Estos son los temores de los empresarios con el POT de Bogotá

Si bien los gremios económicos en Bogotá reconocen que la istración distrital ha escuchado sus observaciones al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) Reverdecer a Bogotá 2022-2035, también expresan su preocupación porque no encuentran eco en temas que crean inseguridad jurídica y que pueden afectar la actividad económica en la ciudad.

(Le puede interesar: Estos son los contratos de nunca acabar en Bogotá)

No es un asunto menor y en eso coinciden varios sectores, entre ellos la Cámara de Comercio de Bogotá, Fenalco Bogotá, Camacol Bogotá y Cundinamarca y la fundación Probogotá, que reúne varios sectores de la economía.

La queja, dicen, es que el POT crea una serie de trámites y normas y deja otros para que sean reglamentados posteriormente; no solo aumenta los requisitos, sino que genera incertidumbre entre el empresariado. De hecho, indican que sobre algunos de esos trámites ya el Gobierno Nacional ha legislado o hay decisiones de tribunales de justicia, por lo que en la práctica no se podrían aplicar.

(En contexto: ¿Qué es el POT de Bogotá y para qué sirve?)

“Este es un POT que no genera seguridad jurídica, crea trámites y regulaciones que no desarrolla, dándole un poder extraordinario a la subjetividad de los funcionarios de Planeación distrital”, advierte Alejandro Callejas, director de Camacol Bogotá y Cundinamarca. El dirigente asegura que el gremio ha identificado por lo menos 30 trámites nuevos, y que deja 66 reglamentaciones (entre normas, manuales y cartillas) para que sean desarrolladas posteriormente, sin establecer responsables, ni condiciones ni plazos.

Cita, por ejemplo, la reglamentación del tratamiento de desarrollo, la cual está condicionada a un término de 6 meses, o disposiciones sobre ecourbanismo y construcción o requisitos para planes de gestión del riesgo en zonas de amenaza alta y media por inundación, los cuales quedarían aprobados una vez se sancione el Plan, pero no se podrían aplicar inmediatamente.

(También: Norberto Patarroyo: ‘Yo fui un un 'chupa' de Bogotá en 1980’)

El efecto de esto, explica, es que los curadores urbanos van a quedar en un limbo jurídico con respecto de las normas que tienen que aplicar. “Van a terminar volviendo a la Secretaría de Planeación, a través de conceptos, una entidad superpoderosa. Esto tenía que haberse regulado a través del POT”, señala Callejas, quien no entiende cómo antes de ser radicada la iniciativa en el Concejo ya se hablaba en diferentes círculos que su aprobación estaba garantizada.

El proyecto del POT fue radicado el 10 de septiembre en el Concejo de Bogotá, que tiene 90 días (hasta el 8 de diciembre próximo) para aprobarlo o negarlo. Sin embargo, según cabildantes de diferentes bancadas, la Alcaldía tiene los votos necesarios en la corporación distrital para que la iniciativa supere dicho trámite y la ciudad pueda contar con una nueva carta de navegación, que reemplazará la aprobada en 2004 y que sigue vigente.

(Lea: Así se financiarán los $ 28,5 billones del presupuesto para el 2022)

Igual que Camacol, Fenalco Bogotá tiene observaciones sobre el cúmulo de nuevas normas que crea el proyecto. Juan Esteban Orrego, director ejecutivo del gremio en la capital, dice que ya la actividad comercial está “sobrelegislada” para que a través del Plan se estén creando más trámites, que, en su opinión, no tienen ninguna lógica y podrían ser “nocivos para cualquier actividad económica” en la ciudad.

Es el caso –según Orrego– de la obligación para los establecimientos de tramitar la licencia de construcción –cuando llevan años funcionando en un mismo lugar y muchos apenas son arrendatarios–, o la licencia de intervención y ocupación de antejardines –cuando estos son espacios privados y no públicos– y la autodeclaración de impacto ambiental, que su opinión no debería aplicarse a las actividades de comercialización de productos. “De hecho, hay casos, como el exceso de ruido, que ya están en el Código de Policía”, afirma Orrego.

