Nadie nace para morir en la vía: van 405 víctimas fatales de siniestros este año en Bogotá

En los primeros ocho meses del año, según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, han muerto 405 personas en las vías de Bogotá. Lo anterior, representa un aumento de tres personas en comparación con el primer semestre de 2023, en el que fueron 402 las víctimas mortales. Así mismo, han muerto 5.238 personas en siniestros viales en el país. 

No obstante, las cifras del Observatorio de Movilidad muestran una reducción en los meses de junio, julio y agosto, comparados con el mismo periodo del año anterior. Y a nivel nacional se ha registrado una reducción de muertes en las vías del 3,29 por ciento.

La atención de lesionados y los gastos funerarios de las personas fallecidas en eventos de tránsito le han costado a la a de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) la suma de 2.029 millones de pesos este año en la capital. El gasto público del año pasado en la atención de víctimas de siniestros viales fue de 12.265 millones de pesos.

En total, los siniestros viales en Bogotá, del año pasado y este, han costado 14.294 millones de pesos. El mayor rubro lo representan las víctimas de vehículos fantasmas o en fuga, que no logran ser identificados. Le siguen los siniestros en donde están involucrados motocicletas y motocarros.

Según estudios académicos, el costo de las lesiones producidas por los siniestros viales pueden llegar a representar el 5 por ciento del Producto Interno Bruto de un país.

El profesor investigador del Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana Jorge Martin Rodríguez señala que el 80 por ciento de este dinero se concentra en lesiones graves de alto impacto que afectan órganos vitales.

“Desde el punto de vista médico, una lesión representa algo muy grave; pero además la pérdida de capacidad laboral, social y familiar”, detalla.

Así mismo, desde el Distrito, el Centro de Orientación para Víctimas de Siniestros Viales (ORVI) ha atendido a 2.139 personas desde su creación en 2020 hasta la fecha. Este es el primer centro de esta naturaleza que se creó en el país y brinda orientación psicológica y jurídica a los familiares de las víctimas.

“El ORVI no solo se dedica a atender a las personas que han sufrido un siniestro vial, sino que también tiene como misión brindar apoyo a los familiares de las víctimas fatales que requieran del servicio. Es un espacio seguro al que los familiares de las víctimas fatales pueden acudir voluntariamente para recibir orientación jurídica, social y psicológica”, explica la Secretaría de Movilidad.

EL TIEMPO decidió ponerle nombre y cara a estas víctimas que silenciosamente han ido en aumento. Eran muertes y lesiones evitables.

La serie ‘Nadie nace para morir en la vía’ consta de cinco artículos en los que familiares y amigos de personas que murieron en las vías de Bogotá cuentan su tragedia: la vida que les tocó afrontar después de la muerte de algún ser querido. Pero, además, los lesionados también expondrán su vida cotidiana y las ‘batallas’ judiciales que han tenido que pelear.

Todas estas víctimas tienen algo en común: siguen luchando por justicia. En este camino judicial intentan demostrar que las muertes y lesiones en siniestros de tránsito no eran cuestión del azar, no eran personas que estaban destinadas a morir en las vías.

En la Fiscalía, hay 380 investigaciones abiertas de homicidios culposos relacionados con eventos de tránsito. El año pasado, según el ente investigador, eran 165 los procesos en esta materia. Este año van 215.

En cuanto a la lesiones relacionadas con siniestros viales, Rodríguez explica que dependerán de características como la edad y el sexo y, por supuesto, la severidad del evento, así como el tipo de actor vial.

“Es más fácil que muera un peatón atropellado por cualquier vehículo a más de 60 km/h o un motociclista que vaya a 80 km/h si choca con objetivo fijo. Se protege más a alguien que viaja en automóvil si este tiene estándares de seguridad vehicular adecuados”, explica el profesor del Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana.

Además, expone que si bien lo frecuente es que una persona muera tras el alto impacto, hay choques que producen lesiones que no causan la muerte inmediata sino posteriormente.

“Puede llegar a tener un trauma craneoencefálico, trauma cerrado de abdomen o abierto de extremidades inferiores, puede llegar con el tiempo a tener unas escaras, una infección por osteomielitis, una infección muscular con una sepsis y puede llegar a morir meses después.

