Consenso y prudencia

El aumento del salario mínimo para 2023 es una de las definiciones sociales y económicas más cruciales que se toman en esta temporada. No obstante la dinámica de crecimiento de la economía colombiana –una de las más altas de la región–, el año culmina con una inflación anual de 12,53 por ciento registrada en noviembre pasado, la más alta en los últimos 23 años.

Jalonado por los alimentos, alojamientos y servicios públicos, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Colombia continúa golpeando severamente a las familias de menores ingresos. De hecho, la variación anual de precios para los hogares pobres y vulnerables en el país superó ya el 14 por ciento. Los analistas estiman que si bien la inflación bajará el año entrante, se mantendrá en unos niveles altos por buena parte del 2023.

A lo anterior se suma una tasa de desempleo que en octubre marcó un 9,7 por ciento –producto de la reactivación–, pero con una informalidad laboral de alrededor del 58 por ciento, que ratifica la fragilidad de la seguridad social para la mayoría de los ciudadanos. Estas cifras se presentan en el marco de unas complicadas perspectivas económicas para el año entrante. La economía colombiana experimentará un freno drástico en el ritmo de crecimiento de sus actividades productivas, lo que se reflejará en la generación de empleo y en el mercado laboral.

Este panorama con el que finaliza el 2022 y que se perfila para el 2023 le da a la definición del salario mínimo una importancia adicional a la habitual. Es innegable la pérdida de capacidad adquisitiva que han experimentado millones de hogares colombianos, con mayor agudeza en los de menores recursos. Asimismo, el impulso que la reactivación económica le generó en este año a la recuperación de puestos de trabajo, en especial de mujeres, está perdiendo fuerza.

El Gobierno, los sindicatos y los empresarios, en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, enfrentan la difícil tarea de encontrar un punto medio en el que se sostenga la capacidad de compra de los salarios, al mismo tiempo que se mantiene un espacio para la creación de más empleo formal, para la reducción de la informalidad y para el crecimiento. El viernes pasado, las centrales obreras pusieron sobre la mesa su propuesta de ajuste. Los representantes sindicales aspiran a una subida del 20 por ciento.

Por el otro lado, los empresarios se abstuvieron de destapar sus cartas, que usualmente constituyen el ‘piso’ de la negociación. De hecho, invitaron a “superar la metodología tradicional que ha llevado a que la mayoría de los años no haya consenso” y a buscar “construir conjuntamente una decisión”. Más allá de no anunciar un porcentaje de aumento que suele incitar al tira y afloja propio del espacio tripartito, los empleadores lanzan un sensato llamado a la “responsabilidad” en la definición del Gobierno, los sindicatos y el sector privado.

Parte de esa responsabilidad implica dimensionar las consecuencias de un aumento excesivo en el salario mínimo. Por ejemplo, de acuerdo con cálculos del Ministerio de Hacienda, un punto porcentual de ajuste salarial por encima de la inflación proyectada implicaría un costo fiscal adicional de aproximadamente 1,5 billones de pesos. La propuesta de las centrales del 20 por ciento –que se podría considerar un ‘techo’– ya de entrada superaría alrededor de los seis puntos adicionales. Cabe preguntarse sobre la conveniencia de sumar más presiones al ya complejo desequilibrio de las finanzas públicas.

Otro llamado responsable cobija los efectos en el mercado laboral de una desmesura en la definición de la remuneración mínima legal. La economía necesita la generación de muchos más puestos de trabajo, formales y con protección social. Subir el mínimo mucho más allá de la suma de la inflación anual –12,53 por ciento– y la productividad –1,24 por ciento, según el Dane– podría traducirse en una mayor dificultad para que el aparato productivo siga reduciendo el desempleo y para lograr una menor informalidad laboral. Un escenario así traería nocivas consecuencias sobre todo para empresas pequeñas.

El ámbito de un debate responsable incorpora, además, las indeseables presiones inflacionarias que se generarían con una definición desproporcionada del aumento. A pesar de los esfuerzos del Gobierno de desindexar numerosos productos, bienes y servicios, del salario mínimo, elevarlo varios puntos por encima del 14 por ciento dificultará la lucha contra el costo de vida que debería traer mejores resultados en 2023.

La comisión tripartita enfrenta, entonces, un desafío donde la responsabilidad y la solidaridad con los trabajadores deben prevalecer en ese espacio propicio para encontrarse. Así, Gobierno, empresarios y sindicatos pueden buscar un consenso alrededor de un aumento del salario mínimo guiado por la prudencia con la economía del país, pero sensible con el bolsillo de los hogares.

EDITORIAL