¿Está de acuerdo con los analistas en que, según el Plan Nacional de Desarrollo, lo que se viene, bajo este gobierno, es la sobredimensión de lo estatal sobre el enanismo de lo privado?
Sí, totalmente. El PND siempre tiene tres componentes principales: las bases del plan, que es un documento técnico, bastante largo, de estilo académico. Otro es un articulado normal de todo proyecto de ley. Y el tercero es el plan de inversiones para los cuatro años de gobierno.
Arranque por ahí…
En ese plan de inversiones, en los últimos seis o siete gobiernos, siempre se ven todos los gastos que se van a hacer, dijéramos, no el Estado ni el Gobierno, sino la sociedad, en todos los sectores: infraestructura, desarrollo social, educación, salud...
Que son gastos muy grandes, obviamente…
Por lo que entonces el Gobierno en el PND tiene que especificar cuáles serán las fuentes de financiación del Gobierno, aproximadamente la mitad; cuáles las fuentes de los gobiernos territoriales, del 10, 15 por ciento; y las fuentes internacionales, además de las del sector privado, un componente muy fuerte, del 30 por ciento más. En este PND, ese componente casi no existe. Fue lo primero que me llamó la atención.
¿Muy extraño?
Es que los privados invierten en carreteras, hospitales, acueductos, vivienda. ¿Cómo vamos a hacer para cumplir una meta tan ambiciosa en materia de inversiones si el Gobierno no quiere que los privados intervengan? Otra cosa que me preocupó mucho es que una de las facultades extraordinarias que el Gobierno le pide al Congreso, específicamente, es para reorganizar todas las entidades y el aparato productivo para poder cumplir con las metas de reindustrialización, bajo un marco de protección del medioambiente… Como queriendo decir, queremos estatizar todo otra vez. Eso lo deja a uno preocupado.
El artículo 339 de la Constitución ordena que el PND contenga dos partes: la primera, la formulación de los proyectos sociales, políticos, ambientales de todo tipo; la segunda, la formulación precisa de las grandes inversiones públicas y obras que tienen que estar citadas en un presupuesto plurianual, para que no haya esos famosos elefantes blancos que abundan en el país por falta de planificación financiera. ¿Cree entonces que el PND adolece de esa falla?
Sí. A ese presupuesto plurianual me refería en la pregunta anterior, pues las fuentes brillan por su ausencia, sobre todo las privadas. Además, en el trámite en el Congreso ese listado de obras del PND es un tema muy importante, porque los congresistas siempre quieren meter ahí proyectos para sus regiones, o para su electorado, o para lo que sea. Como está la cosa, no se ven cuáles son los grandes proyectos en los que el Gobierno quiere apostar.
O sea, está confirmado que este plan es abundante y exuberante en la primera parte, y muy pobre en lo segundo…
Tal cual.
¿Y eso, a su vez, abre un flanco de mucha debilidad constitucional cuando llegue a la Corte?
Sí, porque es un mandato constitucional directo.
El Presidente se pone furioso porque le dicen que es un dictador. Responde que, por el contrario, es un demócrata, que le está cediendo todo al Congreso. Sin embargo, tanto en el PND como en la reforma de la salud, pide que le aprueben facultades extraordinarias. He contado doce en el primero y seis en el segundo. Hay uno que asombra, y es que el Presidente de la República puede realizar operaciones presupuestales y modificar y complementar las normas de salud pública. ¿Entonces, finalmente, es él o el Congreso el que va a ponerle punto final a ese proyecto?
Cuando yo leí eso yo no lo podía creer. Muestra un nivel de improvisación alto. Puede ser que ven que lo que plasma el proyecto de reforma de la salud va a tener problemas en el futuro, sobre todo si uno hace un cambio de modelo tan drástico como el que se propone. Tendría que incluir un periodo de transición con unas reglas claras de que va a durar tales años, con un presupuesto claro, que se va a invertir de tal manera en los pacientes de alto costo. Nada de eso está, porque no pudieron o no tuvieron tiempo para hacerlo. Improvisaron en ese pedazo.
