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Contraloría encontró irregularidades por más de 108 mil millones de pesos en el Departamento de Prosperidad Social

Se encontraron pagos de subsidios a personas fallecidas o que no cumplían las condiciones para ser beneficiarios.

bogota sept de 2022. Contraloría General de la República — Edificio de la Contraloría General de la República Foto: Milton Diaz / El Tiempo

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María Isabel Ortiz Fonnegra

PERIODISTA08.08.2024 15:58 Actualizado: 08.08.2024 16:06

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En una auditoría financiera al Departamento istrativo para la Prosperidad Social, la Contraloría General encontró una gestión ineficaz de los recursos para atender las necesidades de la población más vulnerable del país.

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El órgano de control evaluó los estados financieros de Prosperidad Social al 31 de diciembre de 2023 y estableció 21 hallazgos istrativos de los cuales 17 tienen presunta incidencia disciplinaria y 10 con incidencia fiscal por 108.869’283.650 pesos. También se pidió abrir dos indagaciones preliminares por $46.717’108.000.

Sobre la ejecución, la Contraloría dijo que en 2023 Prosperidad Social contó con una asignación de $9.8 billones, distribuida en 18 proyectos de inversión, la cual tuvo una ejecución de solo el 85 por ciento, por lo cual para la Contraloría en la vigencia auditada se dejaron de usar $1.459.369’495.179, correspondiente a 15 proyectos de inversión.

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“Para la vigencia 2023, la baja ejecución de los programas de inversión de Prosperidad Social se dio por debilidades en los trámites de aprobación de vigencias futuras, ampliación de cronogramas para la revisión y aprobación de las fichas técnicas, demoras en la investigación de mercados y análisis del sector, y de igual forma en los estudios previos y publicación de procesos contractuales, entre otras”, dijo el ente de control.

De acuerdo con la auditoría, hay una insuficiente gestión del presupuesto por parte del ordenador del gasto de la entidad, así como de los directores a cargo de la formulación y ejecución de los proyectos, por fallas en la planificación, estructuración, ejecución y cumplimiento de lo planeado.

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Adicionalmente la Contraloría informó que de los cruces de las bases de datos suministradas por Prosperidad Social se estableció que la información que soporta los programas Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Compensación del IVA y Colombia Mayor no cuenta con las condiciones de exactitud, integridad, actualización, coherencia, relevancia, accesibilidad y confiabilidad que se requiere para la toma de decisiones al interior de la entidad.

Pagos a beneficiarios fallecidos

La auditoría también encontró casos de pagos a beneficiarios fallecidos por lo cual se dijo que la efectividad del Grupo Interno de Trabajo Antifraudes en la depuración de bases de datos no está siendo efectiva.

De otro lado, se encontraron debilidades en el proceso de verificación de que los beneficiarios cumplan con los criterios de elegibilidad, lo que ha permitido que algunas personas que no no cumplen con las condiciones establecidas sean favorecidas y cobren los incentivos sin tener derecho a ello.

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“En los diferentes programas se encontraron trasferencias a fallecidos según cruce de información con la Registraduría Nacional, beneficiarios que han declarado renta ante la Dian, incumplimiento de criterios de permanencia y pertinencia por encontrarse registrados en bases de datos con otros beneficios excluyentes según lo estipulado en cada programa, Colpensiones, Colfondos, CREMIL, CASUR, RUAF, ADRES y PILA”, indicó el órgano de control.

Irregularidades en el programa Jóvenes en Acción

También hubo un hallazgo sobre los incentivos del Programa Jóvenes en Acción, dirigidos a población joven en condición de pobreza y vulnerabilidad, pues la Contraloría encontró que en los Manuales y Guías diseñados por Prosperidad Social solo se contemplan criterios de focalización y no de permanencia en el programa.

“Lo anterior permite perpetuar en el tiempo el pago de beneficios a jóvenes cuyos ingresos superan los índices de pobreza establecidos por el Dane en la vigencia 2023”, se lee en el comunicado del órgano de control.

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Y se añadió que en la auditoría se estableció que beneficiarios de este programa se encuentran reportados en bases de datos de fondos de pensiones como personas con ingresos superiores a un salario mínimo legal vigente, incluso se encontraron beneficiarios reportados por la Dian que declararon renta de los años gravables 2021 y 2022.

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