JEP imputará cargos a excomandante del Ejército y a otros cuatro generales

En la mañana de este lunes 20 de noviembre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la imputación a 35 exintegrantes del Ejército, entre los que se encuentran  cinco generales en retiro.

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La imputación se da por al menos 200 casos de 'falsos positivos' registrados en el Huila entre los años 2005-2008, que se enmarcan dentro del caso 03. 

Entre los oficiales llamados están el general (r) Jaime Lasprilla, quien llegó a ser comandante del Ejército Nacional; el mayor general Miguel Ernesto Pérez Guarnizo y el brigadier general William Fernando Pérez Laiseca.

La Sala de Reconocimiento de Verdad dijo que los generales imputados “debían proteger los bienes jurídicos de la población, controlar efectivamente a sus subordinados y, a pesar de contar con medidas razonables a su alcance para hacerlo”, pero “incumplieron sus obligaciones constitucionales”.

“Desde el mando que ocuparon fueron permisivos, laxos en los controles y no ejercieron sus competencias de prevención, investigación y sanción. Esto facilitó la difusión, permanencia y encubrimiento de los crímenes. Sus omisiones contribuyeron a la consolidación de los tres patrones macrocriminales documentados en el Subcaso Huila, una de las seis zonas priorizadas en la investigación”, dijo la JEP en su declaración.

Los crímenes investigados fueron atribuidos a uniformados del Batallón de Infantería No. 26 ‘Cacique Pigoanza’ (Bipig), al Batallón de Infantería No. 27 ‘Magdalena’ (Bimag), a la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 11 (Afeur 11) y a la IX Brigada.

La JEP cuestionó que existió un plan criminal "cuya finalidad fue exhibir como resultados operacionales legítimos homicidios perpetrados en combates simulados, con el objetivo de dar una falsa sensación de seguridad a la población civil, así como alcanzar beneficios profesionales y mayor legitimidad institucional". En el caso se investigan crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Las actuaciones de los tres altos oficiales, dijo la JEP, "transmitieron la percepción que desde la IX Brigada se permitía el lanzamiento irregular de operaciones para perpetrar homicidios bajo la modalidad de combate simulado y, con ello, que era posible acudir al pago irregular de recompensas para financiarlos. Las presiones se dieron en un contexto de estricta jerarquía militar, falta de un control efectivo y la imposición de las muertes en combate como único indicador de éxito militar".

Y añadió que más allá de la responsabilidad penal individual que se les atribuye en el Subcaso Huila, la Sala de JEP observa una falla sistémica de las instituciones, militares y civiles, encargadas de la protección de la población en el Huila.

Igualmente se cuestionó que a pesar de la gravedad de los hechos la Justicia Penal Militar no logró avances significativos.

Se identificaron patrones criminales como la estigmatización de víctimas mediante señalamientos arbitrarios de pertenecer a un grupo armado y "la preparación, ejecución y encubrimiento evidencian un alto nivel de planificación. Se buscaba lograr la percepción de 'debilitamiento del enemigo' y se alegaba debilidad institucional para la judicialización de los supuestos colaboradores de los grupos armados".

Uno de los casos fue el de Juan Cristóbal Alvarado, señalado como miliciano de las Farc-EP por un guía y quien fue asesinado frente a su hijo de 5 años. "Al señor Alvarado le implantaron un arma corta que había sido incautada y no reportada, los militares se repartieron un poco más de 100.000 pesos que le encontraron en los bolsillos de la víctima y ellos mismos hicieron el levantamiento del cadáver", dijo la JEP.

Este crimen es uno de los 16 casos ilustrativos y evidencia que se atacaron personas de la tercera edad frente a niños y se emplearon guías civiles que luego eran asesinados y presentados como bajas.

El segundo patrón, afirmaron los magistrados, es el de engaño de personas aprovechando sus condiciones de vulnerabilidad. Las víctimas no eran consideradas integrantes o afines al enemigo, sino que eran atraídas o reclutadas por de la tropa o por civiles que, por contraprestaciones económicas, las convencían bajo engaño para ser trasladadas desde zonas como como Garzón, Pitalito o Neiva a sitios donde terminaban siendo asesinadas. En su mayoría se trata de personas vulnerables por circunstancias económicas, de desplazamiento, sin domicilio fijo, o habitantes de calle, con consumo problemático de sustancias, lo que hacía menos probable los cuestionamientos e investigaciones sobre los mismos.

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