El entramado detrás de bandas criminales que se apoderan de jugosos terrenos en área metropolitana de Barranquilla

El área metropolitana de Barranquilla se ha convertido en un foco de invasiones de tierras, perpetradas por organizaciones criminales que operan bajo una fachada de legalidad.

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De acuerdo con el columnista Alfonso Camerano Fuentes, estas organizaciones se están apropiando de terrenos de gran valorización en Barranquilla y sus municipios aledaños, incluyendo Soledad, Malambo, Galapa, Puerto Colombia y Tubará.

Camerano señala que estas organizaciones criminales actúan en diversas zonas del área metropolitana, incluyendo la conurbación Barranquilla-Puerto Colombia, la Circunvalar desde la vía 40 hasta los límites con Soledad, la Carrera 38 desde la calle 84 hasta los límites con Tubará, el corredor de la Vía de La Prosperidad y la Zona Franca Zofía.

"Sorprende el modus operandi", subraya Camerano al indicar la apariencia elemental en el que "los puntos comunes conducen a nombres rayados de profesionales del derecho, peritos técnicos en agrimensuras de punta, equipo de querellantes y testigos; que facilitan la obtención de documentos de dominio y posesión; usando a empleados de Notaría; a Policías de Estación y Cuadrantes adscritos a los CAI de barrios; a Inspectores corruptos; a jueces y empleados de la Rama; etc., que despliegan su accionar libre de sanciones y al “amparo de la ley”, unas veces por ignorancia y las más por física corrupción, indica.

El modus operandi de estas organizaciones, advierte Camerano, involucra a profesionales del derecho, peritos técnicos, querellantes y testigos que facilitan la obtención de documentos de dominio y posesión de los terrenos. También involucran a empleados de notarías, policías, inspectores corruptos, jueces y empleados de la rama judicial, quienes actúan con impunidad y "al amparo de la ley", ya sea por ignorancia o por corrupción.

Las estructuras de estos grupos delictivos organizados seleccionan predios de alta valorización y obtienen información de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y del IGAC. Posteriormente, acuden a notarías donde "testigos" declaran falsamente conocer al "poseedor" del predio, lo que da pie a demandas judiciales.

Una vez itida la demanda, se procede a la invasión del terreno, con equipos de albañiles que construyen viviendas de manera acelerada, mientras se dilatan los procedimientos legales para "ganar tiempo" a la empresa criminal.

Cuando el propietario afectado intenta recuperar su terreno, los invasores se oponen argumentando que han ocupado el predio por más de cuatro meses, plazo máximo para iniciar acciones de restitución por la vía policiva, o que el predio está a disposición de la justicia ordinaria, lo que impediría al inspector de policía restituir el bien usurpado.

Según Camerano, entre los casos de despojo se encuentran la Zona Franca Zofia en Galapa, la finca Santa Isabel en la Vía al Mar y predios en la entrada a Puerto Colombia y Salgar, entre otros[1].

El columnista señala que estas acciones cuentan con el respaldo de políticos corruptos, empleados públicos de diversos niveles, notarios, funcionarios del poder judicial, sectores corruptos de la Policía Nacional e inspectores de policía corruptos. 

Además, involucran a un sector privado que invierte en el negocio, revendiendo los terrenos a los grandes urbanizadores a precios más elevados.

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"Hasta ahora no hay una sola condena por estos delitos que haga retroceder a la Organización Criminal, cada vez más poderosa e impune", puntualiza.