De las libertades

El centro de acción de las autoridades públicas en el proceso en curso para las elecciones territoriales de octubre debería estar en la contención de la violencia, en garantizar la transparencia y la participación de las mujeres en la política.

De un lado, la falta de garantías de seguridad para ejercer el derecho a elegir y a ser elegido y el desinterés de las autoridades para generar planes eficientes que convoquen a todas las instancias del Estado parecieran dejar adrede a los territorios de la periferia del país a expensas del grupo armado ilegal que imponga control en el territorio. No en vano el pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación, de la Misión de Verificación de Naciones Unidas y de la Misión de Observación Electoral (MOE) sobre el riesgo para candidatos y electores a quienes se les restringe las libertades, en medio de acciones armadas y alteración del orden público. Más aún en razón a que se crearon cerca de 236 nuevos puestos de votación en zonas rurales y que ya hay lugares con inscripción atípica de cédulas, porque desbordan la tasa promedio en departamentos como La Guajira, Meta, Chocó, Norte de Santander y Caquetá.

Atención especial merece el llamado de la MOE a la prevención de delitos e irregularidades electorales que atentan contra el voto libre por publicidad anticipada, ilegalidad en la función pública, reporte de ingresos y gastos, falta de un diseño del plan de auditorías que se aplicará a los sistemas tecnológicos usados en la jornada electoral.

De otra parte, hay que resolver la pregunta de si está garantizada la participación real de las mujeres en la política colombiana. Desde que en 1954 –hace 69 años– se le otorgó a la mujer el derecho al voto, ejercido por primera vez en el plebiscito del 57, el Estado colombiano ha venido desarrollando una normatividad positiva en aras de lograrlo. Sin embargo, no se ha conseguido por barreras derivadas del sistema electoral, de la irregularidad que ronda la actividad política, de la corrupción y de la violencia.

En estos días los partidos políticos están en la tarea de conformar sus listas a concejos y asambleas en medio de “dificultad” por la exigencia de tener que llevar al menos el 30 % de mujeres. Aunque desde 2009, en el acto legislativo 01 se consagró la obligatoriedad de los principios de equidad de género y de pluralismo y en 2011 se extendió la ley de cuotas –vigente desde el 2000 para el Ejecutivo y la justicia– a los cargos de elección popular, se creó el incentivo en la financiación para los partidos que logren más mujeres en las corporaciones públicas y la obligación de destinar recursos para promover la inclusión, esta no se ha logrado.

Vincular mujeres a la política sigue siendo como “encontrar una aguja en un pajar” porque, como ha sido reconocido desde la carta de las Naciones Unidas, las principales víctimas de la violencia son las mujeres y por ello se requieren acciones reforzadas que garanticen su participación, ya que no obstante las normas que la incentivan, la figura del voto preferente, la falta de control de financiación de campañas, la corrupción y la violencia armada dificultan el ejercicio efectivo del derecho de las mujeres a ser elegidas.

Ya está probado que la conformación paritaria de espacios de poder en el sector público –y en el privado– dan equilibrio a las políticas que se adoptan en una organización y permite una mirada integral a lo que requiere una sociedad justa.

Otra herramienta que exigirá acción inmediata de las autoridades competentes se deriva del texto del proyecto de ley aprobado en el Congreso –a sancionar en los próximos días–, que exige enfoque de género en el proceso electoral, para dar cumplimiento a los mecanismos contra la violencia sobre las mujeres en política y la garantía del derecho a la participación.

NANCY PATRICIA GUTIÉRREZ

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