Desafortunadamente, muchos de estos casos, si ocurren después de un mes, no los notifican como lesiones por tránsito”, precisa Rodríguez.

Una de las características del dolor asociada a la pérdida de un ser querido en un siniestro vial es que es traumático, según indica la psicóloga y profesora del Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana Paola Uribe Marín.

“Es un duelo traumático porque no se espera, llega de forma repentina. Se caracteriza por el ‘shock’ inicial de la noticia. La primera etapa que se vive es la negación, la persona entra en un especie de sueño o pesadilla, no sabe qué es lo que está pasando. Es el duelo que más genera síntomas de estrés postraumático y se debe trabajar inmediatamente porque tenemos solo un mes para impedir que se convierta en un trastorno”, explica Uribe Marín.

Esa etapa de negación, tal como sostiene Uribe, está unida a la tristeza y se convierte en rabia por no entender qué fue lo que ocurrió y por la impotencia de no haberlo podido controlar.

Otro aspecto en común de los casos que contaremos en esta serie de artículos es que son los padres y madres quienes han enterrado a sus hijos. Estas personas que murieron en siniestros viales eran jóvenes: una mujer de 21 años, un hombre de 35 años y un niño de 12 años.

El duelo para la mayoría de estos padres se vuelve más complicado, asegura Uribe. La negación e incredulidad es la etapa que más viven.

“Para la mayoría de los padres, el duelo se vuelve aún más complicado y puede conducir a una dependencia y a trastornos como la depresión. Requieren de mucho apoyo porque, como la vida queda en pausa, pareciera que el dolor fuese eterno e interminable”, manifiesta la psicóloga.

Por ello, Uribe considera que deben procurar un nuevo propósito en la vida. “Un duelo puede ser más liviano cuando hay otras personas que dependen de esos padres, como otros hijos, o cuando tienen que volver al trabajo o cuando buscan ayuda profesional”, ejemplifica.

Por otro lado, el idioma español tiene una gran deuda con los padres a quienes les toca enterrar a sus hijos. No existe una palabra con la que se puedan designar y representar su dolor, quizás porque lo que se espera es que sean los hijos quienes entierren a sus padres cuando lleguen a la vejez.

En ‘El coronel no tiene quien le escriba’, Gabriel García Márquez propone un nombre para ellos: huérfanos de hijos.

La siniestralidad vial en Bogotá, como en otras partes del país, está cobrando la vida de muchos jóvenes. La imprudencia ha llevado la fuerza productiva de esta ciudad a los listados de fallecidos y amputados tras eventos de tránsito. ¿Quién se preocupa por esos huérfanos de hijos que están creciendo en una estadística que aún es inexistente? 

“Hijueputa, ese man me tiró el bus encima”, después de decir esto, Jesús Corredor quedó en ‘shock’. No sabía qué había pasado. Aún recuerda voces que decían: “Lo mataron” “Mataron al muchacho”. El 4 de junio de 2019 entró en un trance psicológico, según narra, cuando vio su pierna estallada de sangre.

“Yo iba en bicicleta, cuando vi ese bus yo giré para sacarle el cuerpo y me fui debajo del bus del SITP. La zona estaba señalizada con 30 km/h, me tumbó y me pasó las llantas. Ahí me vi la pierna estallada”, cuenta sentado en el sofá de su casa mientras mueve sus manos buscando respuestas e intenta saltar con su tronco.

Está alterado. Tiene frustración. Siente rabia. Mientras cuenta su historia, repite una y otra vez las mismas quejas. Hace muchas preguntas. Y lo acompaña su arsenal para esta ‘guerra’: un folder con cientos de papeles con fotos del siniestro, un croquis de los hechos, sus extremidades inferiores en varias etapas: una pierna llorando sangre; un tobillo ‘botando’ cenizas sujeto al pantalón; sus piernas vendadas en el hospital, con clavos incrustados tras una cirugía y, finalmente, la amputación de la pierna izquierda.

