Que el país sepa la verdad

En América Latina varios presidentes han aplicado la estrategia de atacar a la justicia cuando hay investigaciones de corrupción contra su gobierno o frente a la financiación de sus campañas. Samper cuestionó a la Fiscalía cuando se inició el proceso 8.000; Castillo disolvió el Congreso peruano para que no lo juzgara; Correa, en Ecuador, dijo que el proceso en su contra se debía a un ajuste de cuentas de la justicia; y Cristina Kirchner, en Argentina, criticó hasta la edad del magistrado que la condenó.

Hoy se aplica la misma estrategia en Colombia, señalando falsamente que se quiere afectar el fuero presidencial, mientras todo el país exige saber la verdad sobre si la campaña del Presidente se financió legal o ilegalmente. Si este gobierno se eligió con la bandera de lucha contra la corrupción y no tiene nada que esconder, ¿por qué, en vez de decir que hay un golpe blando, no promueve una investigación transparente y pública?

En vez de cortinas de humo que están socavando la institucionalidad, el país quiere saber qué pasó con el proceso de Nicolás Petro, que lleva meses entrabado, pese a que hace más de un año los implicados confesaron la existencia de irregularidades en la campaña presidencial. Por qué no se hace una rendición de cuentas frente al país sobre la financiación de la campaña en la que se aclare si se reportaron todos los viajes en aviones, el pago de testigos electorales y la financiación de Fecode y de la CUT a la campaña.

La transparencia de las campañas políticas es uno de los elementos esenciales para garantizar la democracia. Por ello la ONU, la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han señalado reglas especiales para garantizar que se realice en igualdad de condiciones, tales como la existencia de topes para evitar la corrupción.

El fuero presidencial es una garantía esencial para salvaguardar la democracia, e implica que cualquier sanción penal o disciplinaria contra el Presidente de la República exige un juicio político previo por parte del Congreso. Sin embargo tiene límites, pues su finalidad es garantizar el equilibrio de poderes y no la impunidad: el primero es que el fuero es personal, pues solamente se aplica al Presidente; el segundo es que solo se puede aplicar a procesos penales o disciplinarios, no a cualquier otro proceso, pues ello trastornaría totalmente las funciones de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. De lo contrario, las demandas por infracciones de tránsito o incumplimientos de contratos tendrían que ser conocidas por el Congreso, lo cual sería absurdo.

La investigación de la campaña Petro en el Consejo Nacional Electoral es de naturaleza electoral, no penal ni disciplinaria, siendo lógico que sea tramitada por esa entidad y no por la Comisión de Acusación, que no tiene competencia de juez electoral. El Consejo de Estado despejó esta polémica en decisión del 6 de agosto de 2024 en la que declaró competente al CNE y al Congreso para decidir sobre la eventual sanción de pérdida del cargo del Presidente de la República, de manera autónoma y según el procedimiento contemplado para las investigaciones y los juicios por indignidad política. Esta decisión desvirtuó completamente que el Consejo Nacional Electoral pudiera derrocar al Presidente, pues deja muy claro que las sanciones penales o disciplinarias únicamente podrán ser impuestas por el Congreso.

La investigación de una campaña presidencial no es ningún golpe blando, pues el CNE solo tiene competencia para investigar las situaciones que ocurrieron en la campaña presidencial. Por ello debe permitirse que cumpla sus funciones constitucionales sin interferencias externas para que el país sepa la verdad.

P. D. El exsenador que exigía que el expresidente Duque fuera al Cauca es hoy el Presidente que no fue al Cauca, dejando a El Plateado solo.

LUIS FELIPE HENAO

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