La realidad fiscal

Prácticamente todo lo corrido de este 2024 el Gobierno Nacional ha experimentado serias dificultades para cuadrar las finanzas públicas, producto de una mediocre gestión de la Dian, bajo recaudo, estimaciones demasiado optimistas y un presupuesto basado en ingresos inciertos. Esto condujo a un anuncio inicial de recortes en el gasto público de 20 billones de pesos y a un debate permanente sobre la capacidad del Ejecutivo de cumplir con la regla fiscal.

De hecho, en días pasados, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, actualizó el monto del 'tijeretazo' a unos 33 billones de pesos. Estas decisiones no solo se están sintiendo en la ejecución del año en curso –que sigue rezagada en varios frentes–, sino también en las proyecciones para el gasto social el año entrante. Dado que el proyecto de ley del presupuesto para la vigencia de 2025 no fue aprobado por el Congreso, el Gobierno insiste no solo en su propuesta desfinanciada, sino también en una nueva reforma tributaria para llenar el hueco de 12 billones de pesos que esta trae.

Esa crítica situación ha llevado tanto al jefe de las finanzas públicas como a otros altos funcionarios a advertir drásticos recortes, en especial en los recursos para la inversión social. Por ejemplo, el director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, ya alertó que "la recortada será violenta". A lo anterior deben sumarse las recientes declaraciones del ministro Bonilla acerca de la reducción en los subsidios del programa Mi Casa Ya para el próximo año de 50.000 a unos 20.500 aproximadamente.

El argumento del gobierno Petro ha sido que, solo mediante la aprobación de la ley de financiamiento, una segunda reforma tributaria en la práctica, se podrán sostener los niveles del gasto público social para el año entrante. No obstante, el momento económico del país, de sus empresas y de los hogares no resiste una nueva carga de impuestos. Mucho menos el panorama fiscal de corto plazo soportaría la flexibilización en el mecanismo de la regla fiscal, incluida en el articulado de este proyecto.

Es momento para que la Casa de Nariño acepte esta realidad fiscal actual y tome decisiones presupuestarias en concordancia con estas limitaciones y restricciones. Es pertinente reconocer el esfuerzo permanente del Ministerio de Hacienda para el cumplimiento de los requisitos de la regla fiscal, a pesar de las dificultades financieras de este 2024. Sin embargo, las cuentas públicas para el 2025 deben reflejar un presupuesto más austero, mejor orientado a las prioridades del Gobierno y más eficiente.

Es entendible que la istración Petro busque estar a la altura de las altas expectativas en materia social. Por esa misma razón, el camino no puede ser la insistencia en presupuestos frágiles, de bases inciertas y con ‘huecos’ billonarios. En especial, ante una segunda reforma tributaria con un ambiente poco favorable en el Congreso y que podría tener efectos negativos en la reactivación y el empleo. Llegó la hora para encarar un presupuesto público en 2025 que se ajuste a la realidad, con austeridad y gasto inteligente, y sensibilidad social hacia los subsidios y ayudas hacia los más vulnerables.