La Contraloría ha detectado 1.171 elefantes blancos desde el 2005

Recursos por 16,2 billones de pesos están comprometidos en obras que no se han terminado, son fallidas, o que están en alerta por atrasos en el país. En la larga lista aparecen un embalse multipropósito en el río Ranchería en Distracción (La Guajira), que beneficiaría a 400 personas; la línea de aducción del acueducto de Villavicencio (Meta) que sirve a 531.000 habitantes; la cárcel agrícola de Yarumal (Antioquia), que sería para 13.825 presos, entre otros.

(Lea: Recursos por $ 6,6 billones en juego en obras inconclusas)

Estos hacen parte de los 2.039 proyectos e infraestructuras del listado que la Contraloría General de la República tiene catalogados de elefantes blancos u obras inconclusas (1.171 obras) y proyectos críticos (868).

(Lea:  Nuevas alertas por cobros por accidentes sin Soat)

Este listado contiene registros desde 2005 a la fecha de proyectos que van desde el peor escenario y son elefantes blancos, es decir, en los que se hizo una inversión y que difícilmente se podrán terminar, hasta el escenario más esperanzador, que son los proyectos críticos que, aunque están atrasados en sus cronogramas, se están ejecutando y hay posibilidades de terminar.

En el medio están las obras inconclusas, que están colgadas en los plazos de ejecución o a veces hasta terminadas, pero les hacen falta algunos detalles que imposibilitan su terminación y entrega para el uso de las comunidades.

(Le puede interesar: Luego de siete años, comenzó juicio contra Sandra Morelli)

Así lo explicó Luis Carlos Pineda, contralor delegado de Participación Ciudadana, quien indicó que el órgano de control hace seguimiento a todos estos proyectos y genera espacios con las entidades encargadas de los mismos para tratar de que su ejecución se destrabe; y que también está atento para abrir los procesos de responsabilidad fiscal cuando se evidencie que en las obras se invirtieron innecesariamente más recursos u otras faltas que atenten contra las finanzas de la nación.

En el seguimiento de la entidad se evidencia que los sectores con más obras en este listado son educación, con 652; agua potable y saneamiento básico, con 313; y vivienda, ciudad y territorio, con 276. Si se mira por los sectores con las obras más costosas comprometidas, el listado lo encabeza transporte, con 4,6 billones de pesos; educación, con 3,4 billones; y agua potable, con 3,1 billones.

(Le puede interesar: Por control preventivo de Contraloría ahorros llegan a US $ 5.500 millones)

En cualquier caso, esto es “infraestructura fallida que afecta a los más vulnerables”, dijo Pineda, quien citó que en el sector de educación la mayoría de registros tienen que ver con las fallas en la Política Pública de Infraestructura Educativa firmada en 2015. Esa política incluyó metas a 2018 y 2030 de garantizar 30.000 y 50.000 aulas nuevas, respectivamente, en 540 instituciones educativas, pero debido a dificultades en obras, problemas con la idoneidad de los contratistas y cronogramas, entre otros, hoy a duras penas hay poco más de 200 aulas.

Por estos retrasos, dijo el contralor delegado, hay un proceso de responsabilidad fiscal abierto por 559.000 millones de pesos contra funcionarios públicos, exministros y contratistas, entre otros.

(Le puede interesar: Contraloría confirma fallo por $ 4,3 billones por caso Hidroituango)

Si bien la mayoría de elefantes blancos son de infraestructura educativa, los montos más grandes están en transporte. En este sector hay casos como la autopista Mulaló-Loboguerrero, en Valle del Cauca, que hoy está calificada como proyecto crítico. Es una obra que beneficiaría a 4’532.152 personas y en la que se han invertido 2.145.986.340.049 millones de pesos, pero que hoy está quieta “por una situación de licenciamiento ambiental y cuando ya podían seguir, el concesionario dijo que ya no tenía las condiciones financieras”, explicó Pineda.

