Colombia cae 36 puestos en Índice del Estado de Derecho y tiende a empeorar

Una sociedad para progresar, para reducir la pobreza, para combatir la corrupción, requiere del Estado de derecho o del imperio de la ley (Rule of Law).

El Estado de derecho es un sistema de leyes, instituciones y normas, con el cual se cumplen principios universales como rendición de cuentas, leyes justas, un gobierno transparente y abierto y una justicia accesible e imparcial. Un Estado de derecho efectivo es una condición necesaria, aunque no suficiente, para que exista paz, justicia, respeto a los derechos humanos, democracia eficiente y desarrollo sostenible.

Con el fin de crear conocimiento, construir consciencia y estimular acciones para avanzar en el imperio de la ley en todo el mundo, se creó en 2006 el World Justice Project (WJP), el Proyecto de Justicia Mundial, una institución que desde hace varios años calcula el índice del Estado de derecho, cuya versión de 2023 acaba de ser publicado para 142 países.

Este índice se compone de información original e independiente, organizada alrededor de ocho factores: restricciones al poder del gobierno, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, ejecución de la regulación, justicia civil y justicia criminal.

Los componentes del índice reflejan las perspectivas y experiencias de más de 149.000 personas y de 3.400 expertos legales de todo el mundo, cuyos conceptos son respaldados con un riguroso proceso de validación y análisis.

El estudio del WJP acaba de señalar que el Estado de derecho ha declinado en la gran mayoría de los 142 países analizados, reflejando una ola autoritaria que se ha extendido desde 2016 en todas las regiones del mundo. Infortunadamente, Colombia tiene unos resultados muy mediocres y preocupantes y con tendencia a empeorar.

En el índice general, que resume los ocho subcomponentes, Colombia ocupó en 2023 el puesto 94 entre los 142 países, mientras en 2015 habíamos logrado el puesto 58. Nuestro puesto 94 en 2023 contrasta con Dinamarca, que ocupó el primer lugar, pero también con Uruguay (25), Costa Rica (29) y Chile (33), lo que indica que tenemos una brecha muy grande en la región.

Para efectos de esta nota, solo quiero detallar el quinto factor del índice, que refleja el orden y la seguridad.

En 2023, Colombia obtuvo el puesto 129 entre los 142 países, lo que quiere decir que nos superaron el 91 por ciento de los países de toda la muestra, un resultado aterradoramente malo y demasiado preocupante. Para agravar el panorama, este factor incluye un subcomponente que refleja el control del crimen, en el cual nuestro país alcanzó el puesto 138 entre los 142 países, solo superados en dicha mediocridad por Afganistán, México, y Venezuela.

En un artículo reciente, Moisés Naim relaciona el detrimento de estos indicadores con el deterioro que ha tenido la democracia en muchas regiones del mundo. Con razón, Naim menciona que para que la democracia sea efectiva en un país hace falta Estado de derecho, pero aclara que las dos cosas no son lo mismo y que existen excepciones como, por ejemplo, Singapur, que ocupa el puesto 17 en Estado de derecho, a pesar de que en ese país prácticamente no existen elecciones libres para elegir a los gobernantes.

El análisis del WJP es también claro en argumentar que existe una correlación positiva entre el nivel de desarrollo, medido por el ingreso percápita, y el índice de Estado de derecho. Los países en donde hay más Estado de derecho son también los que tienen mayor ingreso, como Dinamarca, Noruega y Finlandia, mientras en el otro extremo se encuentran los países plagados por la corrupción, la falta de transparencia, la violencia o el conflicto, como sucede en Camerún, Nicaragua, Camboya o en Venezuela, que ocupa el último lugar.

A mi modo de ver, el WJP y analistas como Moisés Naim se quedan cortos en enfatizar la noción según la cual para que en una sociedad exista Estado de derecho o Estado democrático debe haber antes que todo Estado.

Hace poco más de un siglo, en su célebre conferencia de 1919 “la política como vocación”, Max Weber planteó que la condición fundamental para la existencia de un Estado es que cuente con el monopolio de fuerza legítima sobre un territorio. Más recientemente, como lo recordé en una columna en EL TIEMPO, el gran sociólogo español Emilio Lamo de Espinosa lo planteó con gran claridad: “Los Estados, antes de ser Estados de derecho o democráticos, son Estados, y no existen sin el monopolio de la violencia que proporciona el bien social más preciado: la seguridad”.

Por su parte, el filósofo británico John Gray, profesor del London School of Economics, en línea con el pensamiento de Lamo de Espinosa, ha argumentado que “la primera condición para la protección de los derechos humanos es contar con un Estado moderno eficaz. Sin el poder de hacer cumplir la ley no hay derechos y todo tipo de vida confortable resulta imposible”. Según Gray, en los países donde el Estado moderno no existe, la principal amenaza para los derechos es, más que la tiranía, la anarquía, pues los peores crímenes contra la humanidad los cometen milicias irregulares, organizaciones políticas o carteles criminales.

Según el filósofo británico, los pensadores liberales no parecen haber percibido la erosión del Estado en muchas partes del mundo, y afirma que una de las razones que explican la existencia de esta laguna es su legalismo.

Según Gray, dicho liberalismo legalista considera que el imperio de la ley es un hecho consumado y representa al derecho como una institución autónoma al ignorar las condiciones políticas que hacen posible ese imperio y al ignorar que las instituciones jurídicas dependen siempre del poder del Estado.

Para ser más preciso, Gray afirma que “en una situación de anarquía no hay derechos”. Así, en forma paradójica, la anarquía arroja luz sobre el hecho de que la justicia es un artefacto para la aplicación de la ley y ayuda a explicar que la justicia y los derechos son convenciones que, en última instancia, se apoyan en la fuerza.

En realidad, como también lo planteó Lamo de Espinoza, para la gobernabilidad de un Estado hacen falta los dos elementos: “La fuerza del derecho y el derecho de la fuerza”. Y para reforzar esta máxima afirmó: “Un mundo hobbesiano basado solo en la fuerza es ingobernable; pues, como le recordaba Talleyrand a Napoleón, nadie se puede sentar a gobernar sobre las bayonetas. Pero un mundo puramente kantiano basado solo en normas necesita de fuerza que haga valer el imperativo categórico del momento y sin lo que los anglosajones llaman ‘law enforcement’, el derecho vale bien poco. No hay Kant sin Hobbes, como no hay Hobbes sin Kant. Podemos seducir con la razón, como Venus, pero no iremos muy lejos sin Marte”.

Los resultados del estudio del WJP son extremadamente preocupantes para Colombia. El índice que calcula esta institución muestra claramente que el Estado de derecho en Colombia está en el peor tercio de la muestra de los 142 países y que se ha deteriorado en los últimos años. Para empeorar las cosas, el indicador de orden y seguridad ya está entre los peores del mundo.

Sin ninguna duda, este deterioro está asociado con el crecimiento exponencial, a partir de 2014, de las áreas sembradas de coca y de las exportaciones de clorhidrato de cocaína, así como con la proliferación de viejos y nuevos grupos armados ilegales, que controlan amplios sectores del territorio.

Es muy deprimente constatar que todo lo que se avanzó en la restauración del orden y la seguridad durante la primera década del siglo parece haberse revertido y, aún más preocupante, constatar el marcado deterioro del Estado de derecho.

Estas cifras también sugieren, inequívocamente, que la consolidación por parte del Estado del monopolio de la fuerza en todo el territorio debe ser la prioridad número uno entre todas nuestras políticas.

SANTIAGO MONTENEGRO

Especial para EL TIEMPO