El historial del capo de la marihuana de las Farc salvado por JEP de extradición

Aunque en una entrevista en 2016 negó ser guerrillero, esa condición es la que acaba de salvar a Pedro Luis Zuleta Noscué de la extradición a Estados Unidos, que pedía por narcotráfico al señalado capo de la marihuana en Cauca.

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En la guerra lo conocían como ‘el Inválido’, debido a que está en silla de ruedas por un accidente de tránsito y en 2017 fue capturado pero su detención duró 36 horas, aludiendo que solo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) podía definir si era extraditado. Y si bien en un primer momento esa justicia no lo amparó, una nueva decisión le concedió la garantía de no extradición pactada en el acuerdo de paz con las Farc. Esta es su historia criminal.

De su vida personal se sabe que Zuleta Noscué nació en 1964 en Corinto, Cauca, y hoy tiene 58 años de edad. Se identifica como miembro del pueblo indígena nasa y dijo haber integrado el Resguardo de López Adentro en Caloto, Cauca, pero que por su situación jurídica, las autoridades tradicionales lo sacaron del censo.

A sus 24 años, según contó en su momento en una entrevista con Salud Hernández-Mora, publicada por este medio, tuvo un accidente de motocicleta que lo dejó parapléjico y de ahí su alias.

En ese momento, en febrero de 2016, ante la pregunta de la periodista sobre si era del Frente Sexto de las Farc, él contestó que su condición física le impediría eso y añadió: “Decir soy del Sexto frente sería si me he puesto un camuflado, haya portado un fusil, me haya terciado un morral. Aquí a nosotros, en el campo, nos catalogan que somos de las Farc porque si pasan por aquí, le piden un vasito de agua o cualquier colaboración. Los caucanos somos muy abiertos para todo, que por eso no piensen que soy algún comandante o un financiero”.

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Sin embargo, una vez firmado el acuerdo de paz, a finales de 2016, apareció en los listados de la guerrilla, y cuando iba avanzando un proceso de captura con fines de extradición a Estados Unidos por cargos de narcotráfico, su defensa argumentó que en las filas militó por 30 años en labores políticas y de financiación, que inició su proceso de reincorporación a la vida civil en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), en la vereda Monterredondo de Miranda, Cauca, y que los hechos por los cuales era requerido ocurrieron durante el conflicto armado.

Como ocurre con las solicitudes de extradición hacia otros países, el trámite de Zuleta Noscué comenzó en la Corte Suprema de Justicia antes de pasar, por competencia, a la JEP.

En documentos del tribunal de cierre de la justicia ordinaria se hace un breve recuento del contexto de la petición de envío a Estados Unidos y se reseña que Zuleta Noscué ya tenía para entonces una condena proferida por un Juzgado Penal del Circuito Especializado de Cali.

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Así mismo, se conoció que el hombre estuvo privado de la libertad en la cárcel de Caloto. Al consultar los registros de la Rama Judicial, este medio constató que despachos de Ejecución de Penas en Cali y Popayán reportan que ‘el Inválido’ fue condenado a 24 años de cárcel en 2009 por secuestro extorsivo y efectivamente pasó un tiempo en la cárcel de Caloto, en Cauca.

El secuestro por el cual fue condenado fue el de un ciudadano italiano a quien el 28 de junio de 1999, en la carretera que de Jamundí conduce a Cali, varios hombres retuvieron y luego le exigieron a su familia cinco millones de dólares. La víctima logró ser rescatada por las autoridades el 16 de septiembre de 1999.

Según se reseña en la decisión de la JEP que concedió a Zuleta Noscué la garantía de no extradición, el 29 de septiembre de 2011, la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York emitió la acusación contra el hombre por un cargo de concierto para delinquir con fines de importación y distribución hacia y en ese país de “cinco kilogramos y más de mezclas y sustancias controladas con contenido detectable de cocaína, y hojas de coca”.

Según la acusación, desde 2000 y hasta 2011, el hombre supervisó la producción y distribución de diez mil kilogramos de cocaína en “laboratorios” ubicados en zonas selváticas del departamento de Cauca, Colombia; y en nombre de las Farc “cobró impuestos a productores de cocaína y contrabandistas que operaban en Cauca”.

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Además, en la nota verbal que la embajada de Estados Unidos presentó al Ministerio de Relaciones Exteriores el 18 de noviembre de 2011, pidiendo la detención con fines de extradición de Noscué, se detalla que tuvo un rol transcendental en las actividades de narcotráfico del Frente 6 de las Farc, como organizar a la población en Cauca para que apoyaran a la extinta guerrilla y supervisar, en junio de 2010, el intercambio de más de mil kilogramos de cocaína por fusiles y otras armas para el grupo armado ilegal.

