Migración y dignidad humana

Durante la ceremonia de promulgación de la denominada "Ley Laken Riley" –de iniciativa republicana, pero aprobada por congresistas republicanos y demócratas–, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aludió a un crimen perpetrado en febrero de 2024 en la Universidad del Estado de Georgia. La joven estudiante de enfermería Laken Riley –en cuyo homenaje se dio nombre a la norma– fue atacada y asesinada, cuando hacía ejercicios, por un migrante venezolano que presentaba antecedentes por delitos menores y que, por el aludido crimen, fue condenado a cadena perpetua en noviembre del año pasado.

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La nueva ley faculta a las autoridades federales para capturar y deportar a los migrantes inculpados o acusados de robo o de otros delitos, aunque no hayan sido condenados; "con carácter preventivo, para salvar miles de vidas", según expresó Trump. Ello, además de ser discriminatorio respecto a otros procesados, desconoce la presunción de inocencia, que cobija a toda persona, sea cualquiera su nacionalidad y su situación como residente. Además, en cuanto forma de evitar futuros crímenes, parte del supuesto equivocado según el cual, dada su condición de migrantes, cometerán delitos en el futuro.

Por otro lado, a Colombia, como a varios otros países latinoamericanos, han llegado y siguen llegando, desde Estados Unidos, cientos de personas migrantes deportadas por el gobierno de Donald Trump, en cumplimiento de sus promesas de campaña. Según medios internacionales, personas transportadas en aviones norteamericanos han sido maltratadas, atadas de pies y manos y sometidas con violencia, solamente por ser migrantes.

También se informa que, dado el reclamo de nuestro Gobierno, ninguno de los que llegaron a Colombia en los primeros vuelos, en aviones colombianos, presentaba antecedentes penales.

Todo Estado tiene derecho a no aceptar la permanencia en su territorio de personas extranjeras que han ingresado sin cumplir los requisitos señalados en su legislación o que, habiendo ingresado legalmente, han dejado vencer, sin renovar, los pertinentes documentos. Con mayor razón, tiene el derecho y la obligación de capturar y someter a proceso penal a los sindicados de haber delinquido en ese territorio, sean o no migrantes; trátese de nacionales o de extranjeros que tienen sus papeles en regla, pero que incurren en conductas delictivas.

Pero, obviamente, eso debe tramitarse, no por capricho sino con arreglo a los principios y reglas nacionales e internacionales. Gobernantes y funcionarios istrativos deben respetar la dignidad y los derechos de las personas, y dejar en cabeza de los jueces las pertinentes decisiones, previo el debido proceso.

Por orden de Trump, para quien todo migrante es un criminal –criterio equivocado–, Estados Unidos adelanta una campaña de detención y deportación que hace pocos días provocó un agrio enfrentamiento –en redes sociales– entre él y el presidente Gustavo Petro, con repercusión inicial en suspensión de servicios consulares, amenazas de incremento de aranceles y otras arbitrariedades. Gracias a gestiones y acuerdos diplomáticos entre funcionarios de los dos países, tan absurdas medidas fueron revocadas, toda vez que –allá y aquí– habrían causado daño injustificado al comercio, a la economía y a muchas personas ajenas al conflicto.

Con independencia de la forma de comunicación que usaron los presidentes –que no fue la más afortunada, pues ambos han debido usar la vía diplomática, como lo hizo Brasil–, cabe insistir en algo sustancial: todo ser humano, por el hecho de serlo, es titular de una dignidad inalienable y de unos derechos inherentes a ella, que son reconocidos a nivel constitucional e internacional como fundamentales.

Todo Estado democrático –sea quien sea el gobernante e independientemente de su ideología y filiación política– está obligado a no lesionar esa dignidad; a no vulnerar ni permitir que se vulneren los derechos esenciales. Por el contrario, tiene que ejercer el poder del que dispone para garantizar su preservación, respeto y promoción.