Alarmas prendidas

El déficit fiscal constituye uno de los retos económicos más complejos que enfrenta el Gobierno Nacional en este 2025. Desde el año pasado no han hecho sino crecer las advertencias de centros de estudios, calificadoras, entes de control, gremios y organizaciones multilaterales en torno al abultado desbalance de las finanzas públicas. La más reciente fue la que hizo hace pocos días el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el informe de su misión técnica en la que manifestó su preocupación por la elevación del déficit fiscal y de la deuda pública en Colombia.

Sin desconocer las dinámicas de expansión de la economía nacional, la caída de la inflación y la recuperación paulatina de la inversión, el FMI afirma que “las restricciones de liquidez contribuyeron a una acumulación de rezagos presupuestales (2,8 por ciento del PIB), que se están regularizando este año”. Esto es, un ‘hueco’ de alrededor de 48 billones de pesos. Además, se anunció que la línea de crédito flexible para Colombia de este organismo queda sujeta a dos condiciones, incluida una revisión intermedia.

A lo anterior se debe añadir el pronunciamiento del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) en el que alerta que los ingresos tributarios no están creciendo a la tasa suficiente para cumplir con las metas de recaudo del plan financiero. Para el Carf, el gasto fiscal del Gobierno central está “significativamente por encima del promedio del gasto del primer trimestre en los últimos cinco años”.

Este crítico panorama fiscal se desenvuelve en medio de la incertidumbre que han generado a la economía global los anuncios de imposición de aranceles de Donald Trump. Las tensiones comerciales empujaron a la baja las proyecciones de crecimiento mundial del FMI –de 3,3 por ciento en enero a 2,8 por ciento– así como ligeramente las de Colombia –de 2,5 por ciento a 2,4 por ciento–. Si bien esta es una revisión marginal que responde a esas dinámicas externas, confirma un entorno global complicado, de baja dinámica y con financiamiento costoso.

En el frente doméstico, la anticipación de la campaña electoral del 2026 –que incluye una eventual y costosa convocatoria a una consulta popular para la reforma laboral– no contribuye a los procesos de ‘apretón del cinturón’ que debería adelantar el gobierno Petro en la actual coyuntura fiscal. Al contrario, el proyecto de decreto sobre autorretenciones ha llevado a muchos sectores a advertir la repetición del error de un eventual impacto negativo sobre los recaudos tributarios de los años siguientes.

En resumen, la crisis fiscal no da muestras de mitigarse mientras que las estrategias que la istración Petro ha planteado para encararla no generan la confianza necesaria en los actores del mercado y de la economía. No solo hace falta ese plan de reactivación económica que dinamice a sectores tradicionales como las industrias y la construcción de vivienda, sino también es perentorio que el Gobierno Nacional muestre un mayor compromiso en un recorte de gastos, con sensibilidad social y apuntando a reducir despilfarro e ineficacia.

EDITORIAL