gestionar los movimientos.

“Esto es un problema estructural. La Alcaldía, desde el 1.º de enero de 2020, trazó una hoja de ruta en la que nos hemos comprometido a construir una cárcel distrital 2 y, el Gobierno, a dar un predio cerca de La Picota. Todavía seguimos esperando”, señaló Gómez Heredia.

Aunque tanto expertos como funcionarios de la seguridad en la ciudad han dado cuenta de las intenciones de la istración por mejorar las condiciones de los privados de la libertad, lo cierto es que esta no es la primera vez que la Procuraduría hace un requerimiento por este tema.

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No obstante, EL TIEMPO pudo establecer que, desde enero pasado, las preguntas del ente de vigilancia frente al drama del hacinamiento ya habían sido respondidas y que se han acatado todos los llamados y alertas que otros organismos han hecho públicos.

Sin embargo, han sido enfáticos en señalar que desde la istración distrital se han hecho llamados claros sobre el tema, pasando por ministros de Justicia, como la actual procuradora Cabello, el exministro Wilson Ruiz y el actual, Néstor Osuna, sin obtener respuestas claras.

“Se ha pedido que se habiliten cupos y haya traslados de personas ya condenadas que están en estaciones, para pasarlas a centros de reclusión del Inpec como La Modelo, La Picota o cualquiera afuera de la ciudad. En eso el ministerio ha hecho esfuerzos, pero no suficientes. También entendemos que hay dificultades porque esto es una problemática que no es solo de Bogotá, sino de todas partes”, explicó una fuente enterada.

Finalmente, los analistas consideran que ante la crisis de hacinamiento hay que lograr un trabajo articulado entre las autoridades nacionales y distritales para la reubicación de los privados de la libertad y la construcción de nuevos y mejores centros de reclusión humanizados y que contribuyan a los esquemas de justicia restaurativa.

Por lo demás, advierten que la istración distrital tiene todos los elementos para responder ante los requerimientos de la entidad investigativa.

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Es muy importante en este caso que exista una visión amplia y sistemática de los centros penitenciarios y carcelarios porque mientras no se amplíe la capacidad y no se agilicen los trámites va a seguir este hacinamiento en las estaciones de Policía. Uno de los puntos que más se han estado estudiando es que pasamos de un hacinamiento significativo en los centros penitenciarios y carcelarios al hacinamiento en las estaciones, y eso es una cuestión preocupante porque en la medida en que se sobrepasen las capacidades va a ser muy difícil prestar todas las garantías.

Si lo miramos únicamente por la responsabilidad de una entidad, nos vamos a seguir quedando cortos porque es muy importante el tema del contexto. Aunque hay jornadas de los ministerios y la alcaldía, las cifras siguen aumentando, esto también es un tema de normativas. Hay que trabajar en conjunto.

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Yo creo que varias de ellas han tenido eco, pero la problemática va en aumento en la medida en que se sobrepasen capacidades. Nosotros hacemos constantemente llamados para que las entidades no se relajen y escuchen las alertas, que son reales.

JONATHAN TORO 

REDACCIÓN BOGOTÁ