Vandalismo en marchas del 8 de marzo le costó 77 millones de pesos a TM y al bolsillo de los bogotanos

El Día Internacional de la Mujer, celebrado el pasado 8 de marzo, estuvo marcado en Bogotá por diversas actividades culturales y pedagógicas organizadas en pro de la igualdad de género. Diferentes colectivos feministas lideraron manifestaciones y eventos en defensa de los derechos humanos de las mujeres, resaltando la importancia de la fecha.

Sin embargo, la jornada también estuvo empañada por actos vandálicos. Grupos de mujeres causaron daños en infraestructura pública y privada, incluyendo estaciones de transporte, edificios gubernamentales y monumentos. Pintadas, vidrios rotos y enfrentamientos generaron preocupación entre las autoridades y rechazo por parte de la ciudadanía.

Mientras las protestas pacíficas reforzaban la lucha por la equidad, los disturbios reavivaron el debate sobre los límites de la manifestación social y su impacto en la ciudad. Uno de los sectores más afectados fue el sistema de transporte público. Según TransMilenio, los daños ocasionados durante la jornada alcanzaron los 77 millones de pesos.

Este tipo de ataques han representado un alto costo para la ciudad. En 2024, se registraron 57 eventos de vandalismo contra la flota de TransMilenio, lo que generó pérdidas totales de 535 millones de pesos. De esta cifra, 441 millones correspondieron a daños en la flota de TransMiZonal, 82 millones a infraestructura y casi 11 millones a la reparación de buses del sistema principal.

Las alteraciones al sistema de transporte han provocado múltiples contingencias, con 717 movilizaciones y bloqueos en 2024 en horarios de alto impacto, principalmente en la mañana. Las troncales más afectadas han sido la de la Calle 26 y la Avenida NQS.

Con frecuencia, las marchas legítimas, como las realizadas en defensa de los derechos humanos de las mujeres, se ven opacadas por actos de violencia contra el mobiliario público. Según las autoridades, los responsables de estos daños han sido identificados y suelen actuar en las horas pico de la tarde, afectando a cerca del 70 % de los pasajeros que utilizan el sistema durante las 6,5 horas de mayor demanda diaria.

Orlando Carrillo, consultor en seguridad, enfatizó que, aunque el artículo 37 de la Constitución ampara el derecho a la manifestación, esta debe ser pacífica. “Toda protesta debe desarrollarse dentro del marco constitucional, respetando tanto los derechos propios como los de los demás ciudadanos”, afirmó.

Carrillo subrayó que cuando la protesta se torna violenta, su naturaleza cambia por completo. “El vandalismo es un delito en Colombia y, lejos de favorecer una causa, perjudica a la ciudadanía. Bloqueos y daños a bienes públicos afectan la movilidad y generan caos. Las autoridades deben actuar con rapidez para evitar que estos actos se conviertan en un hábito”, sostuvo. Asimismo, instó a las instituciones a identificar, individualizar y judicializar a quienes desvirtúan el derecho a la protesta con actos de destrucción.

Por su parte, Catalina Miranda, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz, señaló que, en América Latina, los estallidos sociales han llevado a que el vandalismo sea visto como algo recurrente, lo cual considera “injustificable”.

“La movilización social y la protesta son derechos fundamentales, pero no pueden justificar daños a la infraestructura pública o privada”, agregó en su momento.

No obstante, resaltó que la disminución de heridos en estos eventos es un aspecto positivo. “Esto indica que los procedimientos de seguridad están siendo más estratégicos, con el acompañamiento de gestores de convivencia en el manejo de estas situaciones”, concluyó.

CAROL MALAVER

REDACCIÓ BOGOTÁ

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