¿Son viables las peticiones de los motociclistas?

De nuevo, los motociclistas, que sin duda tienen un gran poder de convocatoria con la eficiente ayuda de las redes sociales, le están reclamando al Gobierno que les permita concertar soluciones a unas decisiones o anuncios que, según ellos, afectan sus intereses y sus bolsillos.

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Algunas de las peticiones son reducir el costo del Seguro Obligatorio de Accidentes (Soat), o facilidades para su pago a través de financiación; el aumento del precio de la gasolina; que se les permita trabajar mediante aplicaciones de transporte, y un mejor trato de las autoridades, a quienes acusan de una persecución constante.

Es cierto que la motocicleta es en un elemento clave para el transporte, la generación de empleo y la industria en Colombia. El propio Gobierno y sus entidades lo saben. El Runt, por ejemplo, dice que a junio de este año había en el país 10’ 544.841 motos, el 60 por ciento del parque automotor y, según el Dane, uno de cada siete colombianos tiene una motocicleta.

Cifras de la ANDI demuestran que el 90 por ciento de las motocicletas que se comercializan en el país son producidas en Colombia y 98 por ciento son empleadas como vehículos de trabajo y transporte mayoritariamente en hogares de estratos 1,2 y 3.

Este año se estima que se venderán un millón de motos nuevas. El 98 por ciento de estas son aparatos con motores de menos de 125 cm3, es decir, las llamadas motos populares que por disposición de la Ley 488 de 1998 no pagan impuestos como el resto de vehículos.

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Las peticiones de los motociclistas no son nuevas porque los problemas vienen desde hace muchos años atrás y ante los cuales los gobiernos, o no hicieron nada, o prefirieron mirar para otro lado.

El principal problema de las motos y los motociclistas es su alta accidentalidad. Cifras de Fasecolda demuestran que en el 80 por ciento de los siniestros que ocurren está involucrada una moto. Este es un problema de salud pública por los altos costos de atención de los lesionados pues las heridas en accidentes de moto con frecuencia son más graves que las que tendría el ocupante de un automóvil.

El año pasado murieron 7.270 personas en accidentes de tránsito, 3.312 eran motociclistas. Y en los últimos años, los motociclistas han puesto siempre el mayor número de muertos en las calles.

Buena parte de esa alta siniestralidad se hubiera evitado si el Gobierno, como sucede en otros países, hubiera implementado un modelo de expedición de licencias de conducción más exigente, con pruebas teóricas y prácticas. Aquí todavía ‘el pase’ se lo da con la moto; y más grave aún, a una persona sin experiencia le expiden una licencia para conducir motos de alta cilindrada, más de 500 cm3.

Las estadísticas demuestran que la tasa de accidentalidad de los motociclistas nuevos es altísima, este año se calcula que más 200.000 de ellos sufrirán accidentes por falta de experiencia y pericia.

Esta es una de las razones que hace casi imposible pensar en una reducción de la tarifa del Soat. Hoy la tarifa de las motos está subsidiada por la de los automóviles (que tienen menos siniestralidad). Fasecolda calcula que,con base en la accidentalidad, una moto debería pagar 1’500.000 pesos y un automóvil unos 50.000 por el seguro obligatorio.

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En este punto ya el Gobierno ha explicado como el subsidio a los combustibles generó un alto déficit para las finanzas del país. “El déficit de estabilización de precios de los combustibles por falta de pago del gobierno anterior es de 10 billones por trimestre. Es decir, casi 40 billones anuales. Casi la mitad del déficit del presupuesto nacional. Se produce al no subir el precio de la gasolina”, manifestó el presidente Gustavo Petro.

Una de las soluciones que se han planteado es poner una tarifa diferencial del galón de gasolina para las motos, es decir, un precio más bajo. Una propuesta que tendría muchos inconvenientes de realizar por las adecuaciones en las estaciones, habría que tener unos tanques e islas exclusivas para las motos, es decir, casi que irrealizable.

Aunque la tecnología se impone hoy, permitir el uso de aplicaciones para el transporte público sería tanto como legalizar el mototaxismo, un problema que se salió de madre en casi todo el país, que tiene en jaque al transporte masivo y que genera más riesgos para los s por la alta siniestralidad. ¿Pagarán los motociclistas una póliza para proteger a sus pasajeros en caso de accidente?

Uno de los grupos de motociclistas que promueven la movilización en Bogotá se hace llamar ‘Bikegonorreas’. Dicen “estar mamados” del trato de la Policía, y de que la ciudadanía los vea como una “plaga”. Y sí, es cierto que en algunos casos las sanciones para las motos son más fuertes. Por ejemplo, las inmovilizan por pasarse un semáforo en rojo, algo que no pasa con los carros, y hay restricciones de todo tipo para su circulación en casi todas las ciudades colombianas.

Y por supuesto, no son todos los motociclistas, pero por el comportamiento en las calles de una gran mayoría se han ganado la fama por violar normas de tránsito, adelantar por la derecha, circular por andenes, andar en zig-zag entre los vehículos o exceder los límites de velocidad en la ciudad y carretera.

Hay que darse por bien servido en una ciudad como Bogotá, en donde todos usan casco y la mayoría respeta los semáforos. Porque en muchos municipios del país (más del 60 por ciento no tienen autoridades de tránsito), los motociclistas andan literalmente sin Dios ni ley. El casco es un elemento raro, como la placa y las luces.

Pero finalmente, sobre el comportamiento en las calles poco hablan los voceros de los motociclistas, algo que, de mejorar, cambiaría sustancialmente su imagen y haría más amable soportar los trancones, claro, si los automovilistas, ciclistas y peatones también pusieran su granito de arena.

Carlos A. Camacho Marín

Periodista de EL TIEMPO

Subeditor Sección Vehículos

Twitter @carlosacamachom