Así está la situación en los albergues tras la peor crisis humanitaria en el Catatumbo: 84.683 personas han sido afectadas

Una cifra que no se había visto al menos en la última década sigue haciendo eco en la situación humanitaria en una de las regiones epicentro del conflicto en el país: el Catatumbo. 84.683 personas resultaron afectadas por la escalada de los enfrentamientos entre el frente 33 de las disidencias de las Farc y el Eln, un número que representa el 71 % del total de las víctimas registradas a lo largo del conflicto armado en esa zona, que asciende a 108.436.

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El drama de más de 50.000 personas, quienes salieron en caravanas con unos cuantos enseres para refugiarse en las ciudades principales del fuego que abrieron los grupos armados en los municipios de Tibú, Teorama, Sardinata, Convención, El Tarra, San Calixto, Hacarí y Ábrego, fue cuantificado en el último informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Este desplazamiento, el más masivo en la historia del Catatumbo, incluso superior al que provocó la masacre de la Gabarra, el hecho violento de mayor impacto reportado allí hasta hace menos de un mes, repercutió en el 57 % de los municipios de Norte de Santander, los cuales tuvieron que recibir a decenas de miles de personas que buscaban refugio. 

Al estadio General Santander y otros albergues provisionales de Cúcuta llegaron 23.066 personas desplazadas; a Tibú, 13.541; y a Ocaña, 10.285. Además, en el departamento del Cesar, municipios como González (280) y Río de Oro (130) también han reportado la llegada de exiliados. 

Sobre estas cifras, Naciones Unidas hizo un énfasis especial sobre la situación de los 4.443 migrantes venezolanos afectados por la crisis humanitaria. "Se han generado múltiples riesgos de protección para la población refugiada y migrante proveniente de Venezuela, incluyendo amenazas, homicidios selectivos, desplazamientos, restricciones a la movilidad y confinamientos", indicó la Oficina. 

Al igual que por la desescolarización y el impacto en los 46.032 niños, niñas y adolescentes, quienes han interrumpido su educación no solo debido al desplazamiento forzado del que fueron víctimas, sino también por el que sufrieron al menos 357 docentes.

"La ausencia de personal docente, el cierre de escuelas debido a la presencia de grupos armados ilegales, la posible instalación de minas antipersonal, la dejación de municiones en inmediaciones de estos centros educativos y las restricciones de movilidad han limitado el a espacios seguros de aprendizaje, afectando el derecho fundamental a la educación de la niñez y adolescencia en el Catatumbo", expuso el informe.

A través de un sondeo y grupos focales con algunas de las personas desplazadas en los albergues de los tres municipios principalmente receptores, Naciones Unidas alertó sobre una serie de situaciones de riesgo que complejizan la ya difícil situación de más de 50.000 personas.

A nivel de salud, el comité de Naciones Unidas identificó que la atención médica ha disminuido en "disponibilidad y calidad", afectando a las comunidades de los albergues y exponiéndolas a enfermedades o al agravamiento de comorbilidades.

En estos lugares, el hacinamiento y la falta de a agua potable han generado un aumento de virus, infecciones respiratorias y urinarias, enfermedades diarreicas, dolores musculares, crisis de ansiedad y complicaciones en embarazos de alto riesgo, además de problemas de salud oral y enfermedades crónicas sin seguimiento adecuado.

También encendió las alarmas por la crisis hospitalaria en las ciudades receptoras, en donde "se evidencia la sobreocupación de camas, la escasez de medicamentos e insumos y el desgaste del personal de salud". 

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En cuanto a la alimentación, la oferta es limitada en los albergues temporales y no contempla el enfoque diferencial ni las condiciones de salud específicas de la población.

"La falta de un sistema eficiente de identificación y seguimiento de la población afectada por la emergencia dificulta una respuesta focalizada lo que puede incrementar el riesgo de malnutrición y mortalidad infantil en Ocaña, Tibú y Cúcuta", se indica en el informe. 

Frente a las condiciones de los albergues, la OCHA reveló que algunos no cuentan con las condiciones adecuadas para las personas en situación de discapacidad. De igual manera, señaló que existen brechas en el a servicios de salud, educación y protección, al no contar con los recursos necesarios ni una ruta de transporte que permita el traslado a los centros hospitalarios.

También enfatizó en la exposición en la que se encuentran los niños, niñas y adolescentes a posibles riesgos de abuso sexual, consumo de sustancias y explotación sexual.

Asimismo, en la amenaza de que se presenten violencias basadas en género y violencias sexuales en las comunidades desplazadas en albergues. Este riesgo se ve exacerbado, además de por su situación de vulnerabilidad, por las limitaciones en la difusión de información sobre los mecanismos y rutas para la prevención de estos hechos.

En el informe, la ONU alertó sobre la desprotección de las comunidades indígenas Karikachabiquira, Bedabocyi y Bakuboquira, de las cuales han salido unas 816 personas desplazadas, quienes se encuentran en "condiciones precarias y de hacinamiento" en los lugares de acogida.

Asimismo, se reportó el confinamiento de la comunidad Barí, que ha visto afectada su seguridad alimentaria debido a las limitaciones en sus prácticas tradicionales de caza y pesca.

Finalmente, ponderó las condiciones y expectativas frente al retorno a sus comunidades de origen, a propósito del regreso de un buen número de personas. 

Sin embargo, encontró que aún existe temor en la población, que en su mayoría considera que no existen garantías de seguridad y que regresar a sus territorios los expone al reclutamiento de sus niños, niñas y adolescentes, a amenazas directas, entre otros riesgos. "Las personas también temen por el estado de sus bienes muebles, tierras, así como animales que no pudieron trasladar", indicó la Oficina.

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Redacción Justicia