¿Constitución o instrucción?

Mientras el mundo emergente considera que la solución está en reescribir las constituciones, las naciones desarrolladas han entendido que el problema radica es en “instrucciones” del Legislativo para lograr adecuadas ejecuciones. No es casualidad que el promedio de vigencia de constituciones en América Latina tan solo llegue a 20 años, mientras que en Europa se acerca a 80 años. Aun en Francia, donde se han tenido 5 de ellas desde 1791, la actual cumplió 65 años y con solo unos tres ajustes por década.

Erradamente se piensa, en el mundo subdesarrollado, que detallando objetivos en la Constitución y asignando metas presupuestales se lograrán tales cometidos. Pero el problema no es de voluntarismo político, sino de incoherencia tributaria. Se habla de emular la vida nórdica, pero olvidando que ello es resultado de recaudar cerca de 45 por ciento del PIB para que el Estado así pueda proveer bienes públicos de amplia y buena calidad.

En Colombia sufrimos de esquizofrenia sobre “lo público”: reclamamos mayor Estado en todos los frentes, pero nadie quiere que se eleve la precaria tributación que apenas alcanza 17 por ciento del PIB. Buena parte de la clase alta habla de “solidaridad” pospandemia, pero con la plata de los otros. Los argumentos jurídicos sobre una aparente inconstitucionalidad del impuesto a la riqueza (por “repetir” el gravamen del flujo sobre el stock) desconocen cómo se acumularon dichos recursos a irrisorias tasas efectivas del 5 por ciento en imporrenta personal, las cuales solo recientemente han venido corrigiéndose al 25 por ciento en estratos altos.

El voto mayoritario en las altas cortes ha permitido instrumentar la progresividad tributaria, ya por tres décadas, bajo ropajes de “bonos de seguridad” o de “impuesto patrimonial”. Teniéndose un Gini tan alto (0,51), esto es apenas razonable, pero a tasas del 1 por ciento, dado que el retorno real de portafolios bordea un 3 por ciento anual.

Errores de impromptus constitucionales en países emergentes están a la vista: mientras en los desarrollados se tienen criterios minimalistas, aquí buscamos detallarlos al máximo, generando articulados extensos (en Colombia 380, y en Chile acaba de fracasar el intento de duplicarlos hasta los 388). Allá se tuvo la peor combinación entre “aspiraciones” (con solo un tercio de constituyentes teniendo experiencia gubernamental) y “realidades” (se hubiera requerido elevar la tributación en +10 por ciento del PIB frente al actual 22 por ciento, replicándose la imposibilidad del sueño nórdico).

La istración Petro haría bien en escuchar lecciones que le están llegando desde Chile, en vez de concluir erradamente que el rechazo de la defectuosa Constitución implicaba restituir la dictadura militar. En Colombia sería una gran dilapidación de los esfuerzos público-privados, a manos de Mininterior y Minagricultura, entrar a reformar la Constitución para incluir la “jurisdicción rural-campesina”. Cecilia: tu experticia daría muchos mejores frutos si lograras solucionar grandes desafíos de distritos de riego, centrales de acopio (evitando errores del nefasto Idema) y mejoramiento de carreteras secundarias y terciarias.

Tampoco tiene mayor practicidad la idea de elevar el avaluó catastral rural solo para inducir la venta de tierras a gobiernos que las mantendrían improductivas. Su buen aprovechamiento, la mayoría de las veces, resulta es de la disponibilidad de los bienes públicos básicos para poner a andar las iniciativas privadas.

Cabe aplaudir el llamado del presidente del Senado al Ejecutivo para dejar a un lado las “luchas ideológicas” y ponerse en la pronta tarea de solucionar los problemas recurrentes del “costo Colombia” en lo referente al transporte, energía y laborales. Tras tan solo 6 meses de haberse posesionado, Boric ha visto escalar su rechazo ciudadano del 45 al 80 por ciento; Petro todavía mantiene una favorabilidad del 55 por ciento, la cual debería aprovechar para focalizarse en ejecuciones productivas.

SERGIO CLAVIJO

(Lea todas las columnas de Sergio Clavijo en EL TIEMPO aquí).