‘La tutela se ha venido convirtiendo en una tercera instancia': Magda Acosta

La presidenta de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Magda Victoria Acosta, revela en entrevista con EL TIEMPO detalles de su primera reunión con el presidente Gustavo Petro que se realizó el pasado 23 de febrero.

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Acosta expone la necesidad de reglamentar el funcionamiento de la entidad que reemplazó a la cuestionada Sala Disciplinaria de la Judicatura, propone crear juzgados disciplinarios que hagan la primera instancia de los procesos contra empleados de la Rama Judicial y la Fiscalía y abogados, señala que funcionarios judiciales sancionados han logrado revocar fallos vía tutela.

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El Presidente nos dijo algo que es claro para todas las corporaciones: que el papel de la Rama Judicial y en especial de las Cortes es mantener la institucionalidad del país y así ha sido desde que somos un Estado Social de Derecho. Reconoció que él no estaría sentado como presidente de la República sino hubiera sido por las garantías que encontró en las Cortes en su momento. Siento que hay un respeto hacia la Rama Judicial, lo que representa y a sus decisiones.

Le expliqué cómo nos ajustamos a la (Convención Americana de Derechos Humanos) a partir de la división de sub-salas en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para garantizar que el funcionario instructor sea diferente al que emite la sentencia. Estamos preparados para hacer un proceso disciplinario jurisdiccional con todas las garantías, pero, además, acogiendo la sentencia de la Corte Interamericana (en el caso de  Gustavo Petro). Y le manifesté los temas que deberíamos preparar para este año.

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Por el momento histórico en el que todo el mundo quería que se acabara la Sala Disciplinaria de la Judicatura, hubo mucha premura en que saliera el Acto Legislativo de creación de la nueva corporación, pero no se reglamentó. Entonces, tenemos la norma que nos define una competencia general para disciplinar a todos los funcionarios de la Rama, los de la Fiscalía y Medicina Legal, pero además a todos los abogados. Para desarrollar esa función debemos tener una estructura más robusta.

No hay ley, tenemos solo el artículo constitucional que nos crea. Al ministro de Justicia le se le pasó un proyecto de año legislativo el año pasado y yo le plantee otra posibilidad para reformar la Ley 1123 de 2007 para que crear una forma de audiencia previa a la acción disciplinaria para que se les dé a los procesados la oportunidad de devolver esos dineros cuando han sido denunciados por faltas a la honradez del abogado, de manera que no sea necesario enervar la acción disciplinaria en un proceso complejo y largo.

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Le plantee al Presidente la necesidad de crear unos juzgados de primera instancia y que reglamentemos qué casos van a conocer, es decir, esas faltas que cometen los empleados de la Rama como la pérdida de un expediente, por ejemplo. Crear la primera instancia porque nuestra jurisdicción solo tiene a funcionarios de nivel de delegado de tribunal y una Corte que es la Comisión Nacional de Disciplina. En las otras jurisdicciones hay juzgados de primera instancia, y nosotros no la tenemos, para que conozcan de las faltas de los abogados y empleados de la Rama en primera instancia y la segunda instancia la conocería las Comisiones Seccionales (en cada región).

Sí. O podríamos conocer de la doble conformidad. Actualmente como Corte conocemos de manera privativa de las conductas disciplinariamente reprochables de todos los funcionarios de la Fiscalía y de la Rama que tengan nivel de delegado de Tribunal hacia arriba. Y estamos haciendo la segunda instancia de abogados y empleados.

Nosotros compartimos el criterio que ha venido exponiendo el Presidente de la República de que las jurisdicciones deben crecer en la base y a nivel territorial y para los empleados del común. En este momento tenemos totalmente congestionadas a nuestras Seccionales porque están conociendo de todos los procesos de primera instancia de abogados, de empleados y nos llega a nosotros la segunda instancia, que somos siete, de las 26 Seccionales. Al crear la primera instancia en la localidad, el juzgado disciplinario sería más cercano al funcionario y la segunda la harían los Seccionales. La Comisión Nacional sería órgano de cierre en esos procesos y adelantando los procesos disciplinarios de los altos funcionarios de la Rama Judicial.

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Además de la prevención que se tuvo inicialmente a partir de la experiencia de la extinta Sala Disciplinaria, no hay una razón de tipo legal que impida que la Comisión como juez pueda tener la facultad de ser juez de tutela. El querer del constituyente primario fue que todos los jueces de la República conozcan de las acciones de tutela. Hoy no lo hacemos y eso nos pone en una situación muy difícil. Además, porque la tutela se ha venido convirtiendo en una tercera instancia de los procesos disciplinarios que fallamos.

En esta última semana, en un tema específico del Valle del Cauca, por orden del Consejo de Estado hemos tenido que quitar una sanción que se impuso. Hace poco hubo un caso sonado del Meta, en donde uno de los funcionarios de la Comisión de Disciplina judicial, había sido sancionado y por decisión del Consejo de Estado esta se revocó.