El 17 de agosto de 2017, la Embajada de Estados Unidos emitió una segunda nota verbal formalizando la petición de extradición y diciendo que entre aproximadamente 1985 y 2011, Pedro Luis Zuleta Noscué “fue miembro y líder de una organización de tráfico de narcóticos que operó con el 6º Frente de las Farc”, que envió grandes cantidades de coca a ese país, y que “fue el jefe financiero” del Frente 6.

Una vez el caso pasó a la JEP, la respuesta de la defensa de Zuleta Noscué fue que esos hechos ocurrieron durante el conflicto armado colombiano y antes de la firma del acuerdo de paz con las extintas Farc.

Reconoció que su defendido militó en las Farc desde los años ochenta y que ni siquiera por el accidente en 1989 que limitó su movilidad se desligó del grupo armado ilegal, sino que pasó a otras labores que demandaban menos movilidad como cobrar “impuestos en dinero y remesas” a almacenes de “granos” en Corinto y Miranda, hasta convertirse en financiero, responsable de recolectar “impuestos” por la comercialización de base de coca, así como efectuar exigencias económicas a los ingenios azucareros, empresas de transporte público y comercios de productos agrícolas, entre otros.

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Pese a esa declaración, en primera instancia la JEP negó la garantía de no extradición considerando que en el expediente había otras pruebas que lo señalaban como alguien que entregaba remesas o cubría requerimientos específicos de las Farc pero que no tenía una militancia en el grupo ilegal.

“Concluyó la Sección de Revisión, los señores (Rodrigo) Londoño Echeverry y (Pablo) Torres Victoria declararon: (i) que “escucharon decir” [poque no tuvieron conocimiento directo de los hechos, ni conocieron al interesado] que el solicitante era colaborador de las Farc-EP porque hacía un aporte económico a la organización con dinero que, al parecer, percibía por un cultivo de marihuana que tenía en la finca en la que residía”, se lee en esa decisión de la JEP.

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En medio de los estudios jurídicos sobre su extradición, en junio de 2017 Pedro Luis Zuleta Noscué fue capturado en una zona rural de Buenos Aires, Cauca, por un comando élite del Ejército y la Policía.

Aunque alcanzó a ser trasladado a la sede de la Tercera Brigada del Ejército, en Cali, su detención duró 36 horas pues la Fiscalía tuvo que liberarlo por ser un ‘gestor de paz’ de las desmovilizadas Farc. Esto pese a que en su momento las autoridades sostenían que el hombre siguió en el negocio del narcotráfico y no había dejado de manejar las redes de la droga, en particular de la marihuana tipo ‘creepy’, en Cauca.

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Meses después, en octubre de 2018, los señalamientos en su contra se intensificaron cuando el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo incluyó en la temida lista Clinton, de las personas y empresas vetadas para el mundo comercial y de negocios porque su capital se origina en actividades ilegales.

En ese momento Sigal Mandelker, subsecretario de terrorismo e inteligencia financiera del Tesoro, sostuvo que “mientras que Pedro Luis Zuleta Noscué continúe suministrando narcóticos a grupos delictivos como La Oficina de Envigado de Colombia, que depende de la venta de estas drogas ilícitas como la base financiera de sus actividades delictivas, seguiremos comprometidos a ir tras sus redes financieras".

Es decir, incluso para ese año, en 2018, Estados Unidos lo vinculaba con actividades de narcotráfico en curso.

Si bien en febrero de 2022 la Sección de Revisión negó la garantía de no extradición a Zuleta Noscué, al considerarlo un colaborador no subordinado de las Farc, y no un guerrillero, hace unos días la Sección de Apelación tumbó ese falló y decidió en favor del ‘Inválido’.

Tras analizar el caso, la Sección sostuvo que Zuleta sí cumple con el factor personal de competencia de la JEP y que las conductas por las cuales el gobierno de Estados Unidos solicitó su extradición guardan relación con el conflicto armado y fueron cometidas a favor de la extinta guerrilla.

“La conducta atribuida al interesado fue realizada en función de su pertenencia a las Farc-EP y como parte del esfuerzo general de guerra de esa agrupación, y no existen elementos que lleven a considerar que la ejecutó persiguiendo beneficiar a otras estructuras ilegales o para satisfacer intereses personales de forma preponderante", dice la nueva decisión.

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Y añade: "Los elementos de juicio disponibles indican que la pertenencia del solicitante a las Farc-EP fue lo que determinó la comisión de la conducta, específicamente, la posibilidad de adelantar actividades para conseguir dinero o armas con destino al Frente 6º de las Farc-EP”, 

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