Solo 15 de cada 100 bienes incautados a mafias pasaron a manos del Estado

Las denuncias no eran nuevas. Corría 2010 en Colombia y el país se sacudió al conocer una cadena de corrupción e irregularidades, en el interior de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), que les abrió la puerta a congresistas, testaferros, financiadores políticos, funcionarios judiciales y hasta de la propia entidad, quienes explotaron y se aprovecharon de las lujosas propiedades incautadas a la mafia.

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El escándalo llevó a la liquidación de la DNE y luego, a mediados de 2014, a la creación de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que asumió las riendas de la istración de los bienes a los que se les aplica extinción de dominio en el país, que van a parar al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco).

En los siete años transcurridos desde entonces (2015-2021), la SAE obtuvo 2,7 billones de pesos del manejo de estas propiedades. Una cifra que, aunque no es nada despreciable, para expertos consultados por EL TIEMPO podría ser muy superior, lo que garantizaría una inyección importante de capital a las arcas del Estado.

De hecho, en enero pasado, la Fiscalía señaló que solo entre 2020 y 2021 fueron identificados y afectados con fines de extinción de dominio 16.522 bienes, avaluados en más 22 billones de pesos, casi 10 veces la suma reportada por la SAE en un periodo tres veces más largo. Sin embargo, para los conocedores de la materia en el país, ese balance de resultados del ente acusador dista de lo que realmente se obtiene al finalizar los procesos ante los jueces.

“Una cosa son los bienes afectados con medidas cautelares cada año, que muestran resultados billonarios, pero que aún no tienen sentencia, sino que apenas están iniciando un proceso que puede tomar años. Ahí la cifra que hay que ver es el consolidado de la SAE de bienes sobre los que un juez ya declaró extinción de dominio, cuya propiedad está en cabeza del Estado y pueden monetizarse”, explica el profesor Wilson Martínez, director del Observatorio de Lavado de Activos y Extinción de Dominio de la Universidad del Rosario.

Las cifras, vistas desde esa perspectiva, hablan por sí solas: el año pasado, la Fiscalía reportó que se afectaron 7.261 bienes, por valor de 8,3 billones de pesos. En ese mismo periodo, la SAE registró la extinción de 636 bienes y sus ingresos fueron de 488.875 millones de pesos, que representan menos del 6 por ciento de lo anunciado.

Este diario indagó en el número de bienes pendientes de monetización en la SAE y encontró que, en efecto, de los 31.374 con los que cerró la entidad en 2021, el 84,7 por ciento (26.574) aún están en proceso de extinción, mientras que solo 4.800 ya fueron extinguidos. La mayoría de estos 31.374 son inmuebles (23.809), pero también hay medios de transporte (5.559), joyas (602), piezas de arte (327) y dinero en moneda nacional (634), divisas extranjeras (408) y títulos valores (35), que les han sido incautadas a narcos y personas en la ilegalidad.

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El tiempo que dura en resolverse cada proceso que llega a la justicia es otra de las trabas para obtener recursos de los bienes extinguidos, pues, de acuerdo con el observatorio, los casos que se manejan por la Ley 793 de 2002 toman, en promedio, 10 años y 28 días en llegar a una sentencia de un juez, mientras que por la Ley 1708 de 2014 se toman cuatro años, cinco meses y diez días.

Otro punto sobre el que alertan los expertos es la afectación real que las autoridades logran sobre las finanzas criminales usando la extinción de dominio como arma. “La extinción es una herramienta muy útil, pero no es perfecta. Decir eso sería engañar a la gente, como hacen algunas autoridades que la muestran como si tuvieran arrinconadas contras las cuerdas a las estructuras financieras de los grupos criminales, lo cual no es cierto”, dijo un académico que pidió no ser mencionado.

Para el ex fiscal general Néstor Humberto Martínez, en cambio, Colombia es uno de los países más efectivos del mundo a la hora de afectar las arcas ilegales: “En los últimos años, la Fiscalía ha extinguido casi la totalidad del patrimonio de distintos capos, en acciones complementadas con su judicialización. Claro, hay una economía ilícita muy grande, pero la priorización de esos procesos es muy útil porque les está pegando a los jefes de las organizaciones criminales”, señala.

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Ante las posiciones encontradas, hay una metodología del Banco Mundial para determinar un indicador que muestra qué tan efectiva es la estrategia del Estado para atacar a los criminales: la tasa de interdicción de activos ilícitos. Una investigación del Observatorio de Lavado de Activos y Extinción de Dominio del Rosario le puso la lupa a ese indicador, y encontró que entre 2017 y 2019 fue del 5,1 por ciento.

