Día crucial para la JEP: este martes se escoge presidente y vicepresidente

Este martes la Sala Plena de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), compuesta por 38 magistrados, elegirá al presidente y vicepresidente para los próximos dos años.

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Una elección de gran relevancia porque el presidente será quien comunique las decisiones de la jurisdicción frente a las primeras sanciones que se impondrán a los máximos responsables de acciones en el conflicto y porque tendría que participar en las coordinaciones con el gobierno de cara a la ‘paz total’, pues crecen las voces que sugieren que la JEP sea el tribunal de algunos de los grupos con los que hoy se han desarrollado los primeros acercamientos.

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La elección está inicialmente entre dos perfiles, ambos de gran experiencia, pero en áreas distintas.

Se trata de Camilo Suárez Aldana, abogado con especializaciones en resolución de conflictos y derecho procesal penal y una maestría en derecho penal y criminología. Por 24 años fue funcionario de la Jurisdicción Penal Militar y en sus últimos 8 años fue magistrado del Tribunal Superior de esa Jurisdicción.

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Del otro lado está Roberto Vidal López, abogado con estudios en historia, doctor en derecho, consultor para el sistema de Naciones Unidas en Colombia, expresidente de la Asociación Internacional para el Estudio de las Migraciones forzadas y de la Red Universitaria por la Paz y exintegrante del Consejo Nacional de Paz.

Ambos son magistrados del Tribunal para la Paz, en específico de la Sección de Primera Instancia en Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP, que realizará los juicios dialógicos y proferirá sentencias y sanciones para quienes reconozcan responsabilidad y aporten verdad.

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Los apoyos para ambos parecieran estar parejos dentro de la JEP, de acuerdo con fuentes consultadas, pero fuera de la justicia transicional hay reservas frente al nombre de Suárez.

Este fin de semana seis colectivos de derechos humanos y de víctimas manifestaron su preocupación al respecto porque consideran que la doctrina castrense de Suárez pudo haber marcado su perspectiva y ejercicio profesional.

“Consideramos que su posible nombramiento al frente del órgano de Gobierno de la JEP genera un riesgo a los principios de competencia, independencia e imparcialidad que deben caracterizar a la istración de justicia, así como la separación de poderes que está en los fundamentos del Estado Social de Derecho”, sostuvieron las víctimas y organizaciones en un comunicado de prensa.

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Aparte de esto, también hay algunas voces dentro de la misma jurisdicción que se preguntan por qué la elección solo es entre Suárez y Vidal y no están también en disputa otros perfiles de experimentados y destacados juristas y magistrados.

Independientemente de los apoyos o críticas hacia los dos candidatos en contienda, esta elección, que ha pasado más o menos desapercibida, es determinante para dos coyunturas históricas para el país que vendrán en los próximos meses.

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La primera, las sanciones de la JEP. Luego de haber entrado en operación en 2018, en esta justicia han avanzado varios procesos que investigan diversos hechos en el conflicto y dos registran los mayores progresos y están a punto de producir sus primeras decisiones de fondo en cuanto a determinación de conductas y sanción de responsables.

El primero es el macrocaso 01, que investiga los secuestros cometidos las Farc. Este caso se abrió en 2018 y en junio de este año registró su último avance cuando en una audiencia histórica los excomandantes del otrora grupo guerrillero aceptaron su responsabilidad en miles de secuestros y reconocieron frente a las víctimas que estos nunca debieron ocurrir.

El segundo es el 03, por los ‘falsos positivos’. Este macrocaso está dividido en subcasos para diferentes regiones y en dos, Catatumbo y Costa Caribe, se hicieron este año audiencias de reconocimiento en las que, de frente a las víctimas, exmilitares confesaron su culpabilidad en el asesinado de inocentes que luego hicieron pasar por criminales caídos en combate. Un tercer subcaso, el de Dabeiba, está pendiente de la realización de esta audiencia pero ya 8 de 10 exmilitares imputados reconocieron su culpa por escrito.

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Tras esas audiencias de reconocimiento restan, a grosso modo, dos pasos para que sean condenados: una resolución de conclusiones que señale de qué son culpables e incluya un proyecto de sanción y la sanción que, por haber aceptado su responsabilidad, será una sanción propia de la JEP.

El segundo gran reto que afrontará el próximo presidente será la articulación para la ‘paz total’ en la que avanza el actual gobierno. Es de recordar que la JEP, surgida de los acuerdos de paz firmados en 2016 entre las Farc y el Estado, nació como un tribunal para juzgar a exguerrilleros de las Farc, militares y policías en retiro, agentes estatales no uniformados y terceros civiles.

Sin embargo, en medio de los acercamientos de paz que sostiene el gobierno del presidente Gustavo Petro con una multiplicidad de grupos ilegales, desde distintos sectores se han escuchado voces que sugieren que la JEP sea el tribunal de grupos como el Eln y otras redes criminales han propuesto ellas mismas ir a esta justicia transicional.

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