(Además: ‘El 90 % de Bogotá estará vacunado a fin de mes con la primera dosis’)

En la misma línea está la Cámara de Comercio de Bogotá. Ana María Fergusson, vicepresidenta de Articulación Público-privada de la entidad, señala que “para el sector empresarial es indispensable garantizar la seguridad jurídica para atraer y retener la inversión en la ciudad”. La entidad pide eliminar trámites y exigencias adicionales para el desarrollo empresarial, como la autodeclaración del uso industrial, el concepto de viabilidad de localización y desarrollo de equipamientos, la certificación de cumplimiento de moradores y actividades tradicionales en proyectos de renovación urbana, entre otros. Agrega que el POT debe quedar escrito de tal forma que realmente sea operativo y pueda aplicarse, y su desarrollo no genere inseguridad jurídica.

La fundación Probogotá también coincide con Camacol, la Cámara de Comercio y Fenalco sobre la preocupación de que se pueda generar inseguridad jurídica con algunos trámites y normas relevantes que crea el proyecto y cuya reglamentación es dejada para realizar en el futuro. Considera que tal y como están planteados dichos temas, se podrían ver amenazadas “la inversión y la ejecución de proyectos, porque posterga las decisiones en relación con reglamentaciones y trámites”.

(Los cambios claves que le esperan a Bogotá con el nuevo POT)

María Carolina Castillo, presidenta de la fundación, cita la creación de la autodeclaración de uso industrial, requisito que debe cumplir toda actividad industrial que se vaya a establecer en el territorio. Lo mismo podría suceder con el certificado de cumplimiento de moradores para renovación urbana, que, al no estar contemplado en una norma nacional, los curadores en la ciudad no lo podrán exigir.

Castillo recuerda que todo lo relacionado con licencias urbanísticas está reglamentado por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Vivienda, que, precisamente, expidió en septiembre pasado una resolución en la que “hace claridad de que los municipios y distritos no pueden solicitar requisitos adicionales a los de la norma nacional”.

La Secretaría de Planeación reconoce que en el proyecto del POT hay temas que serán sujetos de reglamentación posterior y los estima en 42. No obstante, señala que ninguno incidirá en la aplicación del Plan una vez sea aprobado y, por tanto, no considera que se esté generando inseguridad jurídica.

La entidad aclara que dentro de los temas que deben ser formulados hay varios relacionados con la aplicación de instrumentos de planeación, pero no habrá mayor diferencia con lo que sucede hoy con el decreto 190 de 2004 (el POT vigente). Cita que, por ejemplo, las actuaciones estratégicas van a ser reglamentadas en un plazo de 6 años y que en ese período los predios podrán adelantar el licenciamiento.

No obstante, hay otros temas que sí deben ser actualizados y que tampoco tendrían “mayor incidencia en la cadena de urbanismo de la construcción”. Es el caso de la autodeclaración del impacto ambiental, que si bien es un trámite nuevo, según la entidad se establece a fin de superar la falta de reglamentación sobre las condiciones de funcionamiento de la industria.

(Lea también: ¿Vuelven los ‘chupas’ a Bogotá? Se posesionaron 41 agentes de tránsito)

Se trata, entonces, de una autodeclaración en la que “la industria reconoce mediante un formulario ante la Secretaría de Ambiente qué tipo de impactos puede generar y en función de eso definir qué tipo de industria es, para localizarse en el territorio, y mitigar los impactos”.

En cuanto a la licencia de intervención y ocupación de antejardines, la Secretaría señala que tampoco se proponen cambios significativos. El proyecto del POT reconoce la posibilidad desarrollar actividades comerciales en esas áreas privadas, que son sujetas de aprovechamiento comercial. Sin embargo, se tendrá en cuenta que se haya tramitado la autorización ante el IDU. La nueva legislación no aplica para quienes ya tienen licencia de construcción.

(EL TIEMPO le explica todo lo que debe saber del POT de Bogotá)

Y sobre la licencia de construcción para establecimientos existentes, la entidad señala que este punto –que estaba en el proyecto radicado en el Concejo- fue suprimido en las ponencias presentadas en el Concejo, con lo que será en el marco de los procedimientos policivos en los que se discutirá si el establecimiento cumple o no con las condiciones para localizarse en el territorio.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Redacción Bogotá

En Twitter: @guirei24