Entonces metieron esas facultades para el Presidente…
Sí, para que haga eso en el futuro. Es absurdo, porque es decirle a la gente: vea, aquí estamos haciendo una reforma de la salud, pero durante los próximos seis meses, el Gobierno y el Presidente pueden hacer otra, y sin pasar por el Congreso, porque lo que dice ahí es que el Presidente podrá modificar todas las normas referentes a la salud y al presupuesto.
Si le dan las facultades extraordinarias, el no dictador sino demócrata que va a terminar poniendo el punto final va a ser él… ¿Qué otras facultades extraordinarias que pide el Presidente lo han sorprendido?
Básicamente que el Presidente esté pidiendo facultades para reformar, crear entidades y fondos-cuenta. De los que el Gobierno tiene muchos, históricamente, para manejar ciertas cuentas…
¿Ejemplos?
Son fondos que manejan platas para ciertos propósitos prioritarios para el Gobierno: el Fondo para la Paz, que se creó por allá en los noventa y que todavía existe, y con eso se financió el Plan Nacional de Rehabilitación. Después ha habido muchos, como los fondos con los que se han manejado las tragedias, los terremotos, el invierno…
Facultades extraordinarias ha habido en casi todos los gobiernos. Pero ¿tantas?
Los fondos siempre han existido. Pero en este PND... todos los gobiernos han pedido una o dos facultades extraordinarias para poder hacer una reforma del Estado sin tener que pasar por el Congreso. Lo que me sorprende es que en este caso las facultades son muchísimas, y de tres tipos.
¿De cuáles?
Pues es que las hay unas para realizar todas las modificaciones presupuestales, de objetivos, de funciones, de vinculación y creación de entidades para todo tipo de propósitos, y de fondos-cuenta. Entonces, por ejemplo, el Presidente podrá realizar las modificaciones presupuestales necesarias para financiar los gastos de funcionamiento de las entidades, adquirir a título gratuito u oneroso la infraestructura y muchas para crear entidades y fondos. Lo otro que es bastante sorpresivo, porque piden facultades especiales para regular ciertas cosas: los usos alternativos de la coca, del cannabis; crear un sistema de transferencias para las poblaciones de menos ingresos. O sea, para regular cosas que ellos pueden regular sin pedir facultades extraordinarias.
¿Y por qué cree que están pidiendo eso?
Me preocupa porque, por ejemplo, para hacer transferencias, para otorgar subsidios, el Gobierno puede hacer eso como quiera, a menos que esté pensando en algo más de fondo. Es bastante sorpresivo que haya tantas facultades extraordinarias.
Constitucionalmente, además, se exige que las facultades extraordinarias tienen que ser precisas, no genéricas...
Exactamente. Porque si no, pues es darle poder legislativo al Gobierno y se pierde la autonomía del Congreso. Cuando aquí se piden facultades extraordinarias para el Presidente con el fin de depurar y modificar la normativa vigente para establecer los instrumentos que se requieran para implementar las políticas de reindustrialización y fortalecimiento de la economía popular, pues le están dando facultades para meterse con el sistema económico, con la regulación, con la reindustrialización, con la manera de fortalecer la economía popular.
Es decir, haga lo que quiera…
Es que a la hora de la verdad esas facultades terminan siendo muy parecidas a un estado de excepción, en el que el Gobierno puede legislar por decreto, lo cual cualquier democracia debe evitar. Por eso, como usted bien lo dice, deben ser tan precisas.
¿Anif tiene presupuestado cuánto valdría la reforma de la salud?
