Tras 4 años, así va el caso en la JEP por reclutamiento de niños

Uno de los crímenes de guerra más repudiados, y también uno de los más difíciles de investigar, va entrando en la recta final de análisis en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuya Sala de Reconocimiento lleva 4 años investigando el reclutamiento forzado y utilización ilícita de menores de edad en la guerra.

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Este caso, que se abrió en 2019, concentra un universo provisional de 18.677 víctimas y ante la JEP se han acreditado 1.246, de las cuales el 71 por ciento le ha manifestado a la magistratura que ingresó a las filas de las Farc antes de cumplir los 15 años de edad.

Así ha sido el recorrido de este caso, sobre el cual hay gran expectativa de una pronta imputación contra los exguerrilleros de las Farc que estuvieron al frente de esta práctica.

El caso 07, oficialmente llamado ‘Reclutamiento de niños y niñas en el conflicto armado’, se abrió con el auto 029 de 2019, del 1.° marzo de 2019, y hace parte de la segunda ola de macrocasos que abrió la JEP, después de los primeros cinco casos abiertos en 2018.

El 24 de octubre de 2019 se citaron las primeras 14 versiones de los máximos comandantes de la exguerrilla, como Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Pablo Catatumbo, entre otros. Estas se empezaron a hacer en 2020 de manera pública pero debido a las afectaciones que sufrieron las víctimas, fue necesario suspenderlas hasta que se pudieran volver a hacer pero sin información que permitiera identificar a las víctimas. De hecho, desde entonces las versiones se han hecho de manera reservada por protección de las víctimas.

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En diciembre de 2020 renunció a la JEP el magistrado Iván González, que estaba a cargo de este caso, y el caso permaneció frenado por varios meses.

Aunque en enero de 2021 se conoció que la magistrada Lily Rueda sería la nueva relatora del caso, fue solo hasta agosto de 2021 en el auto 159, la Sala de Reconocimiento de Verdad hizo pública la priorización del caso, y entregó un primer balance de universo provisional de víctimas de 18.677 personas tras cruzar 31 bases de datos aportadas a través de 45 informes de organizaciones de víctimas, del Estado y de instituciones universitarias.

Además, en un ejercicio para estimar los hechos que aunque ocurrieron, no fueron registrados en esas bases de datos, la JEP identificó que entre 1996 y 2016 el total estimado de víctimas pudo ser entre 19.253 y 23.811 niños y niñas que fueron reclutados.

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Aunque el universo provisional de víctimas se estimó en esas cifras, para julio de 2021 solo había 274 víctimas acreditadas ante la JEP.

En ese auto 159, la JEP también definió tres hipótesis de investigación de conductas asociadas al reclutamiento: 1. violencia sexual y basada en género; 2. desaparición forzada; 3. homicidio, tortura, tratos crueles, humillantes y degradantes y otros actos inhumanos.

Además, se llamó a versiones voluntarias a 26 personas que pertenecieron al Bloque Oriental de las extintas Farc.

También se encontró que de acuerdo a los patrones de victimización, se iniciaría con las versiones del antiguo Bloque Oriental, que cobija los departamentos de Arauca, Boyacá, Cundinamarca, Casanare, Meta, Guaviare, Vichada, Guainía y Vaupés, en donde se concentró el 50 por ciento de los reclutamientos del país.

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La ruta de investigación que seguiría el macrocaso se terminó de definir en el auto 269 de 2021, que salió en diciembre de 2021. En este documento se terminó el mapa de priorización del caso y la Sala llamó a versión voluntaria a 47 comparecientes de los antiguos Bloques Sur, Occidental, Noroccidental, Comando Conjunto Central, Magdalena Medio y Caribe.

Aunque la estrategia de investigación del caso quedó definida en esos dos autos, en abril de 2022, en el auto SRVR-LRG-T-075-2022 la JEP definió una transversalización del enfoque de género dentro de la investigación, por las afectaciones y violencias particulares que sufrieron, asociadas al reclutamiento, mujeres y personas LGBTI.

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Por eso, como parte de la transversalización del enfoque de género en la investigación del caso, en abril de 2022 se ordenaron diligencias colectivas con víctimas de estos hechos, que posteriormente se ampliaron a 10. Este ciclo de género terminó el 30 de marzo de este 2023, y lo que sigue es entregar a la defensa de los comparecientes estas diligencias para que se pronuncien sobre ellas.

En diciembre de 2022, con el auto SRVR-LRG-T-292-2022, la JEP abrió otra faceta de investigación, esta vez con enfoque étnico, para analizar y visibilizar las victimizaciones e impactos diferenciales sufridos por los pueblos étnicos. A partir de allí, durante todo 2023 se pretende abarcar esta investigación de facetas étnico-raciales y se pidió al Dane informar cuántas personas del universo provisional de víctimas están registradas en los censos de pueblos étnicos.

El último movimiento grande del caso se dio en febrero de 2023, cuando mediante el auto SRVR-LRG-T-046-2023 la JEP identificó a 94 víctimas de reclutamiento y utilización cuyos victimarios serían personas que estaban en la Fuerza Pública, incluso, frente a los presuntos responsables, en 81 casos se relacionó al Ejército.

Según el auto, en esta modalidad de victimización hubo un significativo de hechos entre 2006 y 2009. También se identificó que Cauca concentraba el mayor número de victimizaciones, con el 28 por ciento del total de hechos identificados; seguido por Valle del Cauca, Nariño y Antioquia.   

Además de víctimas que habrían sido reclutadas o utilizadas por el Ejército, en este auto la Sala también refirió violencias graves a manos de agentes de Estado sufridas por parte de menores de edad que habían sido reclutados por las Farc, por ejemplo, se tenía registro de personas que afirmaron haber sufrido violencias por parte de agentes de Estado, principalmente en los procesos de captura, desvinculación y desmovilización, así como en la conducción de combates.

Con el plan de trabajo del caso entero listo, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP siguió recogiendo las versiones de comparecientes y a la fecha ya están terminadas las versiones individuales de los exintegrantes de los Bloques Oriental y Sur. Además, en 2022 se hizo una versión conjunta del Bloque Oriental.

Con todas estas diligencias ya se ha logrado versionar al 70 por ciento de todos los comparecientes del macrocaso. De otro lado, en 2022 se recibieron 220 observaciones de víctimas frente a las versiones que en su momento entregaron los exintegrantes del Secretariado de las Farc sobre este caso.

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Ahora mismo la JEP adelanta un proceso de anonimización de todas estas versiones, asegurando la protección de la identificación de las víctimas, para poder hacer público lo que han contado los exguerrilleros. También se espera poder realizar una versión colectiva con el entonces Estado Mayor Central de la exguerrilla de las Farc y con los exintegrantes del Bloque Sur.

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