El regreso de Mancuso

El regreso al país de Salvatore Mancuso –uno de los más sanguinarios y temidos jefes paramilitares– se cumplió este martes, y no sin polémica. Empieza ahora su etapa como ‘gestor de paz’, misión para la que fue designado por el presidente Gustavo Petro. Fue Mancuso el segundo hombre al mando de las temidas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y responsable directo de decenas de miles de gravísimos crímenes cometidos en los 90 y en la primera década de este siglo.

Justicia y Paz, la jurisdicción especial que procesó y juzgó a los paramilitares desmovilizados tras la negociación del gobierno Uribe, lo condenó por asesinatos, masacres, desapariciones forzadas y miles de violaciones y otros vejámenes sexuales cometidos por los bloques ilegales que estaban bajo su mando.

En esa instancia, hace ya casi dos décadas, Salvatore Mancuso entregó testimonios claves para que las autoridades judiciales, en especial la Corte de Suprema, empezaran a develar hasta dónde llegaron los nexos entre paramilitares y de la clase política. Y desde su prisión en EE. UU., a donde fue extraditado en mayo del 2008, siguió asistiendo a audiencias virtuales convocadas por los tribunales colombianos.

Todo ese amplio recorrido en la justicia transicional representa para la nueva Jurisdicción Especial para la Paz un reto de enorme responsabilidad, tras haber acogido al exjefe ‘para’ en su condición de ‘bisagra’ con altas instancias del establecimiento y el Estado. Tendrá la JEP que garantizarles a los colombianos que las versiones que entregue Mancuso representan realmente aportes probados, y además nuevos, a la reconstrucción judicial de la verdad de la guerra. Corresponde a los magistrados determinar, basados en pruebas y en sus propias investigaciones, si lo que dice ahora debe dar lugar a nuevos procesos judiciales. Pero si se trata de declaraciones reencauchadas, amañadas o acomodadas a intereses políticos, declararlo también con meridiana claridad y establecer las sanciones correspondientes.

La verdad, más en este tema tan dramático, no puede tener ni color político ni tintes filosóficos. En momentos de peligrosa polarización política como los que se viven en el país, el deber ineludible de la justicia es garantizar que la obligación de buscar la verdad no terminará siendo usada para mezquinos intereses políticos. Y valgan advertir también las enormes dudas que siguen rodeando la designación de Mancuso como ‘gestor de paz’ y la confusa intención del Gobierno de ‘cerrar’ la negociación con los antiguos grupos paramilitares.

Las bandas criminales como el ‘clan del Golfo’ tuvieron sus orígenes en una traición a la paz, la firmada con los grupos paramilitares, pero no tienen ni el poderío militar ni el control social y político que sí amasaron, a sangre y fuego, las Auc. Si Mancuso colabora realmente para que las supuestas intenciones de paz de esa y otras bandas de narcos, hasta ahora incumplidas, se materialicen y acceden a su sometimiento a la justicia, se justificará la decisión del Gobierno. Pero a los manejos ya polémicos de la ‘paz total’ no deben sumarse decisiones que puedan ser utilizadas por los grupos criminales para acrecentar sus constantes desafíos a la sociedad y el Estado.

EDITORIAL