No, no, no, María Isabel, eso es imposible. Ni ellos tienen idea. Lo primero que ya está diciendo Hacienda es: ¿esto cuánto vale? O sea, construir yo no sé cuántos centros de atención primaria, que uno por cada 20.000 habitantes, que no sé qué vainas, que conseguir los especialistas, que…
Pero resulta que la ley exige que cuando se presenta un proyecto de esta magnitud, que tiene que ver con presupuesto en grandes cantidades, debe haber un aval del Ministerio de Hacienda, que hasta ahora no hemos visto…
Que no hemos visto. El ministro de Hacienda ya dijo públicamente en una entrevista que cualquier proyecto de reforma de la salud tenía que ser consistente con el marco fiscal y con las metas fiscales del Gobierno. Creo que nadie tiene las cuentas de cuánto va a costar. Y nosotros en Anif no podemos hacer tampoco esas cuentas porque no hay en qué basarse.
Y más aún, doctor Mauricio, en algún artículo de ese caos que es la redacción de la reforma, uno lee que todo ese cambio dependerá de si hay plata en Hacienda o no. ¿Cómo vamos a decir que vamos a demoler lo que hay, y a construir otra cosa completamente distinta, ah, pero eso dependerá, en la etapa en que nos coja la transición, de que haya plata o no haya plata?
Por eso le digo que ellos mismos no saben bien qué es lo que va a pasar, y meten esas facultades extraordinarias para poder después ir arreglando sobre el camino. Lo cual es lo peor que se puede hacer, y mucho más en un sector como la salud. Es que aquí no estamos hablando de cualquier otro sector. Hablamos de que en este momento aproximadamente el 15 por ciento de la población colombiana está en tratamiento de alguna enfermedad de alto costo, de diabetes, de temas renales, de epoc, de cáncer… ¿Y toda esa gente, qué? No, es que vamos a crear unos centros y ahí vamos viendo cómo los atendemos… Esto es una cosa que realmente lo deja a uno, perdóneme la expresión, con los pelos parados.
Se calcula un periodo de transición, entre el sistema actual y el futuro, como de unos diez años. Por ejemplo, la revista Cambio calcula que eso tendría un costo de por lo menos 40 billones de pesos, dos reformas tributarias. ¿A usted le parece exagerada esa suma?
No me parece exagerado el cálculo, pero la suma sí me parece muy alta. Hoy ya gastamos en salud en Colombia 70 billones de pesos anuales. De lejos es en lo que más gasta el país, más que en pensiones, más que en Fuerzas Militares, más que en todo. Sumarle otros 40, pues, primero, ¿de dónde van a salir? Y, segundo, es un exabrupto. He pasado toda mi vida haciendo políticas públicas y mirando cosas de aquí y de allá, y la salud me ha perseguido desde el principio, de pura casualidad; y yo no tengo la menor duda, en esos treinta y cuatro años que llevo trabajando, que el mayor logro de equidad y de política social que ha tenido Colombia es la salud. Antes del 93, y yo la viví, la salud era una limosna para los pobres y un seguro de salud en Miami para los ricos. Eso era la salud. Hoy en día es un derecho para todos, y eso lo hemos logrado con un esfuerzo grandísimo. Las mismas cifras de satisfacción del ministerio demuestran que el 80 por ciento de la gente, de los pacientes, están contentos con el servicio que reciben, sin importar, ojo a esto, si son del contributivo o del subsidiado. Es decir, los del subsidiado sienten una satisfacción igual a la de los del contributivo. Pasamos de una limosna para los pobres a un derecho. Y eso nos ha costado plata, esfuerzo, trabajo en 30 años.
Y por eso es que gastamos 70 billones de pesos anuales en ello…
Para que nos vengan a decir que van a arrasar con eso, porque la salud no puede ser un negocio, y que los pacientes no son clientes y no sé qué más vainas, sin tener en cuenta la realidad de lo que está pasando. Y, además, metiéndonos en una vacaloca fiscal que no sabemos cómo va a salir. Eso es ya realmente la tapa.
MARÍA ISABEL RUEDA
Twitter: @MIsabelRueda