¿Qué pasa con la segunda cárcel de Bogotá? Motín en URI recordó crisis de hacinamiento

Entre las 4 y las 5 de la mañana de ayer las autoridades reportaron un nuevo intento de asonada en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Puente Aranda, en el que al menos 200 privados de la libertad intentaron amotinarse para lograr escapar del centro transitorio de reclusión. Los internos intentaron romper con sus propias manos las rejas de las celdas en las que estaban sitiados.

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Una vez salieron de los calabozos, los reclusos se tomaron el primer piso de la URI casi en su totalidad y arrojaron partes de lozas de los sanitarios al exterior del lugar. Entre los escombros también se evidenciaron piedras, ladrillos y palos. Para contener el intento masivo de fuga fue necesaria la acción de 50 efectivos de la fuerza pública pertenecientes a la nueva Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undemo, antiguo Esmad).

Este episodio, que se ha vuelto recurrente en los centros de detención transitoria de Bogotá, pone de manifiesto nuevamente la aguda crisis de hacinamiento que se vive en la capital del país y que ha sido imposible de solucionar pese a que desde el distrito y el gobierno Nacional dicen que han hecho todo por solventarla.

El TIEMPO le ha hecho seguimiento a la cruda situación del hacinamiento en las URI y estaciones de Policía que, hasta finales de mayo, reportaba un nivel de sobrepoblación del 265 por ciento, según las estadísticas de la Policía Nacional.

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Frente a esto, la Secretaría de Seguridad, señaló que desde 2022 se puso en funcionamiento el Centro Especial de Reclusión, con una capacidad de 216 personas privadas de la libertad.

Para ello, se adquirió el predio, se realizaron las adecuaciones correspondientes, se creó una planta temporal de cuerpo de custodia y vigilancia, con su dotación, con una inversión de cerca de 17.000 millones de pesos.

Sin embargo, tanto el secretario de esa misma cartera como la alcaldesa de Bogotá, Claudia López , dicen que es indispensable la construcción de la Segunda cárcel Distitral, que hasta inicios de mayo, estaba frenada por algunas observaciones que el Ministerio de Justicia tenía sobre la financiación del proyecto.

En ese entonces, el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Umaña, señaló que desde el gobierno Nacional ya habían destrabado el proyecto de la Cárcel Distrital II que había quedado congelado desde el Gobierno del expresidente Iván Duque.

“El ministerio pidió algunas explicaciones a la alcaldía para tener claridad sobre el acuerdo. Nosotros vamos a cofinanciar el proyecto pero con un terreno, no con dinero, y eso ya quedó claro. Al igual que la responsabilidad de Bogotá de poner el restante para que se logré el centro carcelario. Ahora la pelota está en la cancha del Inpec, que debe otorgar los permisos para la utilización de ese espacio”, señaló el alto funcionario.

Por su lado, el coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec, afirmó que el predio ya está acordado e incluso “ya se tomaron las medidas y se sabe que parte de La Picota es la que se va a ceder. Eso ya está avanzando”.

Incluso, en una visita que la alcaldesa López realizó a los predos de la Picota, el pasado 9 de junio, quedó pactada la fecha en la que el Inpec radicará todos los documentos necesarios en la Alcaldía Mayor para hacer entrega del terreno en el que se construirá la segunda cárcel de la ciudad.

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"El compromiso que hemos hecho es que el 16 de junio el Inpec radicará, ante la Alcaldía Mayor y la Secretaría de Planeación, todos los soportes técnicos y los estudios topográficos que dieron de este predio de casi tres hectáreas. Así podremos continuar con el proceso de desenglobe de ese predio del resto”, explicó la mandataria.

No obstante, a la fecha no se conoce información sobre el cumplimiento de dicho acuerdo.

Aunque la construcción de la nueva cárcel ha sido la piedra angular de la discusión, lo cierto es que el problema es más profundo y tiene que ver con el traspaso de responsabilidades, tanto del Gobierno central como del distrital, sobre quién se debe hacer cargo de los privados de la libertad que están condenados o sindicados.

Y es justo por este tema que la alcaldesa ha dicho que el Minjusticia está cumpliendo la sentencia de la Corte Suprema de Justica de deshacinar los centros penitenciarios “a costa de alcaldes y gobernadores porque no le están diciendo a la Corte que no quieren recibir a los privados de la libertad que, ya condenados, siguen en estaciones de Policía y Uri”.

Ante esto, el viceministro Umaña afirmó que se está revisando la situación y que se han analizado las peticiones que alcaldes y gobernadores realizaron durante Asocapitales para que fuera el Gobierno el que se encargara de todos los condenados y sindicados del país. Además, se estarían evaluando temas presupuestales para la atención de la situación.

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No obstante, el alto funcionario también aclaró que esta situación no se podrá solucionar “si seguimos creyendo que todo se arregla con mandar gente a la cárcel”. Según Umaña, el proyecto de ley de Humanización Carcelaria busca que estos centros solo sean destinados para personas que cometen delitos de expresa gravedad y no, por ejemplo, para quienes incurren en conductas como el hurto.

De ser así, esta situación podría empeorar el panorama de Bogotá, pues dejaría en libertad a cerca de 6.000 personas que están siendo procesadas justamente por este delito y que a la fecha se configura como el peor de los problemas en materia de seguridad para la capital.

REDACCIÓN BOGOTÁ 

JONATHAN TORO ROMERO

EL TIEMPO