“Eso significa que, en promedio, por cada 100 dólares que reciben los grupos criminales, las autoridades les quitan cinco. En términos absolutos es muy baja esa afectación, pero en términos comparativos —con los países de la región— es muy alta”, explica el profesor Martínez, quien fue vicefiscal general de la Nación, procurador delegado para la defensa del patrimonio público e hizo parte de la comisión que redactó la Ley 1708, que regula la extinción en el país. Una autoridad en la materia.

A pesar de los retos que supone istrar bienes de origen ilícito y arrebatados a las principales organizaciones criminales del país, la SAE reporta que de 2018 a 2021 les giró 566.735 millones de pesos a la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial, la Policía Judicial, el Gobierno y varios gabinetes ministeriales que, por ley, son los destinatarios de esta plata, así como el Fondo para la Reparación de Víctimas y el fortalecimiento de la política contra las drogas (ver artículo anexo, sobre cómo se han invertido esos recursos en cada entidad).

En respuesta a una solicitud de información formulada por EL TIEMPO, la SAE destacó cuatro dificultades en torno a la istración de las propiedades del Frisco: la ocupación irregular (cuando llegó la SAE, uno de cada dos bienes de la DNE estaban en esta condición), el estigma sobre los bienes y el sistema financiero, pues, por su procedencia, los compradores o arrendatarios potenciales “consideran que los inmuebles deben tener un valor inferior al comercial; sin embargo, la legislación no lo permite”; y el periodo de tiempo que las propiedades duran bajo istración de la SAE, dado que algunos llevan más de 30 años en proceso de extinción (ver recuadro).

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Sobre esto último, los expertos coinciden en que hay un factor que se ha convertido en la talanquera máxima del proceso de extinción de dominio: la congestión judicial.

Los análisis del Observatorio de Lavado de Activos y Extinción de Dominio de la Universidad del Rosario muestran que para 2020, en promedio, cada fiscal especializado en extinción tenía 152 investigaciones a su cargo y cada juez, 134 procesos (cada uno de los cuales puede tener centenares de bienes por analizar, lo que implica largos periodos de tiempo en la investigación y juzgamiento de cada uno de los casos).

“Analizamos el número de sentencias de extinción dictadas entre 2017 y 2019, que fueron 117 entre los 3.869 procesos en manos de jueces, y eso muestra una tasa de efectividad judicial de apenas el 3 por ciento”, cuenta el profesor Wilson Martínez.

A ese bajo indicador hay que sumarle que tres de cada 10 bienes con medida de extinción resultan en una sentencia que declara improcedente el proceso, lo cual tiene una repercusión: los procesos contra el Estado por daños antijurídicos, que generan una billonaria afectación en demandas e indemnizaciones de las personas que, por errores judiciales, no pudieron sacarles provecho a sus propiedades durante el tiempo del caso.

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Para Martínez, hay otro punto al que hay que prestarle atención. Según el observatorio, la fuente de la que provienen los recursos de extinción de dominio es, en un 68,85 por ciento, el narcotráfico; en un 11,4 por ciento, el enriquecimiento ilícito; en un 4,9 por ciento, el lavado de activos. El 14,65 por ciento restante corresponde a otros delitos, entre los que se encuentra la corrupción.

“Esto da cuenta de un porcentaje casi marginal por casos de corrupción, lo que muestra que hay que atacar con mayor vigor a los responsables de esos hechos”, dice el docente.

Para Juan Carlos Esguerra, exconstituyente y exministro de Justicia, “la figura de la extinción, tal como la creó la Constitución, es un instrumento muy efectivo para luchar contra la corrupción y las formas ilegales a través de las cuales se hace propiedad sobre bienes, el problema es que nuestras leyes procesales en esa materia son demasiado garantistas, y complican los trámites entre imponer la medida de aseguramiento y lograr vender un bien”.

El exministro asegura que es clave dar solución a “la lentitud de la justicia, en estos casos, que son de los que más demoran en los anaqueles de los tribunales y juzgados”, y añade que “la Comisión de Disciplina Judicial puede estar más pendiente de estas tareas”.

El vicepresidente jurídico de la SAE, Luis Miguel Martínez, le respondió a este diario que “uno de los elementos por mejorar es el tiempo en resolver los procesos de extinción de dominio, el cual se puede contrarrestar contando con más fiscales y jueces para gestionar los procesos, lo cual impactaría positivamente en la istración de los bienes del Frisco, puesto que se lograría disminuir los gastos derivados de la istración de los bienes físicos, que de acuerdo con su naturaleza varían desde las cargas impositivas, costos de istración, expensas, deterioro, etcétera”.

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Adicional a esto, para el profesor Wilson Martínez es clave desarrollar un sistema de información del proceso de extinción, donde esté todo el inventario, quién lo tiene a cargo, qué pruebas hay, en qué fase va y otras características. “Sé que la embajada de Estados Unidos y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito están muy interesadas en que se desarrolle este sistema, que sirve para hacer una investigación moderna, cruzar información, buscar patrones y dar respuestas más prontas a los procesos”, dice el docente.