Lo mismo pasa con la variante San Francisco-Mocoa (Putumayo), que iría en beneficio de 1’979.182 personas y en la que se han invertido más de 401.000 millones de pesos. “Iba a conectar el sur del país con Latinoamérica, es una vía bonita que termina en medio de la selva, 400.000 millones de pesos invertidos pero hubo falta de precisión en esquemas financieros, falta de idoneidad del contratista”, expuso el contralor.

(Le puede interesar: Pérdida de anticipo en otro contrato enreda a socio de Centros Poblados)

Por departamentos, la mayoría de los proyectos con este tipo de situaciones están en Cundinamarca (204), Valle del Cauca (202), Santander (137), Antioquia (136) y Bolívar (120).

En Santander, por ejemplo, uno de los proyectos incluidos en el ‘top’ 10 de elefantes blancos u obras inconclusas es el Portal Metrolínea ‘Papi Quiero Piña’, que está programado para beneficiar a 316.200 personas y ha tenido una inversión, según la Contraloría, de 98.499’978.624 millones de pesos.

Sobre la situación del proyecto, Emilcen Jaimes, gerente de Metrolínea S.A., ente gestor del SITM Metrolínea, dijo que esta obra se había planeado para ser financiada vía tarifaria, pero debido al déficit que viene presentando el SITM no es posible seguir ese método, “luego es una obra que se encuentra desfinanciada”.

Añadió que se proyecta hacer una actualización de los diseños para presentar el proyecto al Gobierno Nacional “y buscar su financiación a través de un nuevo Conpes que requiere el sistema para su siguiente fase”.

(Le puede interesar: Empresas de energía se están quedando con plata de subsidios: Contraloría)

En el caso de Bogotá, en donde hay 58 proyectos en el listado, estos están distribuidos en varias dependencias, algunos del sector salud, otros de educación, y otros están a cargos del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

Esa entidad respondió, por ejemplo, por la situación del Acuerdo Distrital 523 de 2013, referido al cupo de endeudamiento para obras en la avenida Boyacá, desde la avenida San José hasta la avenida San Antonio, considerado por la Contraloría como un proyecto crítico. Esta obra de transporte es para beneficiar a 1’500.000 personas y, de acuerdo con el balance del órgano de control, ha tenido una inversión de 111.880’315.121 pesos.

Al respecto, desde el IDU indicaron que con el contrato 1555 de 2017 se pretendía la ejecución total del proyecto hasta la culminación de la obra pero que, ante la imposibilidad técnica de continuar con la ejecución del contrato, por “circunstancias sobrevinientes por la modificación de factores de orden técnico que afectaron el desarrollo del contrato y su alcance inicial, y la solicitud de terminación anticipada (...), se dio lugar a que el Comité de Gestión Contractual de la Entidad celebrado el día 6 de noviembre de 2020 analizara el caso a la luz de la normatividad vigente y de los intereses del IDU, producto de lo cual se viabilizó y conceptuó positivamente acerca de la referida terminación. A la fecha el acta de terminación ha sido suscrita con el contratista a partir del 31 de marzo de 2021”.

(Le puede interesar: Torres del Silencio, 'mamut de corrupción' en Casanare, según Contraloría)

El Instituto añadió que desde finales del año 2020 desarrolló una alternativa para las obras que solucionarán la movilidad en este sector y que pudiera conectar la avenida San Antonio (calle 183) con la avenida Boyacá (carrera 72); en ese sentido, mencionaron que el 17 de noviembre pasado se adjudicó el proceso y el contrato fue suscrito el 3 de diciembre de 2021.

“A la fecha se encuentran en legalización y cumplimiento de los requisitos de ejecución tanto de obra como de interventoría, el cual se espera iniciar en la etapa de preconstrucción en enero de 2022”, dijo el IDU.

