Tras advertirle en una carta al presidente electo Iván Duque sobre riesgos de suspensión del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en varios departamentos, la Procuraduría solicitará al Ministerio de Hacienda un informe detallado sobre las solicitudes de giro que las entidades territoriales han hecho para contratar operadores del PAE, así como las fechas de desembolso.
Asimismo, el organismo de control adelanta en estos momentos visitas en Soacha, Cúcuta, Antioquia, Chocó, Guaviare y Vichada para recolectar información sobre la ejecución del programa PAE, los recursos con los que cuentan y los riesgos de suspensión que hay.
En el caso de Santander, la Procuraduría verifica el estado de los alimentos entregados a los niños y pide informe a la Secretaria de Salud sobre las proteínas que hacen parte de las raciones escolares.
Según el análisis del Ministerio Público, los principales problemas del PAE son la falta de al servicio y la deficiente calidad de los alimentos a los niños. "En algunas regiones del país, aún no se ha implementado en el presente año el programa, y constantemente, se suspende su provisión, o se atiende solo parcialmente a los estudiantes”, dijo la Procuraduría.
En su informe, la entidad aseguró que hay cerca de 200 procesos disciplinarios abiertos por irregularidades en el PAE y que hay riesgo de que en algunos lugares no se preste el servicio por falta de recursos.
Casos críticos
Cúcuta, Norte de Santander, y Soacha, Cundinamarca, son dos de los casos más críticos en cuanto a financiación.
En Soacha, según advirtió el procurador General Fernando Carrillo, en su carta a Duque, desde este miércoles se dejó de prestar el servicio de alimentación por falta de recursos. Por esto, dijo, se requieren cerca de $ 5.000 millones para garantizar la cobertura, que en 2018 aumentó en 1.000 nuevos beneficiaros provenientes de Venezuela.
Por otro lado, en Cúcuta, fronteriza con Venezuela, se atienden 58.000 beneficiarios, entre los que se cuentan cerca de 6.000 nuevos estudiantes provenientes del país vecino. Sin embargo, el contrato con el operador solo va hasta agosto y requiere cerca de $9.000 millones para lograr finalizar el año sin suspender el servicio.
Otras preocupaciones están en Chocó (que tiene 105.000 beneficiarios) y Antioquia (con 204.000 beneficiarios), pues según dijo la entidad, aún no hay claridad sobre cómo se financiará el PAE en los últimos meses del año.
Además, Cartagena y Montería, con 89.000 y 30.000 beneficiarios priorizados respectivamente, aunque tienen los recursos suficientes no han contratado el operador, por lo que en todo el año no se ha prestado el servicio de alimentación escolar.
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