Tiene foto de todo. En estos cuatro años ha guardado varias evidencias porque aún su proceso judicial no se ha resuelto. En 2021 obtuvo una beca para hacer un curso en investigación de primeros auxilios y siniestros de tránsito. Ahí aprendió las leyes que necesitaba saber y los recursos que podían interponer.

“Una de las fiscales del caso, porque he tenido tres, se burló de mí, diciendo: ‘Claro, como ahora usted es investigador’. Esa no es mi profesión, pero me tocó aprender, sino mi caso ya estaría archivado. No es justo, que no haya quien lo defienda a uno”, lamenta.

Dos años después, cuando hizo el curso, se dio cuenta que el video que le grabaron agentes de tránsito el día del siniestro, y que es una de las pruebas de su contrincante en este proceso, era ilegal.

“Los del tránsito me hicieron preguntas cuando estaba en la ambulancia con la herida abierta, sintiendo el dolor, botando sangre. Se comieron mi tiempo vital ahí. Me hicieron preguntas inducidas cuando ni siquiera ellos podían asegurar lo que decían, porque no fueron testigos. Cuando llegué al hospital, me dijeron que la herida estaba muy sucia, perdí tiempo, perdí tiempo y me amputaron una pierna”, cuenta con los ojos llenos de rabia.

Dice que la justicia frustra. A lo único que se dedicaba después del siniestro era a revisar cómo iba su caso en la Fiscalía. En 2021 vio que el ente investigador, alegando falta de interés de la víctima, archivaba el caso. Tras una querella en la Personería, ordenaron abrir nuevamente su caso.

Jesús Corredor tiene 40 años, perdió un matrimonio tras el siniestro, su pierna izquierda y su capacidad laboral. No tiene dinero para ir a todas las terapias, ni siempre tiene algún acompañante para asistir. Aún no tiene una prótesis. Desde su casa, con su arsenal de papeles sigue peleando, a la espera de una audiencia preparatoria que han aplazado varias veces. Se supone que será este 7 de octubre, pero al proceso aún le quedan varias etapas pendientes después de cuatro años.

En la casa de Yilman Arroyave no se puede hablar de su muerte. Para su padre de 83 años, cinco años han sido suficientes para dejar de esperar que se haga justicia; sin embargo, su madre y expareja aún conservan la ilusión de que su muerte no quede impune.

Yilman era ciclista, había viajado a varias ciudades en la bicicleta que ahora cuelga en la pared de la casa de sus padres. Pero el 30 de abril de 2019, cuando lo atropelló un carro en la carrera 13 con 89, él usaba otra bicicleta para movilizarse en la ciudad.

“En el video se ve que él está empujándose con sus brazos para salir de debajo del carro. La bici quedó completamente aplastada; pero éramos muy optimistas porque no se desmayó ni perdió la conciencia. A simple vista no había herida ni hemorragia”, comenta Angélica Sánchez, quien era la novia de Yilman.

Sin embargo, el 16 de julio cuando tenían planeado reunirse para celebrar el Día del Padre, Yilman se fue. Pese a que, según afirma Angélica, los médicos habían visto una evolución, decidieron no operar y ya estaba caminando y haciendo terapias, la muerte llegó de manera inesperada.

“Su mamá había salido a comprar algo y cuando llegó a la casa, Yilman no estaba respirando bien. Llamamos a una ambulancia, esperamos 40 minutos en el hospital y ahí nos avisan que fallece. El dictamen es un tromboembolismo pulmonar”, detalla Angélica.

La primera pelea que le tocó librar fue la práctica de una necropsia, ya que el médico decía que no estaba relacionado con el siniestro vial. Sin embargo, esta señaló que sí. Así como Yilman, varias de las muertes de siniestros viales no se dan de manera inmediata en el lugar del hecho. Casi tres meses después, su muerte no se agregó a las cifras de siniestralidad vial.

Aún en su casa sigue intacta la habitación de Yilman, la cama en donde pasó su recuperación y Angélica sigue aferrándose a objetos que le recuerdan a quien era su novio. Ella es quien ha estado al frente del ‘pelotón’, luchando para que la Fiscalía no archive el caso.

