Crece incertidumbre en el programa de sustitución de cultivos de coca

Para cumplir los compromisos que se hicieron con al menos 99.000 familias vinculadas en el Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), al Estado le hacen falta este año 600.000 millones de pesos para completar los 1.6 billones que requerirá. Y para vincular a las otras 33.119 familias que hicieron parte de los acuerdos colectivos se necesitarían por lo menos 1.3 billones de pesos más que, por ahora, no hay en el presupuesto.

Esta información hace parte de una investigación hecha por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) sobre el PNIS, programa con el que las familias ya han sustituido 34.767 hectáreas de coca de las casi 52.000 que tienen como meta.

A pesar de que según Naciones Unidas el cumplimiento ha sido del 94 por ciento, y por ahora la resiembra es de apenas el 0.6 por ciento –lo que muestra que las familias han honrado sus compromisos–, la FIP asegura que la incertidumbre pone en riesgo el futuro de la sustitución voluntaria.

Desde que se inició este programa, dice la FIP, el Estado no tiene los recursos necesarios para su implementación, por lo que “este Gobierno tiene el desafío de implementar un programa que no diseñó y del cual heredó problemas presupuestales, de planeación y coordinación”, asegura el informe.

A los problemas presupuestales se suma la inseguridad sobre lo que está por venir, pues la revisión del programa así como el tiempo que se ha tomado la Alta Consejería para la Estabilización para proponer una nueva hoja de ruta, “ha ampliado los rezagos y creado mayor incertidumbre”. Esos rezagos, asegura la FIP, ponen en duda entre las poblaciones la legitimidad del Estado por lo que “la resiembra es una opción que toma fuerza en varias regiones”.

Un problema clave consiste en que las ayudas del programa, según la FIP, han llegado tarde y de manera desacoplada. El programa –que tenía una duración de dos años, pero que va a terminar tardando cuatro–, contempló seis pagos bimestrales de 2 millones de pesos. Después del segundo pago se iniciaría la asistencia técnica por 24 meses, luego vendrían los planes de seguridad alimentaria con insumos y herramientas de autosostenimiento, y finalmente se implementaría un proyecto productivo que garantice ingresos rápidos. Esos proyectos productivos son el corazón del programa pues de su efectividad depende la subsistencia de las familias. 

De las 99.096 familias inscritas, el 67 por ciento ya recibió un primer pago, el 40 por ciento cuenta con asistencia técnica, y el 17 por ciento se ha beneficiado de medidas de seguridad alimentaria. En cuanto a los proyectos, se han elaborado 3.313 planes de inversión, es decir, con un 3.34 de las familias inscritas.

Pero ese proceso, dice la FIP, no se ha dado de manera rápida. En promedio, la asistencia técnica después del primer pago tuvo cinco meses de retraso, la seguridad alimentaria comenzó con 10 meses de retraso, y los proyectos productivos se comenzaron a planear con 16 meses de retraso.

En los proyectos productivos la FIP identificó diferentes debilidades. Según sus registros, hay 23.500 familias que ya han identificado líneas productivas para mantener su economía, de las cuales el 72 por ciento priorizaron la ganadería, es decir, unas 17.000. Otras 3.000 han dicho que se dedicarán a los cultivos de café, 2.500 al cacao, y 1.000 a la palma. Otras 9.552 han dicho que buscarían productos como la miel, el cultivo de sacha inchi, caña y plátano, así como la piscicultura. 

Pero mientras las familias mantienen un interés por estas actividades agropecuarias, lo cierto es que el 60 por ciento de cultivos de coca está por fuera de la frontera agrícola, lo que deja dudas sobre cuántas de estas zonas realmente se podrán usar para las actividades que las familias tienen pensadas. A esto se suma que 3.000 familias están ubicadas en Parques Naturales, por lo que tampoco está claro qué actividad económica podrían desarrollar en estas zonas protegidas. 

Una dificultad adicional radica en que la mayoría de familias que está en el programa de sustitución de cultivos no tienen la titularidad de la tierra formalizada, aunque el 59 por ciento asegure ser dueña de la tierra por su permanencia en los territorios. 

Unos de los grupos que menos ha recibido las ayudas son los recolectores. El programa de sustitución contempló beneficios tanto para cultivadores como no cultivadores (donde entrarían los recolectores). Así, a 31 de enero de este año había 16.848 familias inscritas como recolectaras que debían recibir ayudas alimentarias, 12 millones de pesos en un año, y empleo. Pero la entrega de esos beneficios ha tenido dificultades, y uno de los líos ha sido que las Juntas de Acción Comunal (JAC) que debían firmar con esta población contratos de prestación de servicios para que cumplieran labores comunitarias, se han negado a hacerlo por lo que muchos han migrado a otras zonas donde aún hay cultivos ilegales. Por esto, sólo 1.632 recolectores han sido vinculados en actividades de interés comunitario, es decir, apenas el 10 por ciento del total. 

Estas dificultades se suman a que al inicio el programa no se tenía los suficientes técnicos para cumplir los objetivos de sustitución. Así, en un comienzo el programa no superaba los 10 profesionales, y hacia el final del gobierno de Santos tenía 130, un 90 por ciento contratados a través de Naciones Unidas. Pese a esto, la FIP asegura que en sus visitas a terreno ha encontrado que “los equipos están desbordados y no tienen las capacidades para desarrollar los diferentes puntos de esta política”.

Otro problema que tiene al programa es la presión de los grupos ilegales. En estas zonas de sustitución los homicidios han crecido en un 38 por ciento. Y aunque en estos territorios las amenazas contra líderes sociales disminuyeron en un 68 por ciento, los homicidios contra esta población creció un 165 por ciento. 

Esas dificultades de seguridad han hecho que el proceso de verificación de la sustitución de cultivos se haya visto truncado, pues Naciones Unidas asegura en su último reporte que por las condiciones de seguridad no se ha podido verificar 3.870 hectáreas reportadas en El Retorno y Miraflores (Guaviare), así como en Puerto Concordia y Tumaco (Nariño). Desde diciembre del 2017 Naciones Unidas ha reportado incidentes en 20 municipios de 8 departamentos en donde la violencia está dificultando el proceso. 

Esto se suma a otra dificultad: la Alta Consejería para la Estabilización suspendió la vinculación de 13.351 familias. En algunos casos esto se dio, dice la FIP, por la falta de un sistema de información confiable, y en otros, por el incumplimiento de los requisitos por parte de algunos beneficiarios que por ejemplo dividieron sus parcelas para recibir beneficios dobles. Esas suspensiones, según dice el informe, han causado inconformidad en algunas familias, llevando a movilizaciones y bloqueos.

Uno de esos casos es el de San José del Fragua, en Caquetá, donde los campesinos protagonizaron una asamblea permanente y salieron a protestar a las vías por la suspensión del programa. 

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