Las dudas que deja la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz

En julio de 2022, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso expresó públicamente su intención de contribuir a la agenda de ‘paz total’ del presidente Gustavo Petro y de asumir las tareas de una gestoría de paz. Así lo indica un comunicado de la oficina del Alto Comisionado de Paz del 24 de julio de este año, que se emitió un día después de que el jefe de Estado anunciara la designación del exparamilitar en tales funciones.

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Apenas días antes, el 18 de mayo de 2022, la Corte Suprema de Justicia le negó una tutela con la que reclamaba su libertad. Esa tutela es la que actualmente revisa la Corte Constitucional y en ella plantea que ya habría cumplido los requisitos para quedar libre a prueba, en un debate que no es menor: ¿la pena cumplida en Estados Unidos por narcotráfico se puede contabilizar para la que se le dictó en Colombia en el escenario de Justicia y Paz por otros delitos?

El 18 de noviembre de 2022, el Tribunal de Bogotá le volvió a negar un habeas corpus. El 28 de febrero de 2023, la Jurisdicción Especial para la Paz le negó una tutela con la que pedía la libertad y el 6 de marzo de 2023 pasó lo mismo en Justicia y Paz.

Unas semanas después, a mediados de mayo pasado, realizó en cuatro sesiones una audiencia de aporte único a la verdad ante la JEP, que está evaluando si acepta su sometimiento, y en la semana que pasó, tras el anuncio de su designación como gestor de paz, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá no solo le negó la libertad, sino que dijo que su defensa ha querido instrumentalizar la justicia “con el fin de desligarse de los compromisos pactados en este especial sistema de justicia transicional”.

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En concreto, Mancuso buscó que la ruta que debe hacer como postulado de Justicia y Paz ante la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), por la gravedad de sus crímenes, sea de carácter virtual. Mancuso ya pagó su pena en Estados Unidos, ha pedido su deportación a Italia y tiene una orden de captura con fines de extradición desde 2020 expedida por la justicia colombiana. Para Justicia y Paz, su presencia en Colombia es obligatoria, y los crímenes por los que aún debe responder son de lesa humanidad.

En ese contexto jurídico llegó la noticia de la designación como gestor de paz, anunciada por el presidente Petro al estimar que el proceso de paz entre el gobierno del expresidente Álvaro Uribe y los paramilitares no ha terminado: “Aún no se sabe toda la verdad”, dijo.

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Fuentes de las Salas de Justicia y Paz le dijeron al EL TIEMPO que no se oponen de ninguna manera a las políticas que honren el derecho a la paz, por lo que si se consideró que Mancuso puede contribuir a ese proyecto, es clave que se evalúen las condiciones en las que esa gestoría de paz se realizará, lo que debería incluir una política de cero tolerancia a los incumplimientos de los compromisos pactados pues, cabe recordar, si no estuviera sometido a Justicia y Paz, tendría penas de por lo menos 50 años.

El fiscal Francisco Barbosa habló de cerca de 38.000 crímenes que se le endilgan a Mancuso. Esa entidad lo ha imputado por cientos de desapariciones, homicidios, desplazamiento, violencia basa en género, reclutamiento, masacres, en múltiples zonas del país, como comandante de varios frentes de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Ahora con el nombramiento surgen varias dudas. Por ejemplo, ¿Mancuso cambió su postura de años para volver al país? Al aceptar su designación, este dijo que tiene convicción de lograr una paz total, que seguirá compareciendo ante la justicia como lo ha “hecho de manera ininterrumpida durante 17 años”, así como en el sistema de justicia transicional.

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“Hacerlo como gestor de paz en las negociaciones políticas es una responsabilidad con la sociedad colombiana para prevenir futuras víctimas”, dijo al indicar que quiere desempeñar un rol eficaz ante la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y ante la Cancillería para la búsqueda de personas desaparecidas en la frontera. Y se pone a disposición del Gobierno para la ruta por seguir. En su comunicado, la Oficina del Alto Comisionado dijo que su “presencia en el territorio nacional es imprescindible”.

Ahora bien, ¿cuál sería su rol? ¿Acercarse a estructuras derivadas del paramilitarismo como el ‘clan del Golfo’? ¿Abogar por el desmantelamiento de organizaciones criminales? ¿Participar en negociaciones? Un experto que ha sido clave en procesos de paz en el país le dijo a EL TIEMPO que está de acuerdo con la designación porque para hacer la paz se debe incluir a todos los actores, también a quienes como Mancuso tuvieron un rol ‘terroríficamente’ importante, pero siempre que esto esté sujeto a la revelación de la verdad y al acatamiento de las disposiciones de la justicia transicional.

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El abogado experto en derechos humanos Germán Romero, quien ha representado a víctimas del conflicto, dijo que el problema es que se suele dar primero a los victimarios beneficios y luego se establecen los compromisos que deben acatar, y que en Justicia y Paz, los jefes paramilitares reconocieron cientos de crímenes, pero por línea de mando, “sin aportar mayores detalles sobre lo ocurrido, sobre el funcionamiento de la estructura, la persistencia de las estructuras criminales y, obviamente, la articulación con autoridades públicas, en especial la Policía, el Ejército, el DAS y otras autoridades civiles y, de terceros como, por ejemplo, actores empresariales”.

“Es urgente y necesario que ese nombramiento de gestor de paz tenga una apertura en materia de publicidad, que se conozcan detalles de hacia donde apunta esa gestoría de paz, que se incluya con claridad cuáles son los aportes frente a los derechos de las víctimas y que se asuma con responsabilidad, porque si no, se convertiría en un escenario de revictimización (...). No se puede seguir diciendo que aquí todo es por las víctimas y a favor de las víctimas, cuando las víctimas no participan, no las tienen en cuenta y son las últimas en saber lo que está pasando”, indicó.

Incluso, Romero se preguntó sobre si, de alguna manera, el compromiso de decir la verdad como gestor de paz implica entonces que lo dicho en Justicia y Paz y la JEP no fue completo o exhaustivo o que se le hizo algún fraude a la justicia transicional. “Si su gestoría es en relación con facilitar el tránsito de negociación, sometimiento, reintegración o desmovilización de estructuras paramilitares actuales, ¿significa que se reconoce que hubo por lo menos un nivel de farsa en el proceso de Justicia y Paz?”, se preguntó.

Andrés Macías, docente de la Universidad Externado y doctor en Estudios de Paz y Conflicto, consideró que si bien la designación podría ser importante porque muchos grupos criminales que actúan hoy tomaron las riendas de las actividades asociadas al paramilitarismo y, en ese sentido, podría tener incidencia en algunos de sus integrantes. No obstante, explicó que los grupos criminales de hoy tienen jerarquías diferentes.

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“No creo que él tenga la influencia que se podría pensar que tiene sobre esos grupos”, señaló al indicar que el alcance político detrás de la designación podría ir más allá para consolidar la imagen del Gobierno frente a las bandas, poniendo a Mancuso allí como a una persona que ya vivió un proceso.

“Si ese es el objetivo, no creo que Mancuso sea la figura para ello”, dijo al indicar que otra posibilidad es que haya algún tipo de relación que el público no conozca entre las Auc y algunos actores criminales, para lo cual se haya buscado a un personaje como Mancuso. Macías agregó que si la gestoría de paz es para aportar verdad, eso lo puede hacer sin estar en esa posición.

Alejandra Bonilla Mora

Redacción Justicia

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