En Armenia se detectó un pobre avance de la construcción de obras con dinero para la valorización que pretendía favorecer a más de 300.000 personas. El avance físico es solo del 10 por ciento. El alcalde José Manuel Ríos señaló que de las 14 obras proyectadas en 2014 solo se han terminado dos. Indicó que ya esos contratos han sido investigados por las autoridades y han terminado en condenas penales.

Igualmente señaló que su istración está haciendo los esfuerzos para reactivar las obras y recuperar los recursos enredados y que ha logrado recuperar mas de 23.000 millones de pesos para intentar terminar las obras represadas.

(Le puede interesar: Contraloría abre caso por conjunto en Yopal que lleva 10 años inconcluso)

Para estos y los demás casos de obras retrasadas o frenadas la Contraloría brinda un acompañamiento para que haya reactivaciones, seguimientos, entregas, ver qué falta y si es posible ayudar a destrabar los proyectos. Además, mediante la función de control preventivo, indicó el contralor Pineda, se logra recuperar infraestructura que iba a ser fallida.

Con corte al 23 de diciembre, a través del control preventivo, se había logrado entregar 279 obras de construcción, ampliaciones de capacidad, mejoramientos de aeropuertos, entre otros proyectos, por valor de 5,4 billones de pesos. “Si actuamos y hubo una recuperación de infraestructura fallida o reactivación de una obra, es un beneficio; estamos salvando una infraestructura de ser un elefante blanco”, concluyó.

(Le puede interesar: Se han perdido más de 25.000 vacunas de covid-19 en el país: Contraloría)

Este año, la Contraloría lanzó la 'app' móvil ControlAPP con la que han apalancado el seguimiento a los elefantes blancos. Se trata de una aplicación que permite a los ciudadanos reportar, desde donde estén, atrasos en obras, proyectos sin terminar o casos que podrían ser elefantes blancos.

Del mismo modo, les permite a los s conocer cuáles son las obras que en su departamento están en el listado de elefantes blancos, obras inconclusas o proyectos críticos para que ellos mismos puedan informar si esos proyectos sí se están ejecutando o tienen más problemas.

(Le puede interesar: Reconstrucción de Providencia avanza en 49 % tras huracán Iota: Contraloría)

La aplicación también es un recurso para que alcaldes y gobernadores conozcan qué está pasando en sus territorios. “Esta app nos permite a nosotros que todas las obras las conozca la ciudadanía, que conozcan la georreferenciación. La ciudadanía conoce cuáles son las obras, pueden ver qué está pasando en el departamento, cuántos recursos tienen invertidos, saber cuándo debía entregarse, entre otras cosas, lo que le permite hacer un seguimiento”, explicó el contralor Luis Carlos Pineda, delegado de Participación Ciudadana.

Hasta la fecha, la aplicación ha recibido cerca de 33.000 visitas, lo cual para Pineda es un buen resultado teniendo en cuenta el carácter de la herramienta, que puede hacer que el público interesado en usarla no sea el público en general, aunque está abierta para todos. A través de este recurso se han recibido 3.000 solicitudes relacionadas a estos proyectos, pero también quejas de ciudadanos que no están directamente relacionados a esos proyectos sino, por ejemplo, a falta de a la salud.

(Le puede interesar: Contraloría pide mejor ejecución de $627.000 millones para regreso a clases)

A esos casos la Contraloría les ha hecho un seguimiento y muchas veces han encontrado, señaló Pineda, que en el fondo también tenía que ver con obras que no están prestando servicio a la comunidad. “Si hay elefantes, se afecta fuertemente el a servicios públicos esenciales y domiciliarios como educación, agua, un hospital. Es un tema de a los derechos fundamentales”, puntualizó el contralor.

-Por decreto y en Navidad crearon más de 1.200 cargos en la Procuraduría

-Mauricio Leal: investigadores piden ante jueces primeras órdenes de captura

-Órgano asesor del Gobierno dice ‘no’ a crear delito contra acoso callejero