¿Por qué no se habla de política migratoria para el próximo gobierno?

A menos de cuatro meses de las elecciones presidenciales en Colombia para el periodo 2022-2026, los principales titulares de los medios de comunicación se han centrado alrededor del ajedrez político, en la conformación de alianzas y coaliciones de partidos y candidatos que les permita ganar el voto popular. No obstante, las grandes discusiones programáticas parecieran estar ausentes del debate político nacional, las cuales deberían versar sobre el crecimiento económico del país y la reducción de las brechas sociales, acrecentadas por la pandemia del covid-19, en los próximos cuatro años; ejemplo de ello, la política de relaciones exteriores y el manejo de los asuntos migratorios como factor de desarrollo social, económico y cultural en el siguiente milenio.

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En la última década, Colombia cambió su perfil migratorio, pasando de ser un país netamente expulsor a ser un país de destino de población migrante, no solo por la llegada de más de 1,8 millones de ciudadanos venezolanos en los últimos cinco años, sino también por el ingreso de personas provenientes de otras naciones —Estados Unidos, México, Perú, Ecuador, España y Chile— que encuentran atractivo el país por su oferta turística, económica y de inversión.

Es de resaltar que, en el ámbito de América Latina y el Caribe, Colombia es vista como un país referente por el manejo que les ha dado a los asuntos migratorios, debido a sus avances institucionales, normativos y de planeación estratégica. Entre estos se destacan la creación de Migración Colombia y la modernización de su infraestructura aeroportuaria; la actualización y unificación normativa en materia de extranjería y control migratorio a través del Decreto 1067 de 2015; la emisión del primer Permiso Especial de Permanencia que permitió gestionar la migración repentina y de gran magnitud proveniente de Venezuela; la expedición del documento Conpes 3950 de 2018, que estableció por primera vez una política pública en materia migratoria; la consolidación de la Gerencia de Fronteras como una instancia articuladora desde la Presidencia de la República y, por último y más reciente, el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPMV) como medida de regularización de largo plazo que posibilita además la identificación y caracterización de la población migrante venezolana en el país.

Como se desprende de las últimas cifras presentadas por el Banco de la República (2019) que proyectan el crecimiento del producto interno bruto (PIB), para el periodo 2020-2021, entre el 0,18 y el 0,33 por ciento, este aumentará a causa de la migración, por lo cual continuar con el proceso de impulsar los asuntos migratorios se convierte en un factor esencial para sumar al crecimiento económico y social del país. Dicho de esta forma, la nueva agenda nacional debe considerar, entre otros aspectos prioritarios, la reglamentación de la recién expedida Ley de Política Integral Migratoria (2136 de 2021) y de la Ley de Fronteras (2135 de 2021), que, entre otros, permitirá fortalecer la estructura institucional del Estado para atender la migración y brindar una respuesta oportuna tanto a los nacionales en el exterior como a los extranjeros en el país y a las comunidades en fronteras.

En el mismo sentido, es fundamental profundizar en las medidas de inclusión, para lo cual es importante revisar modelos exitosos y buenas prácticas en América Latina y el Caribe. Una de estas es la política de reasentamientos de Brasil, que ha permitido disminuir la informalidad laboral y mejorar las condiciones económicas y sociales de la población venezolana, aprovechando su conocimiento y experticia laboral en aquellas zonas donde en conjunto con las comunidades de acogida potencializan las regiones. También se destacan los procesos de homologación de títulos profesionales en el área de la salud llevados a cabo por Argentina y Perú en el marco de la pandemia, iniciativa que se debe desarrollar en Colombia y abarcar otras disciplinas, hecho que requerirá un trabajo en conjunto con las diferentes agremiaciones de profesionales en el país.

La política de relaciones exteriores, y el papel que juegue Colombia en el renglón internacional, especialmente, en los mecanismos de integración binacional, multilateral y regional, deberá lograr conectar los intereses económicos del país con el contexto y tendencias migratorias de la región y del mundo, generando un liderazgo regional que visibilice los beneficios económicos y culturales que trae la migración en el planeta. Entonces por qué poco se habla de la política de relaciones exteriores y de migración como propuesta para el próximo gobierno.

SERGIO BUENO