Según afirmó, la conductora volvió a pedir que se aplaza la audiencia de imputación. Era el 8 de agosto, se aplazó al 27 y nuevamente la volvieron a aplazar. Aún no hay una fecha.

“Cuando me dijeron que se volvía a aplazar, tuve una crisis de ansiedad y tocó llamar a una ambulancia. Se suponía que citarían en septiembre; pero ya se acabó el mes y nada. Ese 8 de agosto, la fiscal dijo que temía que hubiera vencimiento de términos”, alerta Angélica.

Andrés Federico Bello tiene 23 años, una afectación en su visión y el oído derecho, secuelas por una fractura en el fémur izquierdo y fisuras en la pelvis. Además, perdió varias facultades cognitivas tras un siniestro vial en la Autopista Sur.

Él iba en una bicicleta y lo atropelló una moto en el año 2020. Duró un mes inconsciente en una Unidad de Cuidados Intensivos y el segundo mes estuvo consciente; pero sufría de delirio.

“A mi me inducen a coma porque el dolor era tan fuerte que no dejaba de quejarme y moverme y cuando desperté estaba en el hospital y no sabía qué pasaba”, cuenta Andrés Federico.

Su caso en la Fiscalía General terminó porque decidió conciliar con el motociclista. Sin embargo, hoy, cuatro años después, considera que no estaba en las facultades mentales para haber tomado esa decisión, ya que el siniestro había sido muy reciente.

Sin aún saber la ‘factura’ que le pasaría tal evento de tránsito, concilió por una suma de dos millones y medio, la que, según dice, no le alcanzó ni siquiera para ir a la terapias y a las citas médicas a las que tuvo que asistir por un año.

“Uno se pregunta por qué me pasó a mí, la vida te cambia y ni siquiera sabes de quién fue el error. Ahora cada vez que doy una respuesta, me demoro pensándola. Perdí algunas de mis capacidades sociales. Demoré un año en procedimientos médicos; pero decidí pausarlos. Tenía que continuar con mi vida”, asevera.

Aunque, a menudo, los victimarios se afanan en lograr conciliaciones, para las víctimas no siempre estos arreglos terminan siendo una compensación real ante las secuelas que dejan los siniestros viales.

Aunque fue su decisión, hoy Andrés la lamenta y considera que el protocolo para resolver esos casos debería considerar el estado físico y mental en el que se encuentran los lesionados.

El 18 de julio de 2021 Julián Esteban le dijo a su mamá que iba a “soltar pierna”. Se preparaba para una competencia e iba a entrenar con su abuelo. En el km 4+400, en la vía Cajicá-Manás, este niño de 12 años perdió la vida en un siniestro vial. Él iba en bicicleta y el impacto fue con un camión.

“A las dos horas me llama mi papá y me dice las palabras que uno nunca desea escuchar. Cuando llegué, mi papá estaba tirado al lado del cuerpo de Julián, fue desgarrador”, cuenta Fernanda Torres.

Mientras habla, Fernanda intenta mostrarse fuerte; pero en ocasiones desvía su mirada. Se queda un tiempo recordando, respira y sigue hablando mientras su manos, tocándose una a la otra, delatan la angustia de esta madre.

“Fui varias veces a la Fiscalía y me cansé, nunca estaba el fiscal. Hubo una audiencia el 10 de marzo de 2022 y me dijeron que Julián había faltado a todas las normas. Estaba entrenando, se preparaba para una carrera como ciclista. Él no podía ir por la ciclorruta porque la velocidad de esta es de 25 km/h y él debía entrenar a 45 km/h. La ley dice que el camión debe guardar una distancia de 1.5 metros de la berma y no tenía esta distancia”, detalla.

Pero la fortaleza no le alcanzó para pelear con la justicia, perdió a su hijo y a los siete meses a su padre, quien murió de depresión tras la muerte de su nieto. Dice que ese papel de detective, buscando pruebas y luchando por una sanción, no deja cerrar la herida. Reclama que ella perdió a su hijo, pero el conductor no recibió ni siquiera una sanción mínima.

