Estos son los señalados saqueadores de raciones escolares en Bogotá

“Cuando regrese de Europa daré las explicaciones del caso. Ya estoy notificado de lo que se dice de mí. Pero aquí son las 3 de la mañana. Gracias por llamar”.

Así respondió Juan Carlos Almansa cuando EL TIEMPO lo abordó para que respondiera si, tal como lo dijo el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa  sin dar nombres específicos, él es uno de los “contratistas de porquería” que se robaban los dineros de la alimentación en el Distrito.

En efecto, una investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en cabeza de Pablo Felipe Robledo, señala a Almansa y a otros 27 empresarios de los refrigerios como de un cartel que saqueó las arcas de la capital acomodando licitaciones por 1,5 billones de pesos.

Según evidencia conocida por EL TIEMPO y que ya está en manos de la Fiscalía, los tentáculos del cartel llegaron incluso hasta un grupo de concejales de Bogotá para que le ayudaran a meterle mano a la contratación del PAE.

La noticia de que la SIC les abrió pliego de cargos impactó en entidades como el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), la Agencia Logística del Ejército y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) en donde Almansa y sus supuestos cómplices –los Villalobos y los Trujillo– son viejos contratistas.

En efecto, allí era común ver a Hayder Mauricio Villalobos Rojas haciéndoles ‘lobby’ a los contratos de alimentos con sus empresas Mauro’s Food y Catalinsa, que controla con su padre, Luis Hernando Villalobos Sabogal. Este último, un veterano de las licitaciones, ya había salido salpicado por el ‘carrusel’ de la contratación, durante la istración de Samuel Moreno.

Aun así, seguía ganando contratos, incursionó en el sector de la construcción y, junto a su familia, apoyó la campaña del actual gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, de Cambio Radical. Solo Catalinsa, una de las compañías de los Villalobos, se quedó con una tajada superior a los 81.491 millones de pesos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Bogotá, a través de contratos entre 2006 y 2017, en los gobiernos de Moreno, Petro y Peñalosa.

De hecho, la istración actual entregó evidencia clave sobre la repartija.

En ese mismo lapso, Almansa y su grupo, en el que está su hermana Luz Adriana, obtuvieron 148.956 millones de pesos en contratación a través de su empresa Iberoamericana de Alimentos y Servicios S. A. (Ibeaser).

Otro de los poderosos jugadores del señalado cartel, Germán Trujillo, alcanzó los 57.884 millones de pesos a través de la firma Surcolombiana de Inversiones.

Pero Trujillo fue superado con creces por Stella Téllez, de Alimentos Spress S. A. S., quien se inició como dietista y nutricionista del ICBF y terminó convertida en la llamada ‘reina del cartel de las frutas’. Esta acaparó contratos por 137.559 millones de pesos.

Según la SIC, el resto de las tajadas se las repartieron Jairo Becerra, de Proalimetos Liber S. A. S.; Javier Pulido, de Diseral; Gustavo Donado, de Aerodelicias; Fabio Doblado y Juan Alemán, de La Campiña S. A. S., y Luis Coy, de Comercializadora Nutrimos.

La lista la completan Luis Armando Sierra, de Industria Panificadora El Country; Ecoalimentos S. A. S., gerenciado por Mónica Jiménez, y Marisol Vela, de Le & Ve Alimentos Macsol S. A. S.

La hipótesis de la SIC es que, de manera concertada, estos grupos acudieron a presiones y tutelas para eliminar a la competencia y repartirse los contratos.

A través de métodos ilegales habrían intervenido en la elaboración de los pliegos licitatorios. Y hay evidencia de que en la nómina de la Alcaldía había familiares de algunos de estos empresarios.

Con esas maniobras lograron torcer a su favor al menos 21 procesos tasados en más de 1,5 billones de pesos.

Decenas de chats y correos electrónicos que se intercambiaron dejaron en evidencia que hasta lograron acceder a funcionarios de las últimas tres istraciones.

De hecho, participaron en la creación de la Asociación Colombiana de Proveedores de Alimentos (Asoproval), que les servía de punta de lanza para intervenir en las licitaciones del PAE.

Uno de los chats en poder de la SIC revela cómo Beatriz Becerra Rojas, de Proalimentos Liber S. A. S., acudió a esa asociación pidiendo ayuda para intentar manipular las condiciones de varias adiciones de contratos, en el 2016, de refrigerios de los colegios públicos de Bogotá.

“¿La asociación nos podría ayudar a organizar una reunión urgente con secretaria de educación (SIC) antes de firmarles la adición? Hay varios puntos para aclarar y para que los incluyan en la modificación a algunas cláusulas del contrato”, dice el mensaje que Becerra le envió a Mónica Arlene del Pilar Barrera, presidenta ejecutiva de Asoproval.

La SIC estableció que, junto a Hernando Prieto Molina, gerente istrativo de Ibeaser (la compañía de los Almansa), Barrera promovió reuniones con del Concejo de Bogotá, en 2015.

El propósito fue buscar mecanismos que les permitieran a los integrantes de este cartel empresarial intervenir a favor de sus intereses en distintos procesos de contratación, específicamente de Plaza Mayor.

Este, firmado en abril de 2015, tuvo como fin contratar 650.000 refrigerios diarios con un costo de 33.000 millones de pesos. La empresa ganadora, Plaza Mayor Medellín, Convenciones y Exposiciones S. A., decidió ejecutar el contrato a través de un subcontratista: Nutrir de Colombia.

Este, a su vez, ó a seis empresas del sector para hacer la entrega de los refrigerios y cuatro de ellas están en el grupo de los empresarios investigados. Se trata de Ibeaser (de Almansa), Catalinsa (de los Villalobos), Aerodelicias y Liber.

Un correo prueba que se pusieron de acuerdo para ponerle condiciones y precios a Nutrir.

Pero no solo presionaron a través de concejales. También buscaron boicotear otros procesos presentando denuncias ante la Contraloría y la Personería. Y, además, usaron a sus fichas para presentar acciones de tutela contra licitaciones. Uno de esos casos se registró en enero de 2017.

Otra de las maniobras, según el superintendente Robledo, consistió en no presentarse a procesos, para que fuesen declarados desiertos. Eso obligaba a rehacer pliegos con condiciones más favorables para los empresarios cartelizados.

Por ahora, los implicados podrán ejercer su defensa ante la SIC. De hecho, en declaraciones ante esa entidad, todos han dicho que su actuar es transparente y legal. Además, que cumplieron con los contratos.

Pero ya hay protagonistas de este escándalo detenidos. Se trata de Germán Trujillo, el esposo de la exgobernadora Cielo González, de Cambio Radical. Luego de que se entregó a la justicia, obtuvo prisión domiciliaria.

Según el expediente, el llamado ‘zar’ de los alimentos, facturó raciones para niños de Santander consistentes en tamales, por 35.000 pesos la unidad. Además del evidente sobrecosto, estos fueron facturados por talleres de grúas y asociaciones de padres de familia falsas. Su abogado dice que se trató de una confusión de contabilidades. Pero su cliente ya aceptó cargos.

Ahora el turno es para los otros 27.

UNIDAD INVESTIGATIVA

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