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Sí. (Por la tutela) fue reintegrado a su cargo.

Ser magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial conlleva una exigencia mayor porque evaluamos las conductas éticas tanto de los abogados como los funcionarios de la Rama Judicial y eso quiere decir que no podemos tener ninguna tacha. No debemos tener siquiera sospecha de una mala actuación porque se pone en riesgo la credibilidad de la istración de justicia. Tan es así, que para ser magistrado de nuestra corporación no se puede haber tenido, en ningún tiempo, ninguna sanción.

Resulta preocupante que tengamos por vía judicial que mantener dentro de nuestra corporación a funcionarios que, de alguna manera, sean puestos en dudas su actuar ético. También depende de una visión personal, cuando se presentan estos casos, yo sí creo que uno debería separarse del cargo, por lo menos mientras se defiende y aclara su situación judicial.

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En mi despacho tengo algunas investigaciones en ese sentido. Puede tener certeza la ciudadanía de que estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para investigar de manera pronta y eficaz estas irregularidades que se nos han puesto en conocimiento de la Comisión Nacional, tanto así que en situaciones donde en la competencia inicial estaría en la Comisión Seccional del Atlántico hemos hecho uso del poder preferente para poder garantizar transparencia y celeridad en las actuaciones no solo en este caso, sino contra jueces de ejecución de penas del mismo departamento.

Puede ser todo lo que usted acaba de mencionar. El nuevo Código Disciplinario se nos da la posibilidad de conocer por poder preferente y nosotros, vía reglamento interno, hemos definido de manera objetiva cuáles serían esas causales, que son las que usted acaba de señalar. Pero, además, porque entendemos que en muchas Seccionales del país pues por la misma actividad de relacionamiento que se dan entre los jueces y magistrados y la comunidad jurídica, una forma de garantizar transparencia es que el caso lo conozca la Comisión Nacional.

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No tanto que sean amigos, pero es normal que desarrollen actividades conjuntas. Incluso, en algunas Seccionales del país trabajan en el mismo edificio porque quedan en el Palacio de Justicia.

Yo llevé a la Sala Plena la necesidad de conocerlo por poder preferente y se hicieron varias consideraciones como que, que para el año 2021 ya se había hecho una denuncia contra el mismo juez por otorgarle un subrogado de detención domiciliaria al procesado. Sin embargo, al requerir al Seccional se encontró que no se habían desplegado mayores actividades tendientes a investigar la situación y, ante una nueva queja, esta vez por parte de la Procuraduría General, sobre el mismo procesado y juez y similares circunstancias, se consideró que es un tema de impacto nacional que debía ser conocido por la Comisión Nacional.

En este momento no tenemos como establecer cuál fue la causa por la cual no se ejecutaron mayores actividades investigativas en ese momento, es una situación que está valorando la magistrada a la que le correspondió ese proceso.

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Es muy importante que tengamos a todos los recursos tecnológicos que nos permitan poner en línea a nuestra Seccionales por todo el país, pero además de cumplirle a la ciudadanía con prontitud en aspectos como el manejo en el Registro Nacional de Abogados, el manejo de todos los antecedentes de faltas disciplinarias, el manejo en línea de las actuaciones procesales y para mejorar el tema de la virtualidad y las instalaciones físicas.

Todavía no ha sido claro para la comunidad académica qué es realmente lo que propone la Corte Constitucional. No tengo muy claro los plazos en que se desarrollaría todo el proceso de disciplinario y si se hace una revisión por el Consejo de Estado, no tengo muy claro si los tiempos darían para que no prescribieran esas acciones o si se mantendría sub judice al infractor disciplinario hasta tanto se fallaron el Consejo de Estado.

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En nuestra jurisdicción, que es diferente, se respeta la prescripción para el ciudadano. Es decir, no es lo que se demore el juez para tomar la decisión, sino que hay un término desde el momento de la consumación de la falta disciplinaria para hacerlo y, si transcurren cinco años, tendría que llevar a una prescripción. Entonces, no es claro para mí como sería esto en este nuevo proceso porque la Corte no ha explicado realmente cuál es su propuesta.

¿Qué temas debe llevar la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial este año?

Nosotros hemos hablado con las otras jurisdicciones sobre que tenemos que disminuir la morosidad en la Rama Judicial. La justicia que no es pronta no es verdadera justicia y tenemos jurisdicciones donde realmente las decisiones entre primera y segunda instancia toman un término muy largo y eso hace que la tutela sea el mecanismo al que más acuden los ciudadanos en la medida en que les resulta más expedito. Y eso ha hecho que se desdibuje el objetivo de la acción de tutela. Encontramos que ahora todo el mundo hace uso, para toda clase de derechos, de la acción de tutela.

@AlejaBonilla