Fernanda ha aprendido a vivir con el recuerdo. En la sala de su casa está presente Julián Esteban en una pintura, en los trofeos que exhibe, en las fotografías de las repisas, en un cuadro donde el niño ciclista grita la victoria de una carrera y en la cadena que lleva colgada en su pecho: un niño montando una bicicleta.

A Julián le hicieron muchos homenajes. En Zipaquirá hay un mural grande que lo recuerda. El Congreso de la República aprobó una ley con su nombre que regula los límites de velocidad. Su foto bañado en lágrimas al ver a Egan Bernal ganar el Tour de Francia le había dado la vuelta a Colombia, la joven promesa de un ciclista que quería seguir ese mismo camino.

Pese a esto, su madre no recibió justicia. Hasta horas antes de esta publicación, Fernanda Torres no sabía que la Fiscalía General de la Nación había archivado el caso. Seguía esperando una respuesta del caso. El ente acusador dijo que no se pudo corroborar la responsabilidad por parte del conductor del camión, “ya que iba en su carril y a una velocidad prudente”.

Hoy sigue sin ser una obligación el uso de los carenados en camiones de carga, pese a que el Gobierno Nacional se comprometió a seguir las normas del enfoque de sistema seguro de la ONU. El Estado le sigue llamando “eventos fortuitos” a muertes evitables como la de Julián Esteban.

Dos años después de haber enterrado a su hija bajo un pino en el cementerio Jardines de Paz, Aly sigue sin cerrar esa herida. Aún mantiene la habitación de Laura intacta. Una cama grande, una mesita de noche al lado, un cuadro con mensajes que le escribieron cuando estaba en la clínica y una marca en el clóset que señala la M de mamá, a la que se aferra Aly pensando que su hija sigue ahí.

Todo en ese apartamento está excesivamente limpio. Las paredes son blancas, el sofá es blanco, la mecedora colgante tiene un cojín blanco, la alfombra es blanca. En el centro, colgado en la pared, hay un televisor que reproduce música relajante. Aly vive en automático, deambula entre la limpieza de su hogar y la búsqueda de justicia por su hija.

Lucha cada día por mantenerse cuerda y fuerte para defender a su hija después de la muerte. Pareciera que cada espacio de su casa quisiera contrarrestar la oscuridad que llegó el 11 de julio de 2022 a visitarla. Fue el día en el que su hija, Laura Carolina Guevara, murió tras ser arrollada por una camioneta en la carrera Séptima con calle 114, al norte de Bogotá.

“A las 9:22 vi que el Uber canceló. La llamé, la llamé”, recuerda Aly mientras llora, “y no me contestó. Le escribí y tampoco. A las 10:00 de la noche me llamaron de la Fundación Santa Fe para decirme que mi hija estaba en urgencias”.

La vida de Aly era Laura. Hacía muchos años que debido a una enfermedad, había dejado de trabajar. Se separó de su esposo y con su hija empezó de cero una nueva vida. Su vida se fue convirtiendo en los logros y fracasos de Laura. Pero tras su muerte, Aly ha ido ‘muriendo’ lentamente.

Aunque las estadísticas de víctimas incluyen a Laura, ¿qué hay de la vida de Aly? ¿Qué estadística la reporta, qué entidad estatal le da consuelo? Así, la siniestralidad vial no solo va dejando víctimas en las vías, también impacta los hogares, sus economías, sus estructuras y dinámicas familiares.

Tras tres fiscales, tutelas, derechos de petición, las respuestas inconclusas de las entidades del Estado e incluso la supuesta pérdida de las pruebas que ya ella había recolectado, el pasado 25 de julio Aly logró que la Fiscalía citara una audiencia de imputación de cargos.

“La Fiscalía contrató a un perito para reconstruir los hechos, determinó que el conductor sí había excedido la velocidad y por eso le imputó cargos. Lo reconoció como culpable, ahora falta que lo envíen a un juez”, detalla Aly.

Después de dos años, Aly ve una luz de esperanza para encontrar justicia por la muerte de su hija y lograr, por fin, cerrar esa etapa de duelo.

JENNYFER SOLANO BETANCOURT*

Especial para EL TIEMPO