El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, señaló: “Como soluciones para que el proceso sea más efectivo el escenario propio está en la Comisión Intersectorial de Extinción de Dominio, de la cual el ministerio hace parte. Algunas están incluidas en la ley de seguridad ciudadana, como notificaciones –que sucedía en el anterior Código de Extinción y que impedía que se llevaran a cabo las notificaciones de manera diligente–; también se incluyó en la ley de seguridad ciudadana una parte de la Defensoría del Pueblo para que nosotros tuviéramos curadores. Lo anterior porque por falta de una defensa se demoraban los procesos, pero esto fue resuelto en la ley de seguridad ciudadana”.

En total, 16 entidades y programas del país son beneficiarios de los recursos logrados por la SAE, que van a parar a programas sociales en el archipiélago de San Andrés, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Unidad de Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, los ministerios de Salud, Interior, Justicia y Defensa, entre otras.

Una vez se atienden esas destinaciones, el saldo de los recursos del Frisco se distribuye entre la Fiscalía General de la Nación (25 por ciento), la Rama Judicial (25 por ciento), la Policía Judicial (10 por ciento) y el Gobierno Nacional (40 por ciento).

El ente acusador le dijo a EL TIEMPO que los más de 105.000 millones que ha recibido de mano de la SAE en los últimos cuatro años han sido usados para “la financiación de proyectos de inversión, el fortalecimiento de infraestructura física de la entidad y la infraestructura tecnológica e investigativa del CTI”.

A través del Consejo Superior de la Judicatura, este diario conoció que la plata que le ha llegado a la Rama Judicial –también 105.000 millones– ha servido para financiar actividades relacionadas con la construcción y dotación de infraestructura, la adquisición de inmuebles, la plataforma tecnológica y la implementación digital. Entre esas obras se destaca la construcción del Palacio de Justicia de Medellín.

La Policía, por su parte, señaló que con los 42.000 millones recibidos entre 2018 y el año pasado, los grupos investigativos con la misionalidad de luchar contra el crimen “han aumentado considerablemente sus medios logísticos como son: parque automotor y equipos especializados, que permiten cubrir las necesidades de articulación con la Fiscalía”.

EL TIEMPO se comunicó con el Ministerio de Hacienda para conocer cómo se han distribuido dentro del presupuesto nacional los 168.122 millones destinados al Gobierno en el último cuatrienio, pero la entidad no dio respuesta.

El Ministerio de Justicia, a su turno, contó que recibió 72.854 millones en ese lapso, que fueron destinados a “la coordinación, articulación, implementación y seguimiento de la Política Integral para enfrentar el Problema de las Drogas: Ruta Futuro, desde la cual se interviene la red de valor del narcotráfico e incluye los objetivos de reducir el consumo de sustancias psicoactivas, disminuir la disponibilidad de drogas, reducir las vulnerabilidades territoriales, identificar, impactar y desarticular las organizaciones criminales, afectar las economías y rentas ilícitas en el país, al igual que desarrollar las acciones estratégicas transversales para la adecuada y sostenible intervención”.

En 2018, la SAE les giró a sus beneficiarios 62.751 millones de pesos, cifra que el año siguiente escaló hasta los 156.881 millones. En 2020 fueron 233.646 millones entregados, mientras que el año pasado el monto llegó a 113.457 millones.

En suma, entre 2018 y 2021, la entidad reporta transferencia de recursos por 566.735 millones. Y por la entrada en vigor de la Ley 2197 de 2022, a partir de este año el presupuesto destinado al Gobierno bajará a 35 por ciento, pues la Defensoría del Pueblo recibirá el 5 por ciento de los fondos de la Sociedad de Activos Especiales.

Una propiedad en Cali y otra en Medellín, incautadas en 1989, son las más viejas en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). En otros dos municipios del Valle (Florida y Buga), en Armenia, y en Los Patios (Norte de Santander), están otras ocho cuyo dominio fue extinguido entre 1990 y 1995, y se han convertido en un ‘encarte’ para la entidad, ante la imposibilidad de venderlas.

De otro lado, según los reportes de Fiscalía, la mayor afectación del año pasado se dio contra William Herrera, sobrino del narcotraficante Élmer Pacho Herrera, a quien le incautaron 61 inmuebles rurales, 301 urbanos, tres sociedades, dos establecimientos comerciales y 878 semovientes.

Otro de los casos ‘gordos’ del 2021 fue contra Pedro Nel Rincón, alias Orejas, a quien le quitaron 163 inmuebles, 12 vehículos, cinco sociedades, 1.608 semovientes y dos títulos mineros en Boyacá, Cundinamarca y Bogotá.