El anuncio que se produjo al cierre del quinto ciclo de negociaciones entre el Gobierno y el Eln, en México, sobre el compromiso que esta guerrilla habría asumido para dejar de secuestrar es un paso necesario y esperado. Tras el nefasto capítulo del plagio de Manuel Díaz, padre del futbolista del Liverpool Luis Díaz, el país entero y el Gobierno, a través de sus representantes en la mesa, le exigieron al Eln comprometerse a cesar este atroz delito. La noticia se suma a lo dicho en el mismo sentido por los voceros del llamado ‘Estado Mayor Central’ de las disidencias de las Farc, que también acordó con el Gobierno poner fin a los plagios.
De vuelta con el Eln, lo primero que debe destacarse es que el eco de un clamor nacional haya llegado a la mesa y haya tenido acogida. Como ya se dijo en estos renglones, la postura del equipo negociador gubernamental, primero bajo la batuta de Otty Patiño, ahora liderado por Vera Grabe, fue la correcta desde el primer día de este nuevo ciclo. Hay que destacar esa firmeza en defensa del sentir de los colombianos.
Lo siguiente, como han coincidido los analistas, es saber qué pasará con las 38 personas que según el Ministerio de Defensa permanecen secuestradas por esta misma organización guerrillera. Por supuesto, el paso lógico, y que todo el país aguarda, es su liberación inmediata. No es coherente que se anuncie el fin de esta práctica sin que quienes hoy están en cautiverio recuperen su libertad.
Hechos como el mencionado plagio de Díaz y los paros armados obligan a exigir que este anuncio sea real y verificable.
Dicho lo anterior, conviene un llamado a moderar el entusiasmo, a la luz de hechos recientes que han dejado dudas sobre hasta qué punto las decisiones en la mesa son acatadas por todos los componentes del Eln en el país. Basta ver lo que se vive en el Chocó, donde la población sigue denunciando estar atrapada en medio de combates en los que participa ese grupo insurgente y en donde hace dos semanas tuvo lugar un nuevo paro armado. Habrá que ver y verificar que, en efecto, a partir del 30 de enero –ojalá antes– se haga efectivo el fin de los secuestros en todos los puntos del territorio donde esta guerrilla hace presencia. Esta será la primera prueba del mecanismo de veeduría y verificación que hacía falta y que también hizo parte de los acuerdos de este ciclo.
Queda también en el aire la necesidad de conocer en detalle qué implica el punto relativo a “la materialización de las condiciones económicas y financieras del acuerdo de México”. Esto por la discusión reciente sobre la posibilidad de que de la mesa de diálogo surjan alternativas para financiar a la guerrilla mientras dura el proceso. Esto es algo que, en todo caso, hay que observar con lupa. Y con ella habrá que ver también el mencionado punto, pues, como lo han dicho no pocos expertos, el financiamiento de un grupo ilegal solo es isible en las etapas finales de un proceso, cuando ya se tiene certeza suficiente de que habrá un acuerdo. Y en el caso puntual de los hombres de ‘Gabino’, los cuantiosos ingresos que reciben por su participación en actividades ilegales como el narcotráfico o la minería ilegal hacen aún más complejo el panorama en lo relativo a este asunto.
Llamados al realismo aparte, hay que valorar este paso, como hay que valorar también que se siga avanzando en un camino cuya meta, la paz con la guerrilla más antigua del país y la región, es un anhelo de todo